#RingDeHoy: ¿Es necesario un estado de excepción para detener el alza de violencia y asesinatos en el país? De Guillermo Gallegos y Paolo Luers

Guillermo Gallegos y Paolo Luers debatiendo sobre estado de excepción y otras medidas extraordinarias de Seguridad

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Sí es necesario. De Guillermo Gallegos

 

En las democracias modernas se han establecido disposiciones constitucionales para definir los lineamientos para  que los gobiernos puedan declarar y aplicar normas excepcionales de emergencia en casos de graves conflictos externos e internos.

Debido a los inaceptables niveles de  una salvaje  criminalidad  de las pandillas que afecta  la seguridad de los salvadoreños, especialmente de aquellos que residen en las comunidades identificadas como de alta incidencia delincuencial, se hace necesario  buscar alternativas urgentes de solución que sean respetuosas del marco constitucional y legal del país.

Por ello, he propuesto con el claro objetivo de disminuir y controlar la espiral de violencia, la  urgente aplicación del Régimen de Excepción Focalizado referido en el artículo 29 de la Constitución, en aquellos municipios identificados por su alta incidencia  criminal, en virtud de la grave perturbación al orden público que provoca y  a efecto de restituirles la tranquilidad a las familias decentes y honradas, salvaguardando  su vida, sus valores y bienes jurídicos.

Nos hemos basado en sólidas premisas jurídicas y constitucionales, no de exabruptos ideológicos o de mezquinos oportunismos políticos con objetivos electorales de sectores anacrónicos claramente  evidenciado, que mienten descaradamente y  manipulan  la realidad de los acontecimientos e iniciativas hechas con visión de nación.

La suspensión de  ciertas garantías constitucionales se hará únicamente en los municipios y comunidades en aquellos lugares identificados como de alta incidencia delincuencial, por las autoridades de seguridad pública.

Pero ante todo, queremos expresar con claridad y firmeza para que no se manipule nuestra posición, que los hombres y mujeres libres de GANA mantenemos  nuestra  enérgica  oposición  a  que los regímenes de excepción focalizados,   se utilicen como una justificación para implementar medidas de corte totalitario, como la supresión de  la  libertad del pensamiento, la libertad  de expresión y el derecho a la  información.

Estas facultades de suspensión de ciertas garantías constitucionales, dentro de un Estado de Derecho son una forma de protección especial del derecho fundamental a la vida, deben ser evaluadas como una medida adicional dentro de un conjunto de medidas excepcionales contempladas con visión sistémica e integral, no como una panacea aislada como la presentan malintencionadamente los grupos que  buscan cínicamente  agudizar la crisis nacional,  para obtener los votos de los salvadoreños espantados por el inhumano genocidio que  realizan las pandillas.

Los Estados ejercen estos poderes extraordinarios con fundamento en el marco constitucional y jurídico, pues ello regula su ejercicio y establece los límites necesarios al poder público, así como también determina las eventuales responsabilidades legales provenientes de las infracciones que cometan las autoridades en el ejercicio de dicha facultades.

El Salvador ha reconocido el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos suscritos en Nueva York el 16 de diciembre de 1966  que regula los estados de excepción de la siguiente manera: “En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamado oficialmente, los Estados parte en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto…”.

Las circunstancias excepcionales que vive nuestra nación no admiten los argumentos de los “envenenados ideológicamente”, ni de “oportunistas políticos”, ni mucho menos de “garantistas románticos”, que se llenan la boca con verborrea cargada de tecnicismos inconsistentes que se desmoronan ante la cruda y dolorosa realidad que vivimos todos los salvadoreños. !!!Nosotros sostenemos que las ideologías dividen y los principios unen !!!
Estamos plenamente convencidos  de nuestro compromiso cristiano  para detener la sangre derramada de nuestros hermanos, el cual es compartido incluso por el Arzobispo de San Salvador, que  con sinceridad clama por acciones inmediatas para salvar la vida de cada una de nuestras familias.
 @GGallegos24

No es necesario. De Paolo Luers

Paolo
 


Un estado de excepción según artículo 29 de la Constitución no aportaría nada para el combate a la delincuencia, y mucho menos para la reducción de la violencia. Los derechos constitucionales que permitiría suspender, no constituyen obstáculos para que la PNC, la Fuerza Armada y la Fiscalía hagan más eficiente su trabajo. Suspender las libertades de expresión, de asociación y de libre movimiento solamente afectaría a los ciudadanos comunes, ya que los pandilleros de todas formas se mueven fuera de la legalidad, con o sin régimen especial.

Provocar un debate sobre un estado de excepción fue una clásica trampa cazabobos del FMLN. El primero que cayó fue el fiscal general: fue él quien en la reunión en Casa Presidencial propuso un régimen de excepción, no el presidente, quien solo hablaba en términos generales de ‘medidas excepcionales’. Luego cayeron varios diputados opositores. Como ya le pidieron un estado de excepción, el gobierno de repente ganó legitimidad para pedir por lo menos un ‘estado de emergencia’ y/o ‘medidas excepcionales’. De repente, a pesar del fracaso de sus políticas de seguridad, goza de amplio apoyo…

Un ‘estado de emergencia’ no suspende derechos constitucionales, pero le libera al gobierno de las limitaciones y reglas presupuestarias; le da el derecho de mover libremente fondos y contratar servicios o compras sin licitaciones públicas.

¿Es necesario un ‘estado de emergencia’ para detener la violencia en el país? Tampoco. El obstáculo para enfrentar con más eficiencia la violencia es la falta de un plan integral, o sea la incapacidad del gobierno de definir las prioridades de sus inversiones sociales. Un gobierno que no sabe priorizar estratégicamente sus inversiones, no necesita más flexibilidad en el manejo del presupuesto, necesita más flexibilidad mental que le permita abandonar los conceptos clásicos de mano dura y, aun peor, de la estrategia contrainsurgente aplicada a seguridad pública. El derecho de hacer uso discrecional de los fondos públicos no mejora la capacidad del combate a la delincuencia, sólo abre nuevos espacios para la corrupción.

Quedan entonces las ‘medidas extraordinarias’ que el ejecutivo presentará a la Asamblea después de vacaciones. Lo irónico: pedirán apoyo legislativo incluso para medidas que ni siquiera requieren aprobación parlamentaria.

La principal medida extraordinaria que implementarán es la intervención de los centros penales, con medidas muy drásticas: suspensión total de visitas (familiares, abogados, delegados de la Cruz Roja Internacional); encierro en celdas las 24 horas; requisas permanentes en todos los penales; toma de control de seguridad penitenciaria por parte de la PNC.


Nada de esto requiere aprobación legislativo. Lo que buscan es el aval de la oposición para sus planes, pero sin revisión del rumbo de su política de seguridad. Quieren que la oposición comparta el costo político, en caso que la situación, en vez de mejorar, se empeore a partir de las ‘medidas extraordinarias’.

¿Medidas extraordinarias de este tipo tienen sentido para reducir la violencia? No. Aunque es cierto que muchos delitos son ordenados o aprobados desde las cárceles, no existe ningún indicio para esperar que se cometerán menos delitos, con menos violencia, si se corta totalmente la comunicación con los pandilleros presos. Por lo contrario, es más probable que la violencia se multiplicará – como ha pasado cuando en febrero 2015 sometieron a aislamiento total en Zacatraz a las máximas cúpulas pandilleras. Intervenir los penales es otra medida populista con el cual el gobierno mostraría mano dura, pero la experiencia indica: Por más atomizadas y desorganizadas las pandillas, más agresivas y violentas se vuelven. La incapacidad de controlar los territorios no se resuelve incrementando la represión en los penales.

La mejor medida excepcional que sería que el gobierno retome y ejecute con eficiencia y consistencia todas las funciones regulares que el Estado ha dejado de cumplir para buena parte de sus territorios. Como escribió Sandra de Barraza: “En situaciones excepcionales, deben tomarse medidas extraordinarias. Extraordinario es utilizar el valioso talento y los millonarios recursos disponibles en el sector público extraordinariamente.”

@paololuers