Universalmente se considera al sufragio como el ejercicio democrático ejercido por el pueblo de una nación que le da legitimidad política a un gobierno. En Latinoamérica, sin embargo, ese concepto universal no es aplicado por todos los países que se denominan democráticos.
Países como México, Colombia, Honduras y la República Dominicana han establecido mecanismos legítimos y seguros para permitir a sus ciudadanos votar desde el exterior en elecciones presidenciales, sobretodo en Estados Unidos. Los resultados de esos procesos han sido considerados como dramáticos y sobretodo muy costosos debido a que cada voto ha costado entre ciento cincuenta y mil quinientos dólares.
La participación democrática de los ciudadanos de estos países al ejercer el sufragio ha sido modesta debido a su abstencionismo, pero ha sido un acto importantísimo que merece encomiar los esfuerzos de esos gobiernos que han hecho valer los derechos de sus ciudadanos en el exterior.
La contribución económica de la diáspora es sin duda el incentivo más importante por el cual estos y otros países en proceso de establecer sistemas similares de votación, reconocen la importancia de darle voz a través del voto a quienes desean incidir políticamente en la elección de sus lideres.
Los salvadoreños en Estados Unidos desde hace una década, hemos solicitado el derecho de ejercer el voto desde el exterior, a raíz de eso, durante la campaña presidencial anterior, que sobrepasó las fronteras patrias, tres candidatos prometieron convincentemente que ese derecho seria una prioridad en sus planes de gobierno. El candidato de la ex guerrilla Mauricio Funes quien actualmente lidera las preferencias electorales en El Salvador para los comicios del próximo marzo, ha repetido de la misma manera como sus antecesores su compromiso hacia nuestro pedido al hacer campaña política en este país recientemente.
La mayoría de ciudadanos salvadoreños, así como otros latinoamericanos, no creemos mas en promesas de políticos en búsqueda de votos y dinero, la diáspora no cree en mensajes proselitistas llenos de demagogia como los expresados por Mauricio Funes y sus amigos. Hemos madurado políticamente y aprendido a reconocer el oportunismo de la clase política de nuestro país.
Obtener el derecho al sufragio es únicamente nuestra responsabilidad y en nuestro caso, particularmente, sabemos que para nuestros gobernantes no es una prioridad, por lo tanto, no es con apoyar a candidatos que lograremos votar, sino con acciones políticas.
Una de ellas es el incidir para que el nuevo impuesto a las llamadas desde el exterior sea utilizado para financiar los costos de implementación del voto desde el exterior. Hace dos meses entregué a la comisión de reformas electorales y constitucionales de la asamblea legislativa una propuesta para facilitar el voto en el exterior, la respuesta de los honorables legisladores ha sido un total silencio.
Representantes del Tribunal Supremo Electoral salvadoreño han señalado que el costo para documentarnos y empadronarlos seria de treinta y cuatro millones de dólares como una primera fase. El impuesto a la nostalgia recientemente decretado a las llamadas telefónicas hechas desde el exterior producirá cerca de doscientos millones de dólares a las arcas del estado para el final del próximo año, suficiente para financiar la primera fase de este proyecto, así como también, para subsidiar los costos de energía, alimentos y transporte en el país. En cinco años el estado habrá recolectado mas de quinientos millones de dólares con lo cual se puede costear todo el proyecto y permitir el voto para las elecciones de 2014 o antes.
En República Dominicana cada voto costó mil quinientos dólares debido a la falta de interés de sus ciudadanos por participar, - solo el uno por ciento de su diáspora ejerció el sufragio - lo que es un precio demasiado alto para los niveles económicos de un país con profundos problemas sociales y de pobreza. Mantener esa política debe ser revisada porque obviamente los dominicanos demuestran que no desean incidir en su patria, pero ese gobierno cumplió con otorgarles esa oportunidad, lo cual es loable.
Cada voto de los salvadoreños según fuentes del tribunal supremo electoral costaría mil cuatrocientos dólares, basado en que un porcentaje similar al de la República Dominicana votara. Eso significaría que solo cincuenta mil ciudadanos de los tres millones que se estiman que residen en el exterior votarían.
Considero que es obligación de todos los gobiernos latinoamericanos que creen en la democracia el implementar el voto en el exterior para darle la oportunidad a sus diásporas de manifestar su interés de incidencia. El sufragio es un derecho constitucional no un privilegio y debemos ejercerlo.
