Para evitar confusión (y resignación), hagamos un resumen de lo que realmente pasó este domingo 1 de julio del 2012 en la Corte:
- La sede de la Corte Suprema de Justicia amaneció ocupada por sindicalistas que ejercieron violencia física, abriendo a la fuerza áreas de la Corte que por instrucción del presidente del órgano judicial (el único que ejerce poder legal sobre estas instalaciones) estaban cerradas el fin de semana.
- La policía no intervino para evitar o sancionar estas acciones ilegales. No pudo, porque el presidente de la República no estaba ejerciendo su deber de salvaguardar el orden constitucional. Tampoco el presidente de la Corte había solicitado una intervención policial.
- Un grupo de personajes que no son magistrados, porque su elección como magistrados de la Corte Suprema ha sido declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, aprovechó esta acción ilegal de los sindicalistas para reunirse en las instalaciones de la Corte. A ellos se juntaron los 5 magistrados electos en 2006, cuya elección igualmente ha sido declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, pero que según dicha sentencia siguen ejerciendo su cargo hasta que la Asamblea Legislativa actual los ratifique o los sustituya.
- Este grupo de 10 personajes (5 magistrados y 5 candidatos a magistrados) declaró que se constituyó como pleno de la Corte Suprema 2012-2015. Se basaron en el decreto 43 de la Asamblea Legislativa, que fue aprobado con 50 votos la medianoche del día jueves 28, firmado por el presidente de la República el día sábado 30 de junio y (según Casa Presidencial) publicado en el Diario Oficial fechado viernes 29 de junio. Esta versión del Diario Oficial no está publicada ni siquiera en Internet, en la pagina WEB de la Imprenta Nacional esta publicación sale en blanco.
- Además, los 10 personajes reunidos en la Corte el domingo 1 de julio, justifican su derecho de constituirse como pleno de la Corte con una medida cautelar pronunciada por la Corte Centroamericana de Justicia en Managua. Pero esta medida ha sido declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, por tanto no surte efecto legal.
Estos hechos, aunque estén respaldadas por 50 diputados, por el presidente de la República y por la Corte Centroamericana en Managua, no cambian absolutamente nada en la situación real de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, todo queda igual, solo políticamente aun más confuso y más enredado -- pero en un sentido estrictamente legal nada ha cambiado. Resumamos lo que queda vigente, muy a pesar de todo el desmadre armado el 1 de julio entre sindicalistas, candidatos a magistrados, y diputados en clara rebeldía que se niegan a acatar sentencias inapelables de la Sala de lo Constitucional:
· Sigue existiendo una sólo Corte Suprema de Justicia, como debe ser en un Estado de Derecho. No es completa, pero es funcional. Consiste de los 5 magistrados electos en el 2009, cuatro de ellos integrantes de la Sala de lo Constitucional, más 4 suplentes llamados por acuerdo del último pleno de la Corte celebrado el 28 de junio, con participación y voto de 9 magistrados.
· El Dr. Belarmino Jaime sigue siendo presidente, no sólo de la Sala de lo Constitucional, sino de la Corte Suprema y de todo el órgano judicial, hasta la medianoche del día 15 de julio.
· Como presidente de la Corte, el Dr. Jaime sigue ejerciendo como autoridad única para decidir sobre el uso de las instalaciones de la Corte y su aparato de seguridad. También sigue siendo la única autoridad de la Corte que puede solicitar el uso de la fuerza pública para asegurar el orden dentro de las instalaciones de la Corte y el cumplimiento de sentencias de la Corte.
· La Sala de lo Constitucional, con 4 magistrados propietarios y un suplente, continua funcionando y trabajando. Esta Sala sigue siendo la única y última instancia para decidir sobre la constitucionalidad de leyes y decretos de la Asamblea Legislativa. De hecho está deliberando sobre demandas de inconstitucionalidad pendientes, como por ejemplo la interpuesta contra la elección adelantada del fiscal general.
Siendo las cosas así, lo único que realmente ha pasado el 1 de julio es que, aparte de los 50 diputados, ahora también se declararon en pleno desacato de sentencias inapelables de la Sala el presidente de la República, los 5 magistrados de la generación 2006 pendientes de ratificación, y los 5 candidatos a magistrados que en abril del 2012 salieron favorecidos en una elección inconstitucional.
Este día domingo 1 de julio, el desacato se enredó más, se hizo más grave e comprometió al ejecutivo. Pero esto no cambió nada en la Corte Suprema. Es una tontería de hablar de dos Cortes Supremas. No pueden existir dos cortes, ni dos presidentes del órgano judicial. Es una falacia cuando los medios se refieren a los personajes electos en abril 2012 como “magistrados”. No son magistrados, no han tomado posesión de cargos en la Corte, no integran salas de la Corte, mientras no sean debidamente electos por la Asamblea. Punto.
Lo que tampoco ha cambiado es que, igual que antes de la fecha fatal del 1 de julio, la única solución de esta crisis es política: Los partidos mayoritarios (FMLN y ARENA) tienen que ponerse de acuerdo para elegir en la Asamblea Legislativa a los 10 magistrados correspondientes a las generaciones del 2006 y 2012. Perfectamente pueden ratificar a los mismos, incluso a pesar de su actuación ilegal el día domingo 1 de julio.
Existen dos vías para facilitar esta solución: una, que la Asamblea retire su demanda (de todos modos no procedente) ante la Corte Centroamericana. Y la otra, que esta Corte se declare incompetente o declare improcedente la demanda interpuesta por Sigfrido Reyes. En ambos casos, quedarían las sentencias de la Sala de lo Constitucional como última palabra a cumplir. Como debe ser, porque es regla elemental del estado de Derecho.
Esta sería una solución sin perdedores y sin vencedores. Bueno, casi: Perdería Sigfrido Reyes, pero no la Asamblea, y ni siquiera el FMLN, que sería parte de la solución constitucional. El teatro del 1 de julio sólo metió más ruido al asunto, pero deja abierta la solución. Los 10 personeros que ayer querían usurpar sus cargos, los asumirían de manera legal. Un poco lesionados por su propia ansiedad, pero al fin reivindicados por un acuerdo político legítimo y responsable. Tienen la palabra el FMLN y ARENA.
