Guillermo Gallegos y Paolo Luers debatiendo sobre estado de excepción y otras medidas extraordinarias de Seguridad
Sí es necesario. De Guillermo Gallegos
En las democracias modernas se han
establecido disposiciones constitucionales para definir los lineamientos
para que los gobiernos puedan declarar y aplicar normas excepcionales
de emergencia en casos de graves conflictos externos e internos.
Debido a los inaceptables niveles de una
salvaje criminalidad de las pandillas que afecta la seguridad de los
salvadoreños, especialmente de aquellos que residen en las comunidades
identificadas como de alta incidencia delincuencial, se hace necesario
buscar alternativas urgentes de solución que sean respetuosas del marco
constitucional y legal del país.
Por ello, he propuesto con el claro objetivo de disminuir y controlar la espiral de violencia, la urgente aplicación del Régimen
de Excepción Focalizado referido en el artículo 29 de la Constitución,
en aquellos municipios identificados por su alta incidencia criminal,
en virtud de la grave perturbación al orden público que provoca y a
efecto de restituirles la tranquilidad a las familias decentes y
honradas, salvaguardando su vida, sus valores y bienes jurídicos.
Nos hemos basado en sólidas premisas
jurídicas y constitucionales, no de exabruptos ideológicos o de
mezquinos oportunismos políticos con objetivos electorales de sectores
anacrónicos claramente evidenciado, que mienten descaradamente y
manipulan la realidad de los acontecimientos e iniciativas hechas con
visión de nación.
La suspensión de ciertas garantías
constitucionales se hará únicamente en los municipios y comunidades en
aquellos lugares identificados como de alta incidencia delincuencial,
por las autoridades de seguridad pública.
Pero ante todo, queremos expresar con
claridad y firmeza para que no se manipule nuestra posición, que los
hombres y mujeres libres de GANA mantenemos nuestra enérgica
oposición a que los regímenes de excepción focalizados, se utilicen
como una justificación para implementar medidas de corte totalitario,
como la supresión de la libertad del pensamiento, la libertad de
expresión y el derecho a la información.
Estas facultades de suspensión de ciertas
garantías constitucionales, dentro de un Estado de Derecho son una
forma de protección especial del derecho fundamental a la vida, deben
ser evaluadas como una medida adicional dentro de un conjunto de medidas
excepcionales contempladas con visión sistémica e integral, no como una
panacea aislada como la presentan malintencionadamente los grupos que
buscan cínicamente agudizar la crisis nacional, para obtener los
votos de los salvadoreños espantados por el inhumano genocidio que
realizan las pandillas.
Los Estados ejercen estos poderes
extraordinarios con fundamento en el marco constitucional y jurídico,
pues ello regula su ejercicio y establece los límites necesarios al
poder público, así como también determina las eventuales
responsabilidades legales provenientes de las infracciones que cometan
las autoridades en el ejercicio de dicha facultades.
El Salvador ha reconocido el Pacto de las
Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos suscritos en Nueva
York el 16 de diciembre de 1966 que regula los estados de excepción de
la siguiente manera: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro
la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamado
oficialmente, los Estados parte en el presente Pacto podrán adoptar
disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias
de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este
Pacto…”.
Las circunstancias excepcionales que vive
nuestra nación no admiten los argumentos de los “envenenados
ideológicamente”, ni de “oportunistas políticos”, ni mucho menos de
“garantistas románticos”, que se llenan la boca con verborrea cargada de
tecnicismos inconsistentes que se desmoronan ante la cruda y dolorosa
realidad que vivimos todos los salvadoreños. !!!Nosotros sostenemos que
las ideologías dividen y los principios unen !!!
Estamos plenamente convencidos de nuestro compromiso cristiano para
detener la sangre derramada de nuestros hermanos, el cual es compartido
incluso por el Arzobispo de San Salvador, que con sinceridad clama por
acciones inmediatas para salvar la vida de cada una de nuestras
familias.
@GGallegos24
No es necesario. De Paolo Luers
Un estado de excepción según artículo 29
de la Constitución no aportaría nada para el combate a la delincuencia, y
mucho menos para la reducción de la violencia. Los derechos
constitucionales que permitiría suspender, no constituyen obstáculos
para que la PNC, la Fuerza Armada y la Fiscalía hagan más eficiente su
trabajo. Suspender las libertades de expresión, de asociación y de libre
movimiento solamente afectaría a los ciudadanos comunes, ya que los
pandilleros de todas formas se mueven fuera de la legalidad, con o sin
régimen especial.
Provocar un debate sobre un estado de excepción fue una clásica trampa cazabobos del FMLN. El primero que cayó fue el fiscal general: fue él quien en la reunión en Casa Presidencial propuso un régimen de excepción, no el presidente, quien solo hablaba en términos generales de ‘medidas excepcionales’. Luego cayeron varios diputados opositores. Como ya le pidieron un estado de excepción, el gobierno de repente ganó legitimidad para pedir por lo menos un ‘estado de emergencia’ y/o ‘medidas excepcionales’. De repente, a pesar del fracaso de sus políticas de seguridad, goza de amplio apoyo…
Un ‘estado de emergencia’ no suspende derechos constitucionales, pero le libera al gobierno de las limitaciones y reglas presupuestarias; le da el derecho de mover libremente fondos y contratar servicios o compras sin licitaciones públicas.
¿Es necesario un ‘estado de emergencia’ para detener la violencia en el país? Tampoco. El obstáculo para enfrentar con más eficiencia la violencia es la falta de un plan integral, o sea la incapacidad del gobierno de definir las prioridades de sus inversiones sociales. Un gobierno que no sabe priorizar estratégicamente sus inversiones, no necesita más flexibilidad en el manejo del presupuesto, necesita más flexibilidad mental que le permita abandonar los conceptos clásicos de mano dura y, aun peor, de la estrategia contrainsurgente aplicada a seguridad pública. El derecho de hacer uso discrecional de los fondos públicos no mejora la capacidad del combate a la delincuencia, sólo abre nuevos espacios para la corrupción.
Quedan entonces las ‘medidas extraordinarias’ que el ejecutivo presentará a la Asamblea después de vacaciones. Lo irónico: pedirán apoyo legislativo incluso para medidas que ni siquiera requieren aprobación parlamentaria.
La principal medida extraordinaria que implementarán es la intervención de los centros penales, con medidas muy drásticas: suspensión total de visitas (familiares, abogados, delegados de la Cruz Roja Internacional); encierro en celdas las 24 horas; requisas permanentes en todos los penales; toma de control de seguridad penitenciaria por parte de la PNC.
Nada de esto requiere aprobación legislativo. Lo que buscan es el aval de la oposición para sus planes, pero sin revisión del rumbo de su política de seguridad. Quieren que la oposición comparta el costo político, en caso que la situación, en vez de mejorar, se empeore a partir de las ‘medidas extraordinarias’.
¿Medidas extraordinarias de este tipo tienen sentido para reducir la violencia? No. Aunque es cierto que muchos delitos son ordenados o aprobados desde las cárceles, no existe ningún indicio para esperar que se cometerán menos delitos, con menos violencia, si se corta totalmente la comunicación con los pandilleros presos. Por lo contrario, es más probable que la violencia se multiplicará – como ha pasado cuando en febrero 2015 sometieron a aislamiento total en Zacatraz a las máximas cúpulas pandilleras. Intervenir los penales es otra medida populista con el cual el gobierno mostraría mano dura, pero la experiencia indica: Por más atomizadas y desorganizadas las pandillas, más agresivas y violentas se vuelven. La incapacidad de controlar los territorios no se resuelve incrementando la represión en los penales.
La mejor medida excepcional que sería que el gobierno retome y ejecute con eficiencia y consistencia todas las funciones regulares que el Estado ha dejado de cumplir para buena parte de sus territorios. Como escribió Sandra de Barraza: “En situaciones excepcionales, deben tomarse medidas extraordinarias. Extraordinario es utilizar el valioso talento y los millonarios recursos disponibles en el sector público extraordinariamente.”
@paololuers
