Carta sobre la CICIES: ¿parto prematuro o aborto? De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 10 septiembre 2019

El presidente Bukele repitió varias veces que la Comisión Internacional contra la Impunidad iba a comenzar a investigar la corrupción antes de terminar los primeros 100 días de su gobierno. Incluso ahora, que ya venció este plazo (el domingo 8), sigue diciendo que cumplió su compromiso y que la CICIES ya está creada.

Es una mentira. Lo que el viernes 6 de septiembre firmaron la OEA y el gobierno Bukele en Casa Presidencial no fue el convenio de creación de la CICIES. Firmaron nada más una “Carta de Intención.“

Luego de un montón de considerandos, esta Carta dice:

Han convenido en suscribir la siguiente Carta de       Intención:
1.1. Las partes manifiestan su intención de establecer una CICIES y se comprometen a firmar un Convenio con este propósito dentro de los tres meses siguientes a la firma de esta Carta de Intención, el cual entrará en vigencia una vez se cumplan los procedimientos legales internos correspondientes.

1.1.1. No obstante su establecimiento definitivo conforme al artículo anterior,  con la suscripción de esta Carta de Intención, las partes instalarán la CICIES a efectos de avanzar la cooperación con las instituciones nacionales competentes…

Cito textualmente este párrafo, porque es una joya de lenguaje de engaño. Me parece increíble que el Secretario General de la OEA haya autorizado este párrafo, que tiene un solo propósito: salvarle la cara a Nayib Bukele y permitirle decir que cumplió su compromiso de los 100 días de “instalar“ la CICIES (según artículo 1.1.1.), aunque no esté “establecida” (vea artículo 1.1.). Así que nos instalaron un volado inexistente…

La CICIES no existirá hasta que exista un Convenio (en 3 meses), y hasta que este cobre vigencia “una vez se cumplan los procedimientos legales internos correspondientes”; o sea, hasta que lo haya ratificado la Asamblea Legislativa, previa negociación con los partidos representados en ella y con la Fiscalía.

Aquí no mencionan el punto clave: existe un requisito para que la CICIES pueda iniciar su misión de investigar la corrupción, la luz verde de la Fiscalía General de la República, que tiene el privilegio constitucional de la investigación y acción penal.

Y no es un simple aval que necesita una CICIES de la Fiscalía. Necesita que la Fiscalía le delegue transitoriamente parte de sus facultades. Pero como la Constitución dice que son facultades indelegables, la Fiscalía sólo puede autorizar a una CICIES que las ejerza conjuntamente con la ella. Quiere decir que la CICIES va a trabajar de la mano con los fiscales, o no va a poder trabajar, a menos que se quede a nivel de un organismo de propaganda como la difunta Secretaría de Transparencia de Funes y Sánchez Cerén.

Aquí la lista de las cosas esenciales que la CICIES, así como la concibe el gobierno Bukele (sin convenio con la Fiscalía General) NO podrá hacer, porque la Constitución no se lo permite:

-citar testigos 

-ordenar arrestos 

-allanar oficinas y casas 

-decomisar documentación o bienes 

-solicitar información bancaria 

-solicitar datos financieros a organismos extranjeros 

-dirigir investigaciones policiales

-acusar ante tribunales 

Todas estas son facultades y deberes exclusivos e indelegables de la Fiscalía. Una CICIES que no nace de un convenio con la Fiscalía no tendría esta facultades, lo que significa que no podrá dedicarse a investigación penal. Solo dispondría de los elementos, documentos, pruebas que el Gobierno les proporcione. Sería una Comisión Presidencial nada más. 

Otra vez nos hicieron fraude de etiqueta, esta vez con la complicidad Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Firmaron una carta de intención y nos la vendieron como el lanzamiento de una CICIES. Pero esta, así como la conciben, nunca funcionaría como arma contra la corrupción.

Saludos,

Los primeros cien días. De Cristina López

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 9 septiembre 2019 

Es de humanos lo de buscarnos atajos. Es lo natural, en un mundo de constante dinamismo y complejidad, que intentemos en la medida de lo posible idear y construirnos heurísticas que nos permitan simplificar lo complicado y hacerlo más digerible. El problema se da cuando convertimos estos conceptos arbitrarios en criterios sólidos para medir o apreciar situaciones complejísimas. Ejemplo de lo anterior es el concepto, completamente mediático por cierto, de tomar “los primeros cien días” de una administración presidencial como un marcador para evaluar desempeños. No es único de nuestros paraísos tropicales: de hecho, es posible que el fetiche original (no por ello menos vacuo y arbitrario) de ver los “primeros cien días” como un hito estándar para calificar el desempeño de una nueva administración presidencial venga de la prensa política estadounidense, cuyo principal pecado ha sido cubrir la política como entretenimiento y con tal de satisfacer la voracidad de la demanda por entretenimiento, convertir cualquier cosa en noticia.

Por si no quedaba claro en lo dicho anteriormente: por supuesto que considero lo del hito de “los primeros cien días” una medida absurda. ¿Por qué cien? Constitucionalmente, valen lo mismo en términos de límites de poder y alcance administrativo cien días, diez días, y trescientos días. Y los problemas de este tipo de “hitos” inventados por los medios para juzgar administraciones presidenciales no terminan en la arbitrariedad de su naturaleza. En lo que a expectativas se refiere, introducen un incentivo absurdo para quienes están en el poder para inflar la burbuja de logros con puro aire, respondiendo a la demanda mediática de contenido con una oferta de superficialidades.
Superficialidades, sí. Porque cuando los principales problemas de una nación como la nuestra son de naturaleza estructural (inequidad, pobreza, delincuencia, impunidad, etc.), cien días y un par de reformas legislativas no alcanzan para “arreglar” ningún problema. La mejor vara para medir a populistas y demagogos, de hecho, es la cantidad de “arreglos” que prometen. En realidad, es posible argumentar que un período presidencial completo no alcanza para solucionar del todo la totalidad de problemas que aquejan a un país. Lo anterior no justifica períodos presidenciales más largos, sino políticas de Estado, de las que trascienden períodos presidenciales y partidos políticos, de las que más bien marcan rumbos que deben seguirse de manera consistente y no soluciones equivalentes a pegarle un parche a una llanta perforada.

Por eso es necesario tomarse los “logros” publicitados en la marca inventada de los primeros cien días con una buena dosis de sano escepticismo —del sano, del que no peca de cinismo, obstruccionismo o sabotaje, sino que se ancla en realidades—. Por ejemplo, el mero anuncio de que tendremos nuestra propia Comisión Internacional Contra la Impunidad no amerita agregar un cheque de promesa cumplida a la larga lista de expectativas que pesan sobre nuestras autoridades. El cheque deberán ganárselo y será cuando quede verdaderamente demostrado y documentado que dicho organismo será, principalmente, independiente en su capacidad investigativa y segundo, que sus hallazgos y conclusiones tendrán consecuencias jurídicas que ejecute el Ministerio Público y el Órgano Judicial. La simple firma de un acuerdo, como tal, no es más que un cascarón que podemos llenar de peticiones y expectativas, pero no constituye en sí mismo un hito que merezca alabanzas mediáticas. Darle importancia inmerecida a “los primeros cien días” distrae de la realidad de que en un sistema transparente, la evaluación de la adm inistración presidencial debe ser una tarea de todos los días.

@crislopezg

El precio de la ira. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, ex-presidsenta del Centro de Estudios Jurídicos CEJ

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 9 septiembre 2019

Somos una sociedad violenta. Lo vemos cada día en las noticias de El Salvador, donde no falta el prójimo que irrespeta a los vecinos, que maltrata a su familia, que llega al punto de matar a otro. También lo vemos en las calles, en la persona que le “tira” el vehículo que maneja al resto de carros o peatones, el que pita sin ningún sentido, el que insulta y los que se comportan de manera poco civilizada. Todo es reflejo de refleja la rebeldía e incivilización de una parte de la población salvadoreña, que no ha comprendido las reglas de vivir en sociedad.

El último ejemplo representativo de esta incivilización fue el conductor que agredió físicamente a un gestor de tránsito, a quien las buenas costumbres y educación no le alcanzaron en ese momento; no fue hasta que lo detuvo la policía por el delito de lesiones que pidió perdón y entendió que a la autoridad se le debe respeto. Nos cuesta entender de civilidad por las buenas.

Ese breve incidente de violencia en los alrededores del monumento al Divino Salvador del Mundo le costó a la persona iracunda una sanción bastante relevante: tres días de detención en bartolinas y $600 dólares en concepto de indemnización. Como reza un popular refrán, “el vivo a señas, y el tonto, a palos”. En una sociedad violenta y en la que hemos estado muy acostumbrados a que este tipo de incidentes no pasan de ser un video viral en redes sociales, esta situación demuestra que cuando se quiere hacer cumplir la ley, se puede. Y todos deberíamos sacar una lección de la misma.

En El Salvador no necesitamos más leyes ni que se endurezcan las penas para la infinidad de delitos y faltas que ya han sido creados. Lo que más urge a nuestra sociedad es que las leyes existentes se hagan cumplir sin peros, sin brindar prerrogativas, privilegios y sin hacerse del ojo pacho. Es sumamente necesario que las sanciones ya establecidas sean ejecutadas y que de verdad se conviertan en disuasivos a los infractores para realizar los actos que se encuentran prohibidos. Si no sabemos comportarnos de manera civilizada por educación y convicción propia, es hora que las leyes se hagan cumplir para obligarnos a respetar a los demás.

El caso de la agresión al gestor de tránsito debería servir de ejemplo para todos los ciudadanos, que si incumplimos la ley y no nos manejamos de manera adecuada dentro de la sociedad, eso tendrá una consecuencia, pagaremos un precio por no saber respetar los derechos de los demás. El mismo suceso debería servir de ejemplo a las autoridades, que cuando quieren centrar esfuerzos en hacer cumplir la ley y volver efectivas las penas, pueden hacerlo. Esa es la lógica de las leyes: si alguien comete una conducta prohibida, se le sanciona. Y esto sirve de disuasivo para que el resto de personas nos comportemos de manera civilizada.

Insisto, todas las personas debemos comenzar por dar el ejemplo desde nuestro círculo cercano, para después exigirle cumplimiento a toda la sociedad. Irrespetar las leyes de tránsito, de convivencia, evadir impuestos, entre otras responsabilidades individuales, son semillas que posteriormente pueden desembocar en actos que afectan a la sociedad. Ahora es momento que adquiramos conciencia, por las buenas, de que existen reglas de conducta que se deben respetar y su incumplimiento acarrea una sanción. Con suerte, el precio de la ira o de las infracciones a la ley no pasa de ser un tema monetario o sanciones leves; no permitamos que estas actitudes se conviertan en tragedias graves para las familias salvadoreñas.

EL DIARIO DE HOY exhibe repudio a censura de Casa Presidencial contra Factum y Faro

OEA y periodistas rechazan bloqueo de Bukele a medios

El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Edison Lanza, condenó que se impidiera acceso de periodistas de El Faro y Factum a conferencia de prensa.

POR ÓSCAR IRAHETA

 

SEP 07, 2019- 20:45

Un grupo de periodistas a quienes la Presidencia les negó el ingreso a un evento donde Nayib Bukele anunció el lanzamiento de una comisión contra la impunidad y corrupción calificaron el hecho como un acto grave y preocupante contra la libertad de prensa que marca un retroceso en la búsqueda de la democracia en el país.

Los profesionales, junto a sus jefes de redacción, exigieron ayer al presidente una explicación sobre las restricciones que tuvieron para entrar a Casa Presidencial a un evento de carácter internacional.

Al llamado también se unió el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien comentó desde su cuenta de Twitter “que los gobiernos deberían ser neutrales frente a la línea editorial de los medios”.

“El día que el Presidente de El Salvador @nayibbukele presenta comisión para investigar corrupción con @OEA_oficial, Casa Presidencial impide acceso de @_ElFaro_, uno de los principales medios de investigación”, expresó el especialista en libertad de prensa.

El viernes por la tarde, militares del Batallón Presidencial y empleados de la Secretaría de Prensa de la Presidencia impidieron el ingreso a Gabriel Labrador y Víctor Peña, periodista y fotoperiodista de El Faro, respectivamente, y al periodista Fernando Romero de la Revista Factum.

Los periodistas detallaron que a las 3:25 de la tarde, cuando se ordenaron para hacer el ingreso al último portón, antes de llegar al salón donde el mandatario brindó la conferencia de prensa junto a una misión de la OEA para lanzar la CICIES y explicar sus detalles de funcionamiento, se les negó el acceso sin ninguna justificación.

Sin embargo, a las 9:57 de la noche, el presidente Bukele publicó un tuit donde escribió : “Los de Factum y El Faro se están haciendo las “vístimas”, pero esta es la realidad”. Junto al mensaje, Bukele envió un comunicado donde justificó la restricción a los periodistas aduciendo “un mal comportamiento”.

“Desafortunadamente en la última conferencia del gabinete de Salud, un periodista de El Faro irrumpió en el evento con gritos sin motivo alguno y sin control. Este mal comportamiento no ha sido el único, ya que en otra conferencia de prensa, también se tuvo un hecho similar con un periodista de la Revista Factum, quien se dirigió de manera irrespetuosa y petulante a personal de la Casa Presidencial”, reza el comunicado.

Agrega que “esta medida se mantendrá en firme hasta que no exista un compromiso serio por parte de los medios de comunicación restringidos este día“.

Para el jefe de redacción de la Revista Factum, César Fagoaga, la actitud del Ejecutivo se debe al malestar sobre preguntas incómodas que se le realizan a un gobierno que es alérgico a la crítica.

Fagoaga añadió que en varias ocasiones los periodistas de Factum han tenido que alzar la voz porque se les ha negado el derecho a preguntar a pesar de estar anotados en la lista y seguir protocolos establecidos.

“Nos preocupa mucho que se venda la idea en el comunicado que ese es un castigo por hacer nuestro trabajo. Alzar la voz para cuestionar no es una falta de respeto, lo vamos a seguir haciendo. Es lamentable que en un evento donde se persigue la transparencia, donde se busca echar luz donde hay oscuridad y corrupción, se limite a los periodistas a realizar nuestro trabajo”, expresó el jefe de redacción de Factum.

Fagoaga lamentó la actitud del presidente en ridiculizar el tema y la actitud infantil en publicar ese tuit junto al comunicado.

“Queremos que se rectifique y se nos diga cara a cara una explicación clara y precisa. Hoy fuimos nosotros, mañana serán otros colegas y eso no puede ocurrir para el periodismo libre. El presidente está mintiendo y eso es preocupante”, razonó.

Por su parte el director de El Faro, José Luis Sánz, declaró que es un precedente gravísimo, sobre todo si considerando que el Gobierno apenas está dando sus primeros pasos, además de que se trataba de un evento en el cual se iba a presentar una de las principales apuestas del presidente actual.

“Vamos a tomar las medidas a nuestro alcance para que esto no se repita y trataremos de hacer valer nuestros derechos y los de nuestros lectores. Y esperamos que el ejecutivo rectifique y además se disculpe en público por lo sucedido”, señaló Sánz.

La organización Acción Ciudadana difundió un comunicado donde calificó la decisión del gobierno como “una censura gubernamental a medios de comunicación que vulnera los derechos y principios constitucionales y que no promueve una sana convivencia democrática”.

“Exhortamos al presidente a que respete irrestrictamente la libertad de prensa, manteniendo un posicionamiento neutral ante la línea editorial de los medios, tanto como los que son afines como aquellos que no”, detalla el documento.

No es democrático excluir a los medios que incomodan. De Salvador Samayoa

No está claro si excluir de la conferencia de prensa en casa presidencial a dos relevantes medios digitales, El Faro y Factum, fue una orden del presidente o de su secretario de prensa. En cualquier caso es inaceptable.

Si fue el presidente debe rectificar. Si fue el secretario, lo deben reprender. La exclusión completamente antojadiza vulnera en su esencia el derecho a la información y la libertad de expresión.

Es una conducta antidemocrática. Es un mensaje nefasto a través del cual se deja claro a todos los medios que si hacen reportajes incómodos para el poder serán castigados por el poder. Eso es censura. Es una conducta propia de los que rechazan el pluralismo, de los que quieren sepultar cualquier forma de oposición, de los que temen la crítica de los independientes y la rebeldía de los valientes, de los que saben que su posición se desmorona si se somete a una buena argumentación. Además es una señal de cobardía política y debilidad. Los gobiernos que así proceden, aquí o en cualquier parte, luego toman otras medidas para suprimir la prensa independiente.

Además, deben saber que esas conferencias de prensa a las que no dejan entrar no son fiestas privadas que dan en su residencia particular. Son actividades que pagan con nuestro dinero, el de todos, no solo el de sus amigos, cuyo único propósito legítimo es que la gente se informe a través de los medios que más le gusten, no a través de los medios que más le gusten al gobierno. Las puertas de la presidencia no deben tener matones de discoteca decidiendo a quién no dejan pasar.

El presidente Bukele no necesita estos enfrentamientos con los medios de comunicación. Ha arrancado con buena imagen nacional e internacional. Tiene todo para triunfar, pero la prepotencia de sus asesores lo puede perjudicar.

#YEstoApenasEmpieza. De Paolo Luers

Las tendencias autoritarias de los gobiernos prosperan hasta donde nosotros (los ciudadanos, los medios de comunicación, las organizaciones civiles, la oposición) estemos dispuestos a permitirlo.

La decisión de Casa Presidencial de negar el acceso a una conferencia de prensa conjunta de la presidencia con la OEA a dos medios (El Faro, Revista Factum) es una grave restricción a la libertad de prensa. La forma en la que Casa Presidencial luego justifica esta medida en un comunicado oficial y declara que la va a sostener en el futuro la vuelve aun más preocupante. El hecho que el presidente de la República reprodujo este comunicado con el comentario cínico “Los de Factum y el Faro se está haciendo las ‘vístimas’, pero esta es la realidad” convierte un error de su secretario de prensa en un escándalo de su presidencia.

Los periodistas de otros medios, a quienes hasta la fecha no se ha negado el acceso a la conferencia de prensa, podríamos decir que Revista Factum y El Faro son medios que han criticado fuertemente lo que llaman el ‘periodismo tradicional’ que ejercen nuestros medios, y por tanto que no tenemos porque defender sus derechos.

Esto sería una muestra de gran miopía. Si nos pronunciamos en contra de esta actitud autoritaria del gobierno, no lo hacemos en favor de El Faro o Factum, sino porque nosotros seríamos los siguientes blancos de este tipo de atropellos. Las diferencia de concepción editorial entre nuestros medios no tiene ninguna relevancia a la hora de pintarle la raya a un gobierno que está probando hasta dónde puede llegar con sus tendencias autoritarias.

Por esta razón, es nuestro deber como comunicadores enfrentarnos juntos, sin consideración de diferencias políticas o competencia editorial, a cualquier intento de restringir la libertad de prensa, como en el caso de la exclusión de dos medios de las conferencias en Casa Presidencial.

La democracia muere en la oscuridad. De Ricardo Avelar

En materia de libertad de prensa, al igual que en otras actitudes democráticas como la probidad o la honestidad, o se es respetuoso siempre o simplemente no se es. La apertura con los medios equivale a la disposición de transparentar la gestión pública y mostrar cómo se transforman las ideas en proyectos para la ciudadanía y el país. Esta apertura no admite peros o excusas y no debe ser circunstancial o utilitaria, dando la cara únicamente a quienes hacen coberturas amigables y cerrando las puertas a quienes incomodan con buenas preguntas en los momentos adecuados.

El rol del periodismo no es quedar bien con quienes gobiernan o ser caja de resonancia de las iniciativas presidenciales sin matices o contrastes. Por el contrario, su rol y contribución a un sistema democrático es el de llevar luz a la ciudadanía en temas esenciales, como la forma en que se ejecutan los fondos públicos, las prioridades del gobierno, cómo pretenden solucionar los principales problemas o quiénes proveen bienes y servicios al Estado, entre muchas otras áreas.

Un gobierno que bloquea a medios incómodos no está afectando a periodistas o editores, sino a una ciudadanía que tiene derecho a saber cómo se maneja la cosa pública. Además, al obstaculizar la luz que trae el periodismo, abre la puerta a abusos, excesos y contubernios. En resumen, como dicta el lema del Washington Post: “la democracia muere en la oscuridad”.

Una nueva racionalidad política. Columna Transversal de Paolo Luers

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 8 septiembre 2019 

Hace poco parecía imparable la ola del populismo ultra nacionalista, con sus campañas contra los migrantes, que buscan trabajo, y los refugiados, que buscan asilo. Parecía que no había antídoto contra su capacidad de explotación de los resentimientos y de los miedos de mucha gente ante la globalización y la revolución digital. Se observaba resignación entre los politólogos, y los gurús comenzaron a hablar de retrocesos de la democracia.

Figuras como Mateo Salvini en Italia, Boris Johnson en Gran Bretaña y Donald Trump en Estados Unidos (para solamente hablar de los países de larga tradición democrática) parecían invencibles. (Podríamos también hablar de Brasil, México y El Salvador, siempre salvando las diferencias…)
De repente la tendencia cambió. Primero en Italia, luego en Gran Bretaña, en Estados Unidos y en Alemania.

Italia 
El líder de la derecha italiana y hombre fuerte de la coalición entre los populistas de derecha (’La Lega’) y los populistas de izquierda (’Movimento 5 Stelle’) dinamitó el precario equilibrio dentro de este gobierno con la intención de forzar nuevas elecciones y hacerse de todo el poder. Las encuestas le decían que ‘La Lega’, que hace un año entró a la coalición como el socio minoritario, iba a ganar o podrá encabezar un gobierno de unidad de la derecha que incluiría a los neo-fascistas. Pero la movida le salió por la culata: Ante el peligro desde la ultraderecha, se formó una nueva mayoría antes impensable de centroizquierda. Los socialdemócratas del PD ofrecieron a ‘5Stelle’ una alianza para parar a la derecha antieuropea y racista y para salvaguardar la democracia. Este sorprendente acercamiento es resultado de un extraordinario ejercicio de racionalidad y responsabilidad democrática (’Staatsräson’/razón de estado), no de cercanía personal, política o ideológica. Un año de jugar con el populismo y sus peligros llevó a la clase política italiana, y sorprendentemente una parte del espectro populista, a razonar, a buscar una solución antes descartada, y a reparar los daños antes de que destruyan el rol de Italia en la integración europea.

Mateo Salvini y su derecha nacionalista y antieuropea quedan afuera del juego, marginado del poder cuyo esplendor necesita para seguir seduciendo a la gente. Si el nuevo gobierno se mantiene en el poder por el resto de la legislatura, el globo del populismo redentor de Salvini se desinfla.

Gran Bretaña 
Boris Johnson, el nuevo líder de los Torys británicos, quien quiere convertir a los conservadores en un partido nacionalista y antieuropeo, todavía está en el poder, pero con las alas cortadas. Para un líder populista, esto es tal vez peor que perder el poder. La demagogia puede funcionar también desde la oposición, pero no desde un gobierno impotente, al cual el parlamento amarra las manos. Esto es lo que los diputados británicos han hecho a Johnson, recuperando el control del parlamento sobre el gobierno.

Es un proceso muy diferente al italiano, pero hay algunas coincidencias. La más importante es que se está imponiendo una nueva racionalidad que lleva a grupos ideológicamente muy distintos a unirse contra la amenaza populista y un Brexit sin ningún tipo de acuerdo con la Unión Europea. No puede haber una coalición sólida entre los partidarios de quedar en la Unión Europea y los partidarios de un Brexit, pero regulado, ordenado y consensuado con Bruselas. Son dos posiciones racionales, aunque divergentes, pera conjuntamente opuestas a la locura demagógica de Johnson de un Brexit a cualquier costo, pero en el fondo de debilitar al control parlamentario sobre el gobierno.

Estados Unidos 
Al mismo tiempo que estos dos procesos se dan en Europa, en Estados Unidos se publica la primera encuesta nacional seria que muestra a Trump en desventaja contra por lo menos 6 de los precandidatos demócratas, indistintamente si son moderados (como Joe Biden) o exponentes de izquierda (como Bernie Sanders), e incluso contra los candidatos relativamente poco conocidos. Esto significa que el exceso de polarización y de discursos y actitudes irracionales, con los cuales gobierna Trump, está entrando en crisis, aun cuando no existe un candidato con programa claro y liderazgo fuerte que lo rete. Imaginémonos la situación de Trump si los demócratas lograsen una convergencia racional y responsable entre sus ala moderado-centrista y su ala de izquierda con muchos ingredientes populistas…

Alemania 
Aunque los medios enfocan en el vaso un cuarto lleno de populismo y no en los 3 cuartos que se unen para vencerlo, las últimas elecciones regionales en dos estados del oriente de Alemania no son una historia para asustar con el petate de la ultraderecha sino lo contrario. Se paró el avance de la AfD, la nueva derecha alemana. En sus bastiones más fuertes, no pasaron del 25% de los votantes, y los partidos democráticos, en vez de derrumbarse, hicieron un frente común contra le racismo y el autoritarismo que predica esta nueva derecha. Regresó la racionalidad al debate político, y el espacio del populismo comienza a estrecharse.

En ninguno de los cuatro casos, el populismo con tendencias autoritarias se encuentra derrotado. Pero ya no parece, como hace poco, imposible detenerlo e incluso derrotarlo, siempre cuando sea retado por fuerzas plurales que converjan alrededor de una nueva racionalidad como alternativa a la anti-política.

¿Adiós a la CICIES? Primera parte: La situación actual. De Rubén Zamora

Publicado en LA PRENSA GRAFICA, 7 septiembre 2019

Las posibilidades de tener realmente una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), si bien sería muy útil para el saneamiento del Estado, sin embargo pareciera irse esfumando por los tuits del presidente, las afirmaciones del vicepresidente y bajo la presión a ambos del próximo cumplimiento del plazo para el que prometieron a bombo y platillo tenerla funcionando el 8 de septiembre; el panorama actual se caracteriza por la confusión: por un lado una fuerte discusión en los ámbitos políticos acerca de su viabilidad y por el otro, afirmaciones contradictorias entre el presidente y su vicepresidente, el primero declarando que va a crear una comisión contra la corrupción, sin informar de cosas tan necesarias como su naturaleza ya sea de Comisión del Órgano Ejecutivo o Comisión Internacional, sus atribuciones y duración, y el segundo afirmando rotundamente "LA CICIES VA", sin soltar la más mínima información al respecto, pero dando a entender que se trata de una Comisión Internacional, y todo esto acompañado de proclamas de funcionarios de gobierno que lo único que hacen es enturbiar la discusión sobre el tema y demostrar desconocimiento de lo que la Constitución manda.

Si tomamos como punto de partida para el análisis la rotunda declaración del vicepresidente de la República afirmando "LA CICIES VA", es claro que se refiere a un modelo similar al de Guatemala, es decir, de COMISIÓN INTERNACIONAL; esto significa un acuerdo formal ya sea con instituciones multilaterales como ONU, OEA o con gobiernos extranjeros y cualquiera que fuere el acuerdo con ellos estará sujeto ineludiblemente a la aprobación de la Asamblea Legislativa, pues va más allá de una mera cooperación e implica materia jurisdiccional.

Por su parte, el vicepresidente ha añadido que se ha explorado a la ONU y a la OEA, pero ninguna de las dos ha respondido o tomado medidas exploratorias del tema; esto es importante de señalar conociendo los procedimientos que estas organizaciones utilizan para llegar a un acuerdo, todo empieza por una o varias misiones de esos organismos explorando, en el terreno, la posibilidad de involucrarse en una Comisión Internacional, sobre todo cuando el tema es altamente controversial, tal y como lo confirman las recientes Comisiones de Guatemala y Honduras. Tanto la ONU como la OEA son organizaciones, altamente burocratizadas y jerárquicas, pero que saben que en definitiva, es su secretario general quien debe responder ante su correspondiente Asamblea General por lo que se haga o no se haga.

Una vez la Organización estima que es factible y conveniente involucrarse, empieza el complicado proceso de acordar los términos de su papel en la CICI y si algo va a exigir el organismo internacional es la garantía de que tendrá completa autonomía en las decisiones y métodos que implemente, lo cual es obvio, pues si se trata de combatir la impunidad de la corrupción, los funcionarios del Órgano Ejecutivo serán sujetos de investigación y no pueden ser juez y parte, así mismo tendrán que asegurarse que su trabajo no contraríe nuestra legislación, especialmente serán muy cuidadosas de evitar que su compromiso viole la Constitución del país. He señalado solo estos dos puntos por ser cruciales, sin embargo, el documento abarca una gran cantidad de otros temas, administrativos, de temporalidad, de garantías diplomáticas que tienen que discutirse y acordarse antes de iniciar la ejecución del programa.

Es útil traer a colación el caso del gobierno anterior que en su intento por desarrollar un acuerdo nacional solicitó la cooperación de la ONU y antes de dar respuesta, envió tres misiones diferentes a evaluar si había condiciones favorables para hacerlo; los informes fueron positivos en el sentido que gobierno, partidos y personalidades diversas de la sociedad civil aceptaban el papel de la ONU y estaban dispuestos a participar en el acuerdo y sobre esa base el secretario general de ONU decidió nombrar a su representante personal, para "impulsar un acuerdo nacional en El Salvador"; este proceso tomó más de un año para empezar a ejecutarse.

Veo improbable que en las próximas 3 semanas se logre que una CICIES pueda empezar a trabajar en San Salvador, tal y como lo proclama el gobierno del Sr. Bukele; el plazo de 100 días que se auto estableció el nuevo gobierno es no solo una muestra de la urgencia de enfrentar este problema, sino de la ignorancia de los personeros gubernamentales de cómo se hacen las cosas.

Carta sobre los 100 primeros días de otro gobierno de turno. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 7 septiembre 2019

Hace pocos días, cuando muchos se atrevieron a poner en duda que el presidente podía cumplir su compromiso de instalar en los primeros 100 días de su gestión su famosa CICIES, una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, Nayib Bukele reiteró su compromiso. Dijo que la CICIES iba a iniciar su trabajo de investigación antes del 9 de septiembre. Dijo que no hablaba de una comisión preparatoria, sino de la mera CICIES, lista para funcionar. Y que no necesitaba del visto bueno de la Asamblea Legislativa…

Obviamente nadie se le creyó, porque era imposible. Faltaban menos de tres semanas y ni si quiera habían hablado con las personas claves e indispensables: el Fiscal General, sin el cual ninguna comisión investigadora puede comenzar a trabajar en El Salvador, y los secretarios generales de la OEA de Naciones Unidas, quienes, según Bukele, tenían que dar el aval político y conseguir el financiamiento y el personal idóneo. Tampoco nadie le creyó que había encontrado una receta mágica para que la CICIES podía funcionar sin que existiera y sea aprobado por la Asamblea un convenio internacional. No hay forma.

Luego mandaron al vicepresidente Ulloa a Washington para reunirse con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y el señor dijo que sí, con gusto iba a apoyar una CICIES. Claro, el hombre está en campaña de reelección y no le va a decir no a ningún gobierno, sea lo que sea que le pida. También mandaron una carta al secretario general de la ONU, y este señor mandó a decir que la iba a estudiar.

Y hoy, viernes 6 de septiembre, el último día hábil antes de que terminen sus primeros 100 días, el presidente Bukele presenta una delegación de la OEA y firma con ella un documento de apoyo a una futura CICIES. Al Fiscal General ni siquiera lo invitaron, porque lo que quieren es implementar una Comisión Presidencial contra la Corrupción, y la quieren implementar contra la Fiscalía General de la República y, por tanto, contra la Constitución.

Les salió una Comisión Presidencial contra la Impunidad (CPCIES). En su presentación, Nayib Bukele ordenó la creación de una unidad especial anticorrupción de la PNC, que trabajaría para la CPCIES. Nuestra Constitución manda que todo el trabajo de investigación está al cargo de la Fiscalía y que la PNC participa bajo dirección de los fiscales.

A pesar de tanta pompa protocolaria en Casa Presidencial, es mentira que con este “lanzamiento” se haya instalado una Comisión Internacional. Es un fraude de etiqueta. Nos quieren vender un producto acabado, pero ni siquiera existe un dibujo de su diseño, solo un empaque bonito. Sólo para poder decir: cumplí mi meta para los 100 días.
De paso sea dicho: Bukele también prometió para los 100 días traer de vuelto al país a Mauricio Funes para que se ejecutan los cinco órdenes de captura y para que enfrente la justicia. Dada la protección que Funes recibe del gobierno de Ortega, esta promesa era tan realista como la de instalar una CICIES haciendo una reunión con Almagro y mandando una carta a Naciones Unidas. Demuestran un profundo desconocimiento y menosprecio de las reglas de la política internacional.

Otra meta no cumplida: para que nunca existiera ningún vacío en cuanto a la lucha contra la corrupción, la fórmula Bukele/Ulloa se comprometió a nombrar de inmediato a un Comisionado Anticorrupción, quien desde Casa Presidencial vigilaría las instituciones del Ejecutivo, y que sea un personaje de las filas de la oposición. Obviamente, era un chiste. Mal chiste, porque nadie se rio…

Otra de las grandes promesas, siempre en el tema anticorrupción: la erradicación de los fondos reservados en Casa Presidencial. Siempre han estado bajo el control del secretario privado de la Presidencia, sin tener que rendir cuentas a nadie, y en las investigaciones contra Saca y Funes esta famosa “partida secreta” jugó el papel estelar. Es a través de este mecanismo que se malversaron —y en buena parte se robaron— 300 millones en el mandato de Saca y 350 en el de Funes. Parecía lógico que en las últimas elecciones todos los candidatos presidenciales juraron que la primera cosa que iban a hacer es abolir la partida secreta y reservada y transparentar todos los gastos de Casa Presidencial.

Bueno, Bukele también juró acabar con los fondos reservados, que son 20 millones para junio a diciembre 2019. Bueno, se tomó muy literal lo de acabar: entre junio y julio de este año, en sus primeros 60 días, ya se gastó los primeros 2.1 millones del fondo reservado. Sin audiencia. Sin rendición de cuentas.

Así va el gobierno de turno con sus promesas de anticorrupción. 

Saludos,

Diplomacia, ilusionismo y realidades. De Joaquín Samayoa

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 6 septiembre 2019

El nuevo embajador estadounidense arribó a nuestro país con tres días de retraso. Viajó tan pronto como se lo permitió el huracán Dorian, que horas antes había volcado su furia contra las Bahamas pero se acercó ya más calmado a las costas del sureste de los Estados Unidos.

Ese insignificante retraso le dio oportunidad al Sr. Ronald D. Johnson para mostrar una inusual cortesía con nuestro pueblo y gobierno. Ante la imposibilidad de llegar el día que se había anunciado, se tomó la molestia de grabar y enviarnos un video para saludarnos y expresar que se siente muy honrado por su nombramiento como embajador en El Salvador. Buen detalle. Apreciamos mucho esa actitud de respeto, que evidencia también la disciplina de un exmilitar acostumbrado a cumplir con rigurosidad las misiones que se le encomiendan.

En relación con los enormes y complejos desafíos que enfrenta la gran nación del norte en el escenario global, pareciera que la relación de Estados Unidos con El Salvador no tiene mayor importancia; pero ya la tuvo una vez, hace solo unas pocas décadas, cuando el presidente Ronald Reagan decidió marcar en nuestro país la línea para detener el avance del comunismo en la región, lo cual convirtió a El Salvador en el segundo mayor receptor de ayuda económica y militar de los Estados Unidos a escala mundial.

Ahora la amenaza para Estados Unidos es diferente, pero sigue teniendo buenas razones para prestar atención a este vecino pequeño, sin recursos naturales, con una economía asfixiada por su elevada deuda externa, y socavada por la corrupción en las más altas esferas del gobierno, así como por los altos y persistentes índices de criminalidad, debilidad del sistema de justicia penal, una lacerante inequidad social y una cultura que aplaude la ingeniosidad de los que encuentran la forma de burlar las leyes y actuar al margen de las autoridades.

El efecto acumulativo, ya por varias décadas, de ésas y otras lacras sociales, terminó por convertir a El Salvador en un país extremadamente inseguro y sin oportunidades para la mayoría de sus habitantes.

En esta prolongada pesadilla, los dirigentes políticos agotaron sus energías protagonizando estériles enfrentamientos ideológicos, sin encontrar la manera de proveer más y mejor educación, vivienda digna y mejores servicios de salud pública. Las élites económicas y las clases medias acomodadas hemos sido bastante insensibles o nos hemos sentido impotentes ante ese drama que sufren día tras día los más pobres y marginados de nuestra sociedad.

Paradójicamente, estas terribles realidades nuestras son las que obligan a Estados Unidos a prestar más atención a El Salvador. Los salvadoreños que viven angustiados por la inseguridad que pesa sobre sus hijos, los salvadoreños que se cansaron de intentarlo y concluyen que en su propia tierra no hay presente ni futuro para ellos, los que no tienen nada que perder porque no tienen ni lo más básico para una vida digna, ellos son los que, animados solamente por una tenue esperanza, han forzado su entrada a los Estados Unidos y han contribuido a crear lo que, desde allá, se percibe como una crisis migratoria.

Aunque el problema que ven los Estados Unidos tal vez se haya magnificado por el uso de lentes paranoides, racistas o xenofóbicos, hay que reconocer que el problema es real. No es fácil conciliar la inclaudicable voluntad de los inmigrantes indocumentados, con el legítimo derecho de una nación a proteger sus fronteras y ordenar sus migraciones.

A diferencia de los expresidentes George W. Bush y Barack Obama, que buscaron consensos para una reforma migratoria comprensiva, humanitaria y pragmática, el presidente Trump simplemente quiere cortar por lo sano el flujo masivo de migrantes pobres de México y Centroamérica. Y eso mismo es lo que quieren los ciudadanos estadounidenses que sienten invadidos sus espacios y amenazada su cultura.

Ese es uno de los grandes temas comunes en las agendas de relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. De ahí derivan otros propósitos comunes, como el combate a la corrupción y la reducción de la violencia, para darle a El Salvador una mejor probabilidad de desarrollo y, por esa vía, reducir las cantidades de salvadoreños a quienes la migración se les ha impuesto como única posibilidad para rehacer sus vidas.

El otro gran problema que tienen los Estados Unidos se llama China. Durante la guerra fría, hubo que frenar el expansionismo soviético. Ahora es el expansionismo chino, mucho más sofisticado, amenazando con la conquista de una retaguardia estratégica para cuando llegue el momento de golpear más fuertemente a Estados Unidos en una nueva fase de la disputa por la hegemonía económica y cultural.

Tanto en esta última dimensión como en la señalada anteriormente, el embajador Johnson debe ser un actor sutil pero muy activo en el esfuerzo conjunto de los dos países. De momento cuenta con la anuencia del gobierno de Nayib Bukele para emprender la difícil tarea de frenar a China y frenar también la migración desordenada de tantos salvadoreños. Sin embargo, debe estar muy atento para detectar oportunamente las fisuras en la alianza.

El presidente Bukele es un excelente ilusionista. Tiene todo para ser un buen gobernante y un buen aliado de los Estados Unidos, pero todavía no da señales convincentes de su vocación democrática, ni de su voluntad para combatir la corrupción. Su único éxito ha sido hacer magia con el twitter para hacerse amar y para hacerse temer. El embajador Johnson afirmó que llega a El Salvador en un momento de cambio, pero todavía está por verse si ese cambio es real o es fake: si es el cambio que los salvadoreños esperamos o un cambio del que después tengamos que lamentarnos.

La mentalidad de corto plazo. De Manuel Hinds

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 6 septiembre 2019

Entre todas las interrogantes que plantea la creciente crisis en Argentina, una de las más intrigantes es ¿por qué le siguen prestando a Argentina si esta crisis de impago es la novena del país y la tercera en los últimos 20 años? ¿Si, más intrigante todavía, es la segunda en dos años? ¡Hace sólo un año que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le hizo el salvataje más grande de la historia (no de Argentina sino del mundo) y hoy ya está en crisis otra vez! Argentina es ya, con mucho, el mayor deudor del FMI. Aproximadamente la mitad de los préstamos de la institución se han dado a Argentina.

¿Cómo es que el FMI y los mercados privados siguen prestándole? Puede ser que se requiera de una asesoría psicológica para contestar esta pregunta, pero hay una razón económica que ayuda a explicar este comportamiento aparentemente absurdo: los incentivos en las instituciones financieras estimulan un comportamiento que irracional desde el punto de vista de las instituciones mismas pero racional desde el punto de vista de los personajes que las manejan día a día.

En los últimos años, muchas instituciones se han centrado en la generación inmediata de rendimientos como el criterio para juzgar a los gerentes y ejecutivos. No muchos sedan cuenta de que este énfasis en el corto plazo genera incentivos perversos para el rendimiento de la institución en el largo plazo porque, para los que manejan las instituciones, los rendimientos positivos de una mala operación financiera se presentan inmediatamente, y los negativos mucho más tarde en el futuro. Para el momento en el que estos últimos se presentan, los que hicieron la operación ya se han movido a otra posición, o a otra institución, o se han vuelto demasiado poderosos para que una mala decisión del pasado los afecte.

Observe el caso de Christine Legarde, que fue la que autorizó la operación de salvataje del año pasado, comprometiendo 57 mil millones de dólares del FMI en un programa obviamente mal diseñado que fracasó en apenas un año. Para cuando el escándalo se empezó a generar la semana pasada, cuando la gente comenzó a preguntar quién metió esta pata en el FMI, ella ya estaba encaminada a ser la presidenta del Banco Central Europeo, en un proceso que ya está demasiado adelantado por razones geopolíticas para que sea echado para atrás. La rapidez con la que Argentina procesa nuevas crisis hizo que por poco la agarrara la puerta (¿quién iba a imaginarse que la siguiente crisis sería en un año?), pero no la agarró.

Bueno, el FMI está sujeto a presiones políticas. Pero, ¿y el sector privado? ¿Cómo es que regresa una y otra vez a prestarle fondos a Argentina? El entusiasmo por prestarle ha sido tan grande que hace un par de años, en 2017, Argentina emitió un bono pagadero a 100 años, y la demanda por los bonos (el deseo de financiar a Argentina) superó por bastante la cantidad que el país había deseado tomar prestada. Hoy esos bonos tienen un precio de 54 centavos por cada dólar que los financieros dieron al país.

Este comportamiento insano de los prestamistas se explica en gran parte porque los gerentes y ejecutivos que diseñan y hacen los préstamos, y los que recomiendan su compra, reciben sus emolumentos en el momento en el que el préstamo se concreta, no cuando se paga. De esta forma, los préstamos que ahora no se están pagando generaron comisiones, bonificaciones, pagos de servicios, utilidades, etc., que, cuando hablamos de las magnitudes en las que Argentina aumentó su deuda en los últimos años, hicieron millonarios a muchos. Los compradores últimos de los bonos (que no necesariamente son los mismos que los diseñaron) pagaron estas comisiones muy felices. No es hasta hoy que descubren que lo que pagaron era para perder enormes cantidades, para ellos y sus clientes.

Esto es sólo un ejemplo más de lo tontas que son esas estrategias de medir el éxito por la supuesta rentabilidad inmediata de cada operación o persona. Esta sustitución de la evaluación estratégica de largo plazo por los resultados de corto plazo fue la caída de General Electric y es la causa de la crisis de Boeing, por ejemplo. ¿Habrá que esperar muchas crisis más para que la gente lo vea?

Minority Report. De Salvador Samayoa

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 6 septiembre 2019

A punto de cumplirse los primeros 100 días del gobierno de Nayib Bukele, parece que una mayoría muy amplia de salvadoreños le dará cifras bien altas de popularidad y aprobación. Este será un dato duro, que muy pocos se atreverán a ensombrecer o disminuir, pero será también un dato interpretable, que debemos analizar sin temor a disentir.

En tiempos de bonanza o de crisis nacional, la buena imagen de un presidente está determinada por logros de gran importancia económica, política o social, por hacer la paz en tiempos de guerra, por sacar a la economía de una devastadora recesión, por reconstruir el país después de un desastre natural, por restaurar las libertades públicas pisoteadas por un régimen de opresión. Pero en la más plana normalidad, la buena o mala imagen de un presidente, o su aprobación en general, no es sinónimo de buen o mal gobierno, ni es un juicio ético o de legitimidad.

Es algo diferente, más básico, más espontáneo, más emocional. La gente se identifica con un líder político, lo apoya y lo aprueba cuando cree que el líder conoce su estado de ánimo, su manera de pensar, sus esperanzas y frustraciones, sus problemas y aspiraciones, su lenguaje y sus reacciones, tanto en lo trivial y cotidiano como en las más complejas situaciones. En ese sentido, la imagen del líder es resultado de su dominio de los resortes emocionales, de su magnetismo personal y de su fuerza comunicacional más que de su capacidad o de su desempeño real, aunque debe hacer, por supuesto, algunas obras y dar algunos beneficios tangibles a la sociedad.

La opinión pública es sin duda un fenómeno más subjetivo que racional. El costo de la vida, por ejemplo, es un conjunto de precios de productos de consumo popular. Se puede saber si ha subido o bajado la gasolina o el pan. Si hay inflación la gente va a protestar, pero si no pasa nada, igual va a opinar. Sabemos que en El Salvador no ha bajado el índice de precios al consumidor, pero en una encuesta reciente la cantidad de personas que en mayo consideraban mala o muy mala la situación del costo de la vida se redujo de 79% a 63%. Eso no tiene un sustento racional. Es una sensación. Uno no le pide al que viene de comulgar que explique las razones de su gozo espiritual. En ese momento siente que Dios está con él y que todo va a estar bien.

La gente cree lo que quiere creer. A veces acierta y a veces no. Hace diez años creyó que el nuevo presidente sería el adalid de los pobres, el salvador de la patria, el restaurador de la decencia. Y así nos fue. Ahora nuestro joven presidente le ha devuelto el buen ánimo y la esperanza al conglomerado nacional.

Qué bueno entonces que haya ahora un estado de ánimo tan positivo en la gente y en el sector empresarial. Y qué bueno que el 61% de los encuestados, según LPG Datos, “aprueba mucho” al presidente. Seguro lo va a celebrar, pero no estará en esa mayoría fácil su mayor potencial. Tendrá que escuchar al 39% restante, a la minoría que aprueba algunas cosas pero desaprueba muchas otras.

En esa minoría me incluyo. En la que desaprueba que al día siguiente de asumir el poder, el 2 de junio, en su primera disposición gubernamental, como parte de las reformas al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el presidente “devolviera a las sombras” el presupuesto del OIE, reproduciendo así el mismo mecanismo que utilizaron Saca y Funes para esconder y desviar grandes cantidades de fondos del Estado.

Me incluyo en la minoría que no le deja pasar sin comentarios el incumplimiento hasta la fecha de su reiterada promesa de suprimir la partida secreta de la Presidencia y acabar con la falta de transparencia.

Soy parte de la minoría que aplaude la reducción de homicidios y le reconoce al presidente su mayor virtud de ponerse realmente al frente de la seguridad pública, pero por pura lógica duda que los números a la baja se deban al plan de control territorial, porque si así fuera, tendríamos 16 o 22 municipios con bajas sensibles y el resto del territorio con la misma actividad delincuencial. Más sentido entonces tiene pensar en una decisión de las pandillas de carácter unilateral, o en un entendimiento o pacto que no quisiéramos ni imaginar. Rechazo también la militarización de la seguridad. No me gustó antes y no me gusta hoy. Es más de lo mismo, y más allá del discurso maravilloso de un comisionado presidencial, no se han visto hasta la fecha planes concretos de obras comunitarias que resalten el componente social.

Soy parte de la minoría decepcionada por el nuevo gabinete. Pocos perfiles sobresalientes y muchos amigos del presidente. En varios nombramientos no se ven los méritos, la formación o la experiencia profesional que hacen a un funcionario competente o eficaz. En entidades como CEL y MOP, que manejan cientos de millones de dólares, la falta de idoneidad puede ser hasta sospechosa y afectar algo más que la eficacia gubernamental.

En otro orden, me incluyo en la minoría que ve con buenos ojos el cambio en las relaciones con Estados Unidos. En ese giro Nayib representa sin duda el sentimiento de la población y el interés general de la nación, pero no podemos ignorar que hasta la fecha nuestra gente sigue siendo tratada con la misma dureza o tal vez peor, y tampoco podemos hacer cuentas alegres con los montos esperados de cooperación y de inversión.

Sobre los despidos mediáticos de las primeras semanas, que aumentaron la popularidad del presidente, respaldamos el desmontaje del nepotismo, pero nos mantenemos en la minoría que no se deslumbra con fuegos artificiales. Creeremos más cuando impulsen la ley de la función pública para que los familiares y amigos de los presidentes no entren sin méritos al Gobierno. De igual manera, creeremos más en la lucha contra la corrupción cuando la persecución a los otros no sea cortina de humo para proteger a los propios.

En la película de Steven Spielberg Minority Report, ambientada en Washington DC, hay una fuerza de Policía denominada “precrimen”, que usa las visiones de futuro de tres mutantes para acusar a los que van a cometer un crimen antes de que lo cometan. Algunos en nuestro país piensan que Bukele cometerá en los próximos años un crimen mayor contra la democracia.

Tal vez sea esta una preocupación excesiva, pero no le haría mal al presidente moderar sus pulsiones autocráticas y desmontar los escuadrones de linchamiento cibernético a sus críticos, porque esa forma de intolerancia es antidemocrática… y es la mancha más fea de una presidencia brillante.