Lo que está siendo sometido a juicio y posible condena en Madrid no sólo son los 20 ex-militares salvadoreños: es la Ley de Amnistía de El Salvador.
No voy a discutir la responsabilidad o inocencia de los 20 militares acusados por la Audiencia Nacional de España. Estoy seguro de que la mayoría de ellos es culpable de la muerte de los jesuitas y sus empleadas. Aunque para muchos suene raro o chocante: esto no es el punto.
El punto es si un tribunal español tiene la razón y el derecho de arrogarse autoridad por encima de la legislación salvadoreña. El debate que plantea la orden de captura emitida por un juez español contra 19 ex-militares salvadoreños no es sobre la culpa o la inocencia de los acusados. Es sobre la Ley de Amnistía que los salvadoreños acordamos en el contexto de la negociación y posterior aplicación de procesos bien complejos y delicados: el cese al fuego, que implicaba fuerzas regulares e irregulares de ambos bandos; la incorporación de los combatientes de ambos lados a la vida civil; la inclusión de los insurgentes al sistema político legal; y de la desmilitarización del país.
Los que ahora aplauden como un acto de justicia las órdenes de captura contra casi todos los integrantes del Alto Mando de la Fuerza Armada Salvadoreña del año 1989 de hecho están negando la legitimidad de la Ley de Amnistía de 1992. Aquí nunca han logrado suficientes apoyos para su idea de abolir la Ley de Amnistía. Y nunca los van a conseguir, ya que el FMLN siempre va a hablar mal de la Amnistía, pero nunca va a moverse para abolirla. Por razones obvias: los favorece igual que a los militares. Entonces, los detractores de la Amnistía utilizan una corte española para ponerla a juicio.
Los que celebran el juicio en España quieren que los beneficios de la Amnistía aprobada en 1993 para militares y guerrilleros se quiten al mismo Alto Mando, con el cual Naciones Unidas y el FMLN organizaron conjuntamente el complicado proceso de cese al fuego, de separación de fuerzas y posterior desmovilización de fuerzas guerrilleras, batallones especiales, y cuerpos de seguridad. Y nadie cuestiona que los jefes militares, incluyendo los ahora acusados ante la Audiencia Nacional española, cumplieron a cabalidad esta difícil tarea de la aplicación de los Acuerdos de Paz, al igual que los comandantes guerrilleros. Ambos contra fuertes resistencias ideológicas en sus propias filas. Pero cumplieron y el cese al fuego, contra todos los pronósticos, funcionó. Los Acuerdos de cumplieron. La Fuerza Armada se redujo, su estructura de mando se limpió, los cuerpos de seguridad y los batallones contrainsurgentes fueron disueltos.
Hay una razón jurídica para el país y sus autoridades judiciales de no aceptar los resultados del juicio en Madrid, empezando con las órdenes de captura y la subsiguiente solicitud de extradición. La razón se llama Ley de Amnistía, y obviamente ninguna corte de otro país puede suspenderla.
También hay una razón política para rechazar cualquier erosión de la Ley de Amnistía, sean jueces españoles, acusadores estadounidenses o activistas salvadoreños quienes lo intenten. La Ley de Amnistía es pieza clave en todo el sistema de acuerdos y medidas que en su conjunto hicieron posible la paz en El Salvador. Quitar esta pieza puede desbaratar el sistema. Aceptar estos acuerdos ha sido costoso para todos los implicados. Todos han tenido que aceptar sacrificios en campos donde pensaban que estaba en juego su honor, sus principios y su supervivencia política. Todos se han tenido que tragar sapos amargos. La Ley de Amnistía era, para muchos, un sapo difícil de tragar. De los dos lados. Hay quienes todavía sufren ataques de rabia cuando ven pasar por la calle o la televisión a un comandante guerrillero. Hay otros que todavía quisieran ver en la cárcel a los mandos militares.
Pero hay una tercera razón para no aceptar este nuevo ataque a la Amnistía. Es una razón ética. La reconciliación sólo es posible si todos entendemos que la guerra nos llevó (a unos por acción, otros por complicidad, otros por omisión) a atentar contra los Derechos Humanos. No hay quien pueda tirar la piedra sin caer en hipocresía. A mi, como ex-guerrillero que ha combatido a los señores acusados en Madrid, me daría pena pedir que los echen presos, luego de haber firmado con ellos la paz. Como anoche me dijo un amigo: Sería de poca madre.
(El Diario de Hoy)
