Usted tiene en sus manos la denuncia de La Prensa Gráfica sobre los hackers que clonaron la versión digital de este periódico, insertando contenidos originales a la par de otros que atentan contra el honor de su director, José Roberto Dutriz.
Usted
tiene conocimiento de un caso similar en Guatemala, documentado por La
Prensa Libre, donde una de las pistas lleva a un ciudadano salvadoreño.
Usted
tiene en sus manos además, desde hace semanas, la denuncia de Roberto
Rubio, director de FUNDE, representante de Transparencia Internacional y
columnista, quien tiene indicios que similares ataques contra el honor
de él y su familia posiblemente provienen de entidades estatales
salvadoreñas.
Sólo la fiscalía, con sus recursos y competencias legales de recabar datos en los sistemas informáticos y los bancos, puede determinar quiénes están detrás de estas acciones ilegales. Sólo la fiscalía puede solicitar la colaboración de autoridades de otros países, en particular Estados Unidos, para rastrear la huella de los hackers, quienes obviamente usan conexiones informáticos y bancarios internacionales para cometer sus delitos.
Si
usted, como titular de la Fiscalía General de la República, no procede
con las investigaciones pertinentes, estos delitos, como tantos otros,
quedarán en la impunidad que hace posible este envenenamiento de nuestra
cultura política y de la libertad de expresión.
Si
usted no actúa, nunca vamos a saber si detrás de estas campañas
ilegales contra empresas, medios de comunicación y generadores de
opinión pública están instituciones y funcionarios públicos que cometen
estos delitos con fondos del Estado.
Si usted no actúa, señor fiscal, se hace cómplice.
Estos
delitos son difíciles, casi imposibles, de investigar para las empresas
y las personas afectadas, sin que a su vez incurran en operaciones
ilegales. Pero son fáciles de investigar para la fiscalía, la cual tiene
el monopolio de interceptar conexiones telefónicas, digitales y
bancarias. Para esto tenemos una fiscalía.
Aún
así, periodistas mexicanos han logrado documentar el amplio espionaje
de datos que en México ha cometido por años una empresa de espionaje
cibernético, contratada por el gobernador de Puebla (vea la actual
edición del medio digital mexicano “animalpolítico.com”, o la
documentación en el blog salvadoreño “segundavueltasv.wordpress.com”).
Ahí es claramente el Estado que actúa criminalmente, y de manera
sistemática, contra opositores políticos. Tal vez en El Salvador todavía
no hemos llegado a este extremo. Pero seguramente llegaremos, si la
única autoridad competente, o sea la fiscalía, no procede con rigor – y
sin temor de tocar fibras del poder, incluso del Estado o de partidos
políticos.
Recién
instalado en su cargo, usted dijo que en el país operan 4 centros
ilegales de escucha telefónica e intercepción de datos - y que tenía
conocimiento de sus ubicaciones y quiénes los operan. Nunca leí ninguna
noticia que la fiscalía haya desmantelado estos centros de espionaje y
llevado a la justicia a sus operadores. Es tiempo que usted actúe, para
garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión, de prensa y
de la oposición política.
La pelota está en su cancha, señor fiscal general. Saludos,
Posdata:
Sigo convencido que para erradicar este cáncer no hace falta una nueva
legislación que restrinja la libertad de expresión en el Internet. Las
leyes existentes ya definen los delitos en cuestión. Sólo hay que
aplicarlas.
