Todos estamos preocupados por la corrupción y por la falta de capacidad y
voluntad de la fiscalía -y de su actual titular- de investigarla y perseguirla.
Todos estamos conscientes que la fiscalía no es realmente independiente. Y
todos sabemos que la impunidad no sólo es un problema de la fiscalía, sino
también del sistema judicial, de la Asamblea, del Ejecutivo, de los partidos.
Hasta ahí hay un amplio consenso.
Entonces, ustedes dicen que la solución es
pedir que nos instalen una Comisión Internacional contra la Impunidad, como la
CICIG en Guatemala. Yo tengo mis dudas: prefiero que todos nos concentremos en
presionar que el país tenga una fiscalía que puede combatir la impunidad y la
corrupción.
En vez de pedir una Comisión
Internacional, que por definición sería temporal, necesitamos hacer funcionar
nuestras instituciones constitucionales y permanentes. Comenzando con la
fiscalía.
Este año la Asamblea Legislativa tiene
que elegir al nuevo fiscal general. Hay que aprovechar esta oportunidad para
crear acuerdos sobre una reforma profunda de la fiscalía. El punto de partida
es encontrar a un fiscal competente, independiente y audaz, que rompa con la
tradición de usar la fiscalía como centro de extorsión. Un fiscal que ni
encubre corrupción, pero que tampoco acepta encargos de venganza política.
Sin un buen fiscal no avanzamos en nada,
pero tampoco el mejor fiscal resuelve todo el problema. Hay que reformar la
fiscalía – y tienen razón: Para esto se necesita intervención de organismos y
personajes internacionales, que no tienen intereses propios: ni políticos, ni
económicos, ni partidarios. Tienen razón ustedes: Sólo así se corta el nudo
gordiano que amarra la corrupción y la impunidad.
Dentro del proceso de elección del nuevo
fiscal general, hay que construir un acuerdo de reformar la fiscalía, y de
conseguir para esto los apoyos e impulsos internacionales necesarios. La figura
es simple: Nada impide al nuevo fiscal general a nombrar, dentro de su
institución, pero con autonomía de criterios y procedimientos, a un fiscal
especial. Este fiscal especial puede ser un extranjero, escogido por Naciones
Unidas (así como pasó con el Comisionado que en Guatemala dirige la CICIG), y
que tenga entre sus facultades la de crear una comisión especial con dos
tareas: llevar adelante investigaciones especiales contra la impunidad, así
como lo hace la CICIG; y generar reformas al funcionamiento de la FGR, que en
un plazo razonable hagan dispensable la intervención internacional.
Es un modelo parecido a la CICIG
guatemalteca, pero la diferencia es que trabaja dentro de la fiscalía y para
reformarla. Tiene mucho menos complicaciones constitucionales que delegar
funciones de la fiscalía a un organismo parelelo. No requiere de compleja y
controversial legislación, como la instalación de una Comisión Internacional
paralela a la fiscalía. Y tiene una enorme ventaja: Garantiza que cuando
termine el mandato temporal del fiscal especial y de su comisión internacional,
nos dejará una fiscalía reformada que por si sola puede cumplir su mandato de
combatir la impunidad y la corrupción.
Como dije: El primer paso es saber asegurar
que se elija como fiscal general a un profesional con el coraje y la voluntad
de cortar el nudo gordiano de la impunidad - con la necesaria ayuda de la
comunidad internacional y de la ciudadanía, con profesionalismo e
independencia, y con la visión de asegurar que en el presente y en el futuro el
juego político, institucional y económico del país sea limpio, y no para
satisfacer revanchismos y resentimientos. Sería la FGR que haría un convenio
con Naciones Unidas y otras instancias internacionales, no el gobierno.
No pidamos milagros ni inventemos un
“deus ex maquina” que caiga del cielo y resuelva nuestros problemas, cuando
dentro de nuestro marco institucional podemos construir soluciones sostenibles
que no alteran ni la soberanía ni la institucionalidad del país.
Está
abierto el debate. Saludos, Paolo Lüers
(Mas!/El Diario de Hoy)
