La primera reacción pública de Nayib
Bukele al allanamiento de la agencia de trolls “bunker”, que tiene entre sus
clientes la Alcaldía de San Salvador, va en esta dirección: “Y mientras hacen
el show con el supuesto "troll center", dejan la mesa servida para
aprobar mañana la Ley Mordaza (que censura el Internet)”, dijo en twitter
Bukele el día que estalló el escándalo alrededor de su agencia de difusión
digital “bunker”. Y el día siguiente, matando su chucho (aunque no creo que a
tiempo), cambió su perfil en twitter, poniéndose este indicativo: “Nayib Bukele
@nayibbukele. Alcalde de San Salvador, Líder del Ejército de Troles, Protector
de la Libertad de Expresión.”
Esto es la reacción cínica de alguien que sabe que la investigación de este caso puede llegarle muy cerca, a varios de sus colaboradores de confianza, o incluso a él mismo.
Puede
ser que por cuestión de cobertura legal los troll centers como “bunker” también
se dedican a actividades que son legales y gozan de las garantías de la
libertad de expresión. Pero el caso “bunker” demuestra que detrás de esta
fachada comercial se dedican a actividades ilegales, que lejos de ser
ejercicios de la libre expresión son lo contrario: ataques sistemáticos a la
libre expresión.
Roberto
Rubio, quien fue uno de los primeros en públicamente denunciar estos ataques y
su posible vinculación con entidades estatales, se convirtió en víctima de
ataques a su dignidad y su familia por el hecho de ser un líder de opinión
incómodo para el gobierno y su partido. Lo mismo pasó anteriormente a otros
columnistas. Siempre con impunidad y bajo el manto del anonimato…
Hasta
que se metieron con instituciones fuertes como La Prensa Gráfica, que tienen la
capacidad de iniciar una investigación propia y luego confrontar a la Fiscalía
General con pruebas. Al mismo tiempo que el alcalde Bukele inició una campaña
de criticas fuertes contra los dos periódicos grandes del país, tanto El Diario
de Hoy como La Prensa Gráfica fueron sujetos de ataques cibernéticos, con la
publicación de páginas falsificadas con contenidos falsos adjudicados a los
periódicos. Mientras la campaña de Bukele era expresión de mal gusto y mal
cálculo político, pero perfectamente legal y protegida por la libertad de
expresión, los ataques cibernéticos ya pasaron la raya. Por primera vez la
fiscalía y la PNC se ven obligados a actuar. Las investigaciones los llevan a
la agencia “bunker”, que tiene entre sus clientes la Alcaldía de San Salvador.
Lo
preocupante no es que en agencias como “bunker” operan trolls que manejan cuentas
anónimas y publican tonterías, mentiras, groserías sobre personajes
considerados “enemigos”. Esto es incómodo, pero hay que aguantarlo. Para mi
criterio, incluso está protegido por el derecho a la libertad de expresión, y
me opongo a cualquier legislación que quiere penalizar la expresión de
opiniones críticas e incluso abusivas.
No
así el uso sistemático y mercenario de las tecnologías informáticas para
implantar identidades de empresas y personas, para difamar a periodistas,
columnistas, empresarios, o dirigentes partidarios o cívicos. Estos sí
constituyen delitos, incluso en la legislación actual, y deben investigarse
hasta dar con los autores intelectuales.
Ustedes,
los cibernautas, los surfeadores del Internet, los
nuevos comunicadores en las redes sociales, no se sientan amenazados cuando al
fin se persigue a los delincuentes informáticos. Son ellos los que atacan la libertad de expresión, y por
eso hay que pararlos.
(Mas!/El Diario de Hoy)