Nuevamente la misma barbaridad: En vez de investigar bien y actuar con firmeza cuando se tengan pruebas, la política de seguridad pública se convierte en espectáculo mediático y evento proselitista. No es compatible la inteligencia policial con el show. No es compatible el procedimiento institucional con la campaña partidaria.
Después de lo que pasó hace poco con el escándalo que las autoridades de seguridad y justicia armaron sobre los grupos armados supuestamente vinculados al FMLN, hoy repiten el mismo esquema, acusando al FMLN de estar detrás de las protestas de los pandilleros en casi todas las cárceles del país.
Nuevamente no presentan ninguna prueba. Nuevamente quieren hacer daño electoral al FMLN, pero terminan haciendolo al país, porque comprometen las instituciones de seguridad con campañas partidistas. Nuevamente desafían la lógica: Es obvio que las pandillas, cuyos cabecillas coordinan sus redes criminales desde las cárceles y cuyas bases se entrenan e indoctrinan dentro de las cárceles, tienen toda la capacidad de armar protestas, revueltas, y más: Si deciden quemar las cárceles o hacer masacres de internos, lo pueden hacer. Ya lo hicieron. No necesitan más apoyos que las que tienen instalados dentro y fuera de las cárceles. Ciertamente, no necesitan apoyo de un partido político.
Hay que reconocer la triste verdad: El Estado ha perdido el control de las cárceles, porque la clase política - todos los partidos - no han tenido el valor de hacer una inversión impopular pero indispensable: Construir un sistema carcelario moderno, humano y seguro. Si no invertimos cientos de millones en esta tarea, el combate a la delincuencia está condenado a fracasar.
No es tarde. El país está discutiendo ahora las prioridades para el próximo gobierno. El ministro René Figueroa, en vez de nuevamente comprometer las instituciones de Seguridad y Justicia con espectáculos de campaña, debería ayudar al candidato presidencial de su partido a formular una propuesta audaz, consecuente e integral para el problema de las cárceles. Una propuesta que les quita a las pandillas el control sobre la población interna y la operatividad delincuencial desde las cárceles. Y que al mismo tiempo abre el camino a la rehabilitación y resocialización, que son deberes del Estado que ahora no puede cumplir.
La campaña de las pandillas en las cárceles tiene un propósito claro: chantajear al Estado. Quieren mantener y consolidar el control dentro de las cárceles. No necesitan que el FMLN les escriba el guión para saber que hoy, en plena campaña electoral, es cuándo pueden tener impacto en la opinión pública.
Lastimosamente tienen muchos elementos a su favor: las condiciones infrahumanas y la sobrepoblación en las cárceles; la falta de un acuerdo nacional para invertir en cárceles seguros, modernos y humanos; la complicidad que muchas estructuras locales del FMLN tienen con las pandillas; la falta de una inversión focalizada en el mejoramiento estructural de las comunidades donde tienen arraigo social las pandillas...
Mientras no hay cambios profundos en cada uno de estos factores, el Estado seguirá siendo chantajeado por las pandillas. Si además las autoridades competentes juegan a politiquería, en vez de generar soluciones estructurales, los pandilleros van a seguir controlando las cárceles.
En el programa de gobierno de Rodrigo Ávila están las ideas centrales de cómo enfrentar esta situación. Falta definir prioridades. Falta audacia para decir a la gente que ahí hay que invertir cientos de millones.
Y hace falta que los funcionarios de seguridad y justicia dejen de armar espectáculos inútiles.
(El Diario de Hoy, Observador Electoral)
