Carta a la Sala: Alguien tiene que aplicar la racionalidad

Blanco y negro es bellísimo en fotografía, pero en política es fatal. La fotografía en blanco y negro saca la belleza de las miles de variaciones de gris entre la luz y la sombra, pero en política el pensamiento reducido a blanco y negro niega la existencia de toda la gama de grises.

Un ejemplo de esto es el fatal debate que en el país se ha armado sobre la Ley de Extinción de Dominio, o más bien la ausencia de un verdadero debate.

La Ley de Extinción de Dominio tiene el propósito de permitir al Estado decomisarles a los criminales sus bienes ilegales, acumulados como resultado de actividades criminales. Es una herramienta necesaria para combatir el narcotráfico, la corrupción, el crimen de cuello blanco, la mafia, la extorsión, el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. La idea es pegar a los criminales donde más les duele: en el fruto financiero de sus actos ilícitos.

En El Salvador esta ley fue introducida en 2013 por presión de Estados Unidos en el contexto de la aprobación del Fomilenio II. Se hizo mal y de mala gana.

Esta ley tuvo problemas de inconstitucionalidad. La Constitución prohíbe al Estado cualquier forma de confiscación a sus ciudadanos. Muchos juristas señalaron que esta ley, así como fue aprobada y aplicada en El Salvador, chocaba con esta garantía constitucional y con las reglas del debido proceso. Por tanto, voces calificadas entre abogados y constitucionalistas abrieron un debate sobre la necesidad de reformar esta ley, y algunos interpusieron demandas ante la Sala de lo Constitucional.

Su argumento principal fue que el Estado no puede confiscar bienes a sus ciudadanos antes de que estén vencidos en juicio. Y no puede ser que el Estado invierta el principio básico constitucional de la presunción de inocencia y aplique lo contrario, la presunción de culpabilidad. Resulta que en los juicios de Extinción de Dominio, el ciudadano tiene que comprobar el origen legal de sus bienes, cuando debería ser el Estado que comprueba su origen ilícito.

Comenzó un debate perverso. Los defensores de la Ley de Extinción de Dominio, encabezados por el fiscal general y la embajadora de Estados Unidos, rechazaron cualquier intento de reforma con el argumento que reformarla equivalía a proteger la corrupción y el crimen organizado.

Y por supuesto, aparte de los constitucionalistas que estaban preocupados por el Estado de Derecho y el debido proceso, también comenzaron a moverse los corruptos y sus protectores en la Asamblea. No perdiendo tiempo con análisis constitucional, armaron en la Asamblea su coalición de pícaros y dentro de un combo con otros intereses oscuros reformaron dicha ley, unos para protegerse a ellos mismos y sus bienes mal habidos y los otros para conseguir en este combo $500 millones de los fondos de pensiones.

El rechazo a esta manera de reformar una ley, sin debate y análisis profundos, no dejó de  esperarse. Pero los críticos a esta reforma ilegítima cayeron en el vicio del blanco y negro. En su indignación contra el madrugón de los pícaros desapareció el análisis diferenciado sobre la problemática de esta ley. Solo por el hecho que FMLN y GANA habían hecho una mala reforma, que de hecho protege a los corruptos, se descartó cualquier reforma. De repente, todos que articulan argumentos legítimos contra los vicios de inconstitucionalidad de la Ley de Extinción de Dominio están bajo sospecha de querer proteger la corrupción.

Lo racional sería revertir las reformas malintencionadas del bloque FMLN-GANA y volver a abrir el debate sobre cómo reformar esta ley para que el Estado tenga un instrumento legítimo, apegado a la Constitución, de combatir la corrupción y el crimen organizado. Pero esta racionalidad no existe, ni en la Fiscalía, ni en la Asamblea, ni en la Presidencia, ni en la embajada de Estados Unidos, porque todos insisten en el blanco y negro.

Ojala que la Sala, que todavía tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad tanto de la ley original como de su reforma precipitada, aplique esta racionalidad y defina cómo y en qué puntos hay que reformar esta ley. Porque ahora tenemos dos versiones de esta ley y ninguna de las dos sirve.

Saludos,



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(MAS! / El Diario de Hoy)

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