Publicado en EL DIARIO DE HOY, 4 noviembre 2019
La semana pasada se abrió una polémica por una resolución emitida por la Cámara Primera de lo Penal, en la cual se declara incompetente para conocer del caso contra el magistrado Eduardo Escalante por considerar que los hechos se adecuan a una falta y no un delito. Sobre los actos que se le imputan al magistrado Escalante no voy a comentar nada, ya que hacerlo sin tener a la mano el expediente sería una opinión basada en percepción y no en los hechos que constan en las pruebas.
Sin embargo, algo que no quisiera pasar por alto es el linchamiento contra la Cámara. Varios medios de comunicación reportaron títulos que resultan aberrantes a cualquiera: “Tocarle genitales a niña en la calle no es delito” o “Cámara libera a magistrado y dice manoseo no es delito”. Eso resulta repugnante para quien lo lea y si semejante desfachatez es cierta, resulta sumamente condenable. Esta fue la llama que ha encendido a muchas personas. Pero una cosa es criticar una resolución de una Cámara teniendo a la vista su contenido y fundamentación jurídica, otra muy distinta es hacerlo con el dicho del abogado defensor del acusado.
Lo que una parte interesada dice siempre estará orientado a que su punto prevalezca. Esta vez, la información de la Cámara se ha vuelto viral con las palabras mal dichas del abogado defensor del acusado (que asustan a cualquiera), y no con las letras y puntos de los magistrados. No se trata de defensa de acusado o los magistrados de Cámara, es que la información que se brinda a los ciudadanos debe ser limpia, sin sesgos para que cada quien tenga la oportunidad de sacar sus propias conclusiones.
Si hay algo que está caracterizando a esta era es la desinformación. Ahora entramos a las redes sociales o a las noticias disponibles en internet y ya no sabemos qué es real y que es mentira. Y esto no siempre es producto de la mala intención, sino también de la imprecisión y poca rigurosidad con la que se redactan algunas notas.
Las cuestiones legales y judiciales son técnicas y tediosas. En esta era de la desinformación, los medios de comunicación tienen el reto de traducir estas situaciones técnicas a un lenguaje común y claro que las vuelva entendibles a cualquier persona. Es preferible una nota bien fundamentada, con todas las versiones posibles contrastadas y sin sesgos, a una nota rápida y hecha con el dicho de una parte totalmente interesada como un abogado defensor.
En los temas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres todas las instituciones deben poner las barbas en remojo con el tratamiento de los casos. Se necesita mayor sensibilización para todas las partes, el involucramiento de equipos multidisciplinarios sólidos que acompañen los procesos, reformas para superar errores o vacíos legales, pero también información clara y precisa, para que los hechos, las percepciones y las ideas preconcebidas no se mezclen en una situación tan delicada y complicada.
En esta República, lo que queremos es que niñas, adolescentes y mujeres vivan en un ambiente en el cual se nos trate con dignidad, respeto e igualdad. El Estado tiene especial deber de salvaguardar estos derechos considerando que históricamente las mujeres se han posicionado en situación de desventaja en todos los ámbitos de la vida frente a los hombres. Los casos de violencia contra las mujeres y sobre la posible comisión de delitos sexuales contra ellas deben ser tratados con muchísima atención. En un Estado de Derecho, el adecuado tratamiento del caso también incluye a los demás involucrados.
Volviendo al caso, esta situación es difícil para la menor afectada y su familia, así como para una sociedad cansada de la impunidad. Pero el debate debe fundamentarse en hechos, en puntos claros, en derecho, no en ideas preconcebidas o desinformación. Al final, lo que queremos es justicia no linchamientos mediáticos a jueces, acusados, defensores, fiscales o a las víctimas.
