Nadie quiere que al actual Gobierno le vaya mal. Nadie en su sano juicio debería desear que los planes de seguridad fracasen y que nosotros como ciudadanos sigamos mal. Eso hay que decirlo claro y fuerte ante la ola de críticas que caen cuando una persona dice cualquier cosa sobre la administración de Nayib Bukele. Pero tampoco significa que las decisiones gubernamentales se vuelven infalibles e incuestionables. Si se comete un error hay que señalarlo; y como contrapartida esperaríamos que los funcionarios tengan la suficiente madurez para enmendarlo.
En el primer mes del gobierno han existido decisiones puestas en duda, no por la intención de los funcionarios, sino por la forma en que han sido adoptadas. Las últimas son las relacionadas al “plan control territorial”. En poco tiempo han tomado decisiones necesarias y que habían sido obviadas por los gobiernos anteriores, como retomar el control de los centros penales a nivel nacional, tal y como lo han informado. Sin embargo, se ha cuestionado que estas medidas dejan de lado el respeto a derechos que tiene toda persona, como el derecho de audiencia, defensa, al debido proceso, etc. Y no, nuevamente hay que aclarar que quienes criticamos las medidas no estamos en favor de las pandillas o el crimen organizado, sino que pedimos el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos.
La defensa de los derechos humanos es importante por varias razones. Primero, porque somos seres humanos y nadie puede despojar absolutamente de sus derechos a otra persona. Segundo, los condenados que deseen reformar sus conductas y reinsertarse a la sociedad tienen derecho a una segunda oportunidad. Tercero, porque nos conviene a todos. Mantener el respeto a los derechos humanos nos protege a todos los ciudadanos, inocentes o culpables, de las arbitrariedades del poder público y garantiza que a las personas se les respete el mínimo de derechos en cualquier situación.
Nadie busca la impunidad de los grupos delincuenciales. Pero todas las personas tenemos derechos en una república, incluso aquellos que han sido encarcelados y sufren condenas. Ni el ciudadano común y corriente, muchos menos los jueces, tienen que explicar “de qué lado están”, como lo ha señalado el señor presidente de la república. Los ciudadanos debemos apoyar las buenas iniciativas que provengan del Órgano Ejecutivo no solo cuando estas tengan buenas intenciones, sino que también cuando estas sean adoptadas conforme a derecho, respetando leyes e instituciones establecidas. El presidente no puede descargar el éxito o fracaso de sus planes de control territorial en los jueces, pues estos últimos están sujetos a las leyes y no pueden tomar sus decisiones por criterios políticos.
Los señalamientos de los funcionarios de gobierno y sus simpatizantes hacia los ciudadanos que cuestionan sus decisiones deben mesurarse. Hoy no es necesario ni siquiera decir algo “malo” para que salten las suspicacias y teorías de la conspiración contra los que se atreven a dar su opinión. Los periodistas han sido blanco de fuertes señalamientos por informar o en algunos casos dar su opinión. La presunción de mala intención que actualmente recae sobre el periodismo salvadoreño es preocupante. El presidente debe tener claro que cada una de sus decisiones va a estar sometida a un fuerte escrutinio, con base en el deber de informar de los periodistas y el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos.
Ninguna persona que aprecia nuestro país quiere que los planes del gobierno fracasen, muchos menos las decisiones en temas de seguridad pública. Pero hay cosas que ni los funcionarios del gabinete ni el presidente de la república se pueden saltar; las leyes, las instituciones y los derechos de las personas, son algunos ejemplos.
