Hay una controversia sobre el aborto, no sólo en El Salvador, sino a nivel mundial. Hubo una controversia muy polémica sobre un reportaje del New York Times, que falsamente publicó que en El Salvador una mujer había sido condenada a 30 años de cárcel por haber abortado. En esta controversia intervinieron articulistas, notas noticiosas, ONGs pro y contra el aborto, jueces y fiscales opinando y contra opinando...
Todos tienen, desde su punto de vista, argumentos de peso. ¿Pero alguien se preocupa de la persona real detrás de la controversia? Parece que sólo las mujeres que ahora promueven la reapertura del caso.
La mujer está desde hace siete años en la cárcel de Ilopango, condenada a 30 años de cárcel. Primero la acusaron de aborto, pero ella no abortó. Después la acusaron de homicidio agravado, por la muerte de su hija recién nacida. Fue encontrada culpable y condenada a 30 años de prisión.
No tiene la culpa que de repente se encuentra en el ojo del huracán de la controversia sobre el aborto. No hizo nada para provocar esto. Más bien se debe a las falsas denuncias de grupos que abogan por la legalización del aborte, se debe a un reportaje muy poco profesional del New York Times, y se debe a la desmesurada reacción de los adversarios del aborto. Pero de repente, esta mujer se encuentra en el centro de esta batalla sobre el aborto. Es absurdo, porque ella es madre de tres hijos que tuvo a pesar de su situación social precaria, y tampoco procedió a abortar cuando salió embarazada por cuarta vez, a pesar de haberse sometido a una operación de esterilización en el Hospital de San Bartolo. Operación que obviamente falló.
Hoy aparecen muchos indicios que la mujer tampoco es culpable de homicidio. Fue condenada, como muchos salvadoreños que viven en pobreza e ignorancia y no gozan del derecho a una defensa adecuada. Es hasta ahora que la mujer dispone de abogados que cuestionan los expedientes forenses, en los cuales se basó su condena por homicidio. Resulta que ahora que tiene defensores, ellos consultan con expertos nacionales e internacionales que dictaminan que la recién nacida niña murió en el parto por falta de atención adecuada. El parto fue no atendido, porque la madre decidió mantener secreto su embarazo y tampoco buscó ayuda cuando fue sorprendida por los dolores.
Si tienen razón los expertos, la mujer es culpable de ignorancia y negligencia, pero no de homicidio. Si hubiera tenido una defensa apropiada en el 2002, nunca la hubieron podido condenar de homicidio. Hubiera pagado una condena por negligencia, y a esta altura se estaría dedicando a cuidar de sus tres hijos.
En esta semana se presentó al Tercer Juzgado de Sentencia la solicitud de revisión del caso, alegando que la mujer no ha gozado del derecho de una defensa apropiada y en base de dictámenes forenses cuestionables.
Escribo estas líneas, no para decir si esta mujer es culpable o no. Esto lo tienen que decidir los jueces. Pero me atrevo a decir dos cosas: Primero, la mujer tiene derecho a que vuelvan a abrir su caso, ya que en el primer juicio no han intervenido ni expertos forenses ni defensores competentes.
Segundo, no puede ser que la controversia sobre el aborto que existe en nuestra sociedad y en la opinión pública le reste a Karina Clímaco --así se llama la mujer en Ilopango-- posibilidades de ser escuchada en la opinión pública y de tener un juicio justo. Ni los fanatismos de los dos bandos que discuten sobre los derechos reproductivos de las mujeres, ni la mala conducta profesional del New York Times, ni la controversia que esta mala conducta provocó, ni nada debe comprometer el derecho que esta mujer tiene a un juicio justo, a una opinión pública que no la vuelva a condenar de antemano, a medios de comunicación que la escuchen, y a una defensa digna.
(El Diario de Hoy, páginas editoriales)
