LaGeo es la compañía encargada de explotar la energía geotérmica de El Salvador. Dispone de una concesión exclusiva otorgada por el Estado, mediante la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget). Exclusiva, porque es la única empresa concesionada. En su campo, no tiene competencia. LaGeo es una de las empresas más rentables del país. En 2008 generó utilidades de 31 millones de dólares y aportó al país 10 millones de dólares en impuesto sobre la renta.
¿Cómo esta compañía tan exitosa se metió (o la metieron) en un pleito entre sus dos accionistas que tiene paralizadas las inversiones en este campo tan vital para la seguridad energética del país? Los socios son la autónoma estatal CEL, mediante una sociedad anónima llamada INE (Inversiones Energéticas S.A. de C.V.) ciento por ciento de su propiedad, y el asocio público-privado ENEL, en la cual el gobierno de Italia es accionista minoritario con el 30 %.
ENEL tiene el 36 % de las acciones en LaGeo, resultado de inversiones de 105 millones de dólares realizadas entre 2002 y 2005, con los cuales LaGeo ganó una capacidad de generación de 40 megavatios adicionales, un aumento de 37 %, porque antes de la entrada de ENEL tenía una capacidad de 108.1 megavatios.
A partir de 2005, bajo la Presidencia de la República de Tony Saca y de la CEL de Nicky Salume, la INE como accionista mayoritario de LaGeo ya no permitió a ENEL continuar su plan de inversiones: 127 millones de dólares que ENEL tenía (y sigue teniendo) listos para invertir en la ampliación de la generación geotérmica, no se invirtieron por este veto.
¿Por qué? Porque la realización de esta inversión, al tener éxito en cuanto a megavatios adicionales y al capitalizarse hubiera convertido a ENEL en accionista mayoritario con un 52 %. Tony Saca, Nicolás Salume hijo y su sucesor en la presidencia de la CEL, Irving Tóchez, no querían perder el control de LaGeo.
Negar a ENEL su derecho de invertir en la ampliación de las operaciones de LaGeo violaba el Acuerdo de Accionistas firmado en 2002, que dio pauta a la entrada de los italianos como socio estratégico de CEL en LaGeo y que tenía como objetivo principal, precisamente, aumentar la explotación del recurso geotérmico del país. ENEL recurrió al proceso de arbitraje internacional previsto en el Acuerdo de Accionistas.
La instancia competente, la Cámara Internacional de Comercio en París, emitió en julio de 2011 su sentencia con unanimidad, dando la razón plenamente a ENEL y ordenando a CEL/INE, otorgar a los italianos el derecho de continuar sus inversiones.
La junta directiva de INE, controlada por CEL, decidió no acatar este laudo (así se llaman las sentencias arbitrales) e iniciar el complicado, tardado y casi nunca exitoso proceso de anulación. Esta es la situación actual. Las inversiones en LaGeo están paralizadas: gobierno y CEL no permiten que las hagan los italianos de ENEL, y tampoco las hace la CEL ni el gobierno.
Sobre esta situación se ha desatado una guerra de acusaciones y comunicados, donde unos acusan a la CEL de poner en peligro la seguridad energética del país; y otros acusan a las anteriores administraciones de CEL y de LaGeo de haber firmado un convenio que contempla la "privatización y venta de recursos energéticos que son patrimonio nacional".
El trasfondo histórico
En 1996, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma de la industria de generación eléctrica en El Salvador, mediante la Ley General de Electricidad. Se privatizó la distribución eléctrica y la generación termoeléctrica, en la cual se usa cualquier forma de combustibles fósiles (búnker, diésel, carbón).
Luego de esta reestructuración obligada por la ley, la única responsabilidad de la estatal CEL sería la operación y ampliación de las plantas hidroeléctricas como recurso energético principal del país. La privatización de las empresas distribuidoras concluyó en 1998 y el siguiente año se privatizaron las generadoras termoeléctricas.
Paralelamente, se creó una sociedad anónima que se encargaría de la generación geotérmica: la Geotérmica Salvadoreña S.A. de C.V., que luego se llamaría LaGeo. Pero ahí el modelo era diferente: Se decidió no vender LaGeo para asegurar que la CEL (y por tanto el Estado) mantuviera un nivel adecuado de control y participación sobre la explotación del recurso geotérmico. En vez de vender LaGeo, se decidió buscar a un socio estratégico internacional que no sólo haga las inversiones necesarias para la ampliación de este rubro, sino que también proporcionara transferencia de tecnología y capacitación del personal nacional.
El modelo adoptado para LaGeo se conoce como asocio público-privado, un modelo que irónicamente está siendo promocionado por el actual gobierno como alternativa para potenciar la inversión privada en El Salvador, mientras está vetando su aplicación en el caso de LaGeo.
El Acuerdo de Accionistas para la creación de este asocio público-privado fue elaborada por la banca de inversión Deutsche Bank, que quedó a cargo de supervisar todo el proceso de licitación que al final dio como resultado que fuera escogida como socio la compañía italiana ENEL, que dispone de 100 años de experiencia en el campo de la construcción y operación de plantas geotérmicas.
Este Acuerdo regula la manera como se deciden y luego capitalizan las inversiones. No se trataba de que la CEL/INE vendiera sus acciones a ENEL, sino que las inversiones se iban a capitalizar en el marco de aumento de capital. Y lo más interesante: no cualquier aporte financiero se podía capitalizar, sino que sólo las inversiones que resultaran en aumento de la capacidad instalada.
El Acuerdo obliga a ENEL a aumentar la capacidad de generación de LaGeo, mediante la perforación exitosa de nuevos pozos productores para la producción de energía eléctrica. O sea, la emisión de nuevas acciones a favor de ENEL está condicionada a que sus inversiones y aportes técnicos cumplan lo que está definido como principal interés nacional: desarrollar eficientemente la energía geotérmica para depender menos de recursos importados y caros como los combustibles fósiles.
Dicho de otra manera, la esencia del Acuerdo era: para que gane el socio (en influencia accionaria y en utilidades), primero tiene que cumplir un objetivo vital del país que es fortalecer la seguridad energética. Esta es la idea clave de un asocio público-privado: el interés de la parte privada es amarrado indisolublemente al interés de la parte pública, o sea al interés estratégico nacional.
Precisamente, esta lógica esencial del Acuerdo está siendo cuestionada, atacada y no cumplida por el actual presidente de CEL, Irving Tóchez (quien a la vez es presidente de la subsidiaria INE, en una doble función). Tóchez (al igual que el presidente de la CEL bajo el gobierno de Saca, Nicolás Salume) sostiene que para preservar el patrimonio nacional, CEL no puede cumplir este Acuerdo de Accionistas ni tampoco la sentencia del arbitraje internacional. Y la fracción de Gana, en una pieza de correspondencia del 30 de agosto, solicita que "se recomiende al Presidente de la República y a la Fiscalía General de la República investiguen los acuerdos entre accionistas entre la CEL y ENEL, firmados con el ex presidente de la autónoma Guillermo Sol Bang por la importancia que tiene para el país la atracción de inversión extrajera".
El aludido les contesta diciendo que "si están preocupados de la atracción de la inversión extranjera, deberían mandar a investigar a Nicolás Salume y a Irving Tóchez, por dos cosas: no cumplir convenios y sentencias de arbitraje, y poner en peligro la seguridad energética del país, porque han bloqueado los proyectos de ampliación de generación tanto hidroeléctrica como geotérmica".
No es muy transparente cuál es el fondo de las objeciones contra las inversiones de ENEL. Los intereses nacionales están asegurados en el Acuerdo, no sólo por el hecho de que la participación accionaria de ENEL obligadamente es proporcional a la ampliación de la capacidad energética del país, sino también por las cláusulas que protegen al socio minoritario, independientemente cuál de los dos sea.
Quiere decir que en caso que dejen a ENEL hacer y capitalizar las inversiones necesarias para ampliar la generación geotérmica, y por tanto se convierte en accionista mayoritario, el binomio y CEL/INE como socio minoritario tendrá amplios derechos garantizados por el Acuerdo, que equivalen a derecho de veto en todas las decisiones estratégicas. Esto incluye: nombrar o remover al gerente general de LaGeo; todos los contratos de servicio cuyo monto exceda los $750,000; modificar la política de dividendos; aumento y reducción de capital…
¿Cuál es, entonces, el fondo de las objeciones y de la campaña mediática contra el Acuerdo CEL-ENEL? ¿Cuál es la razón real para ir a otro juicio, que hay muy poca probabilidad de ganar, en vez de negociar con ENEL un camino de resolver el conflicto y echar andar los proyectos de ampliación de la generación de energía geotérmica?
Con ENEL como socio mayoritario el gobierno y la CEL pierden la posibilidad de seguir usando a LaGeo y sus utilidades "como caja chica", como señala don Billy Sol Bang (vea entrevista aparte). Y de paso, los constantes ataques a don Billy Sol Bang, quien como presidente de CEL fue el arquitecto del asocio público-privado, y a José Antonio Rodríguez Rivas, el entonces gerente general de LaGeo, son ataques a ARENA.
Sol Bang es fundador de ARENA, y Rodríguez Rivas es cuñado del expresidente Paco Flores. Irving Tóchez usó este último dato para insinuar nepotismo, a pesar de que cuando Flores asumió la presidencia en junio de 1999, Rodríguez Rivas ya tenía casi 5 años de dirigir LaGeo.
¿Cómo definir el interés nacional? Los detractores del Acuerdo con ENEL en los gobiernos de Tony Saca y Mauricio Funes, y en las respectivas administraciones de CEL, definen como primordial interés nacional preservar el control de LaGeo y sus recursos en manos del Estado.
Sin embargo, han transferido este control a la subsidiaria INE, dirigida por el mismo Irving Tóchez. Pero como sociedad anónima INE no es sujeto de auditorías de la Corte de Cuentas ni de otros mecanismos de rendición de cuentas a entes estatales. Es más, el verdadero pecado no era el Acuerdo de Accionistas de LaGeo, sino el traspaso de las acciones en LaGeo, que son bienes públicos, a una sociedad anónima (Inversiones Energéticas S.A. de C.V., INE), sin autorización de la Asamblea Legislativa.
En toda la campaña para defender los recursos nacionales contra una supuesta privatización en manos de una empresa extranjera, Tóchez y sus defensores no han mencionado cómo piensan desarrollar sin socio la explotación de estos recursos nacionales. Han bloqueado la inversión de ENEL, pero no han presentado un plan alternativo de inversión energética.
Quedan muchas dudas.
(El Diario de Hoy)
