El principio rector de esta ley: instituciones estatales tienen que informar al ciudadano, pero tienen prohibido cualquier tipo de publicidad que resalte sus éxitos, trate de convencernos de sus propuestas, promueva la imagen de funcionarios, incluyendo al Presidente de la República.
La información que divulga una institución tiene que ser de utilidad pública, no de utilidad para el titular. La Secretaría de Inclusión puede pagar anuncios que divulgan los horarios y servicios de Ciudad Mujer, pero no campañas para proyectar Ciudad Mujer como modelo para América Latina, ni para hacer gala de reconocimientos internacionales a la primera dama y de sus amistades con famosos. El Gobierno puede informar de estos eventos en boletines, conferencias de prensa, notas en sus paginas WEB, pero no en desplegados de prensa o spots de televisión.
Con esta legislación desaparecería la mayoría de los spots y anuncios como ahora los está divulgando Casa Presidencial. Nada de vallas presidenciales. Nada de "Gobierno en Movimiento". Nada de mupis con fotos de los alcaldes. Economía podría hacer los anuncios necesarios para informar sobre los mecanismos del subsidio al gas, así como los diseñó el ministerio, pero ninguna campaña "justo para las mayorías", como la terminó encargando Casa Presidencial a su oficina de propaganda Polistepeque.
Una cosa es la propaganda masiva del Gobierno que nos quiere hacer creer que está resolviendo el problema de la violencia. Otra es la debida información que las instituciones tienen que dar sobre el funcionamiento del sistema 911, o sobre las implicaciones que nuevas leyes tienen para los ciudadanos.
Claro que el ministerio de Salud puede (y debe) informar sobre epidemias de dengue y campañas de fumigación y prevención, pero no convencernos mediante publicidad que su idea de una reforma es mejor que la propuesta de la oposición. Los ministros tienen el mandato a proponer las reformas necesarias y someterlas a la decisión de los legisladores, pero no pueden usar fondos públicos para presionar a los diputados armando campañas para persuadir a la opinión pública de las bondades de sus propuestas. Esto es sujeto al debate político, a los argumentos, no a campañas propagandísticas.
No es fácil pintar la raya entre divulgación de información y propaganda. Pero no es imposible. Hay países que regulan de esta manera la publicidad. Para redactar esta ley hay que aplicar un principio que en este país de caudillos populistas parece revolucionario, pero en otros países es la regla: El Gobierno sólo puede influir en las opiniones de los ciudadanos por sus hechos, su ejemplo, sus argumentos, no por campañas publicitarias. El Presidente de la República, para convencer a la ciudadanía de sus visiones y proyectos, puede dar discursos, entrevistas, pero sobre todo puede convencer con hechos tangibles, pero no seguir encargando campañas propagandísticas para influir en la opinión pública.
Para esto son las campañas electorales, los partidos, los debates. Olvidémonos de la concepción que papá Estado o mamá Gobierno tienen que educar al pueblo. Basta que nos informen.
Posiblemente los medios y las agencias de publicidad no estén muy felices con esta propuesta. Lo siento mucho. Polistepeque, la agencia montada por los creadores de la campaña electoral de Funes y ahora encargada de sus millonarias campañas gubernamentales, tal vez quebrará. Lo siento, aunque no mucho. Mejor que quiebre Polistepeque que las finanzas públicas.
Estimo que el país se podría ahorrar unos 100 millones de dólares al año si prohíbe la propaganda estatal. Aunque la ganancia más importante no sería financiera, sino ética: tener un Estado que ejecuta e informa, pero que deja de meterse en nuestras mentes y manipular nuestras opiniones.
Como a veces mis comentarios son pura jodarria, reitero que esta propuesta no es broma. Es seria, factible y sumamente útil para el país.
(El Diario de Hoy)
