Entonces, hay que seguir tercamente en
transparentar la cosa pública. Pero ojo: La transparencia, por si sola, no resuelve
ningún problema. Puede hasta confundir, si la información accesible no es
completa – y si no la sabemos analizar adecuadamente.
Demostración de esto es la lista de los
asesores de la Asamblea, que al fin se publicó, gracias a la permanente presión
ciudadana. Perfecto: Ahora conocemos los nombres de una buena parte de los
asesores y sabemos cuanto ganan. Pero en vez de abonar a un debate sobre cómo
podemos mejorar la calidad del órgano legislativo, hasta la fecha solo abona a
profundizar el resentimiento popular con la clase política: ¿Para qué tantos
asesores? ¿Por qué gastamos millones en asesores? ¡Qué despilfarro! ¡Qué trabajen
los diputados…!
La verdad es que la Asamblea necesita una
reforma radical en su forma de trabajo. Los diputados no necesitan asesores -
mucho menos cuando estos son contratados con criterios partidarios y no con
criterios legislativos, académicos y profesionales. La Asamblea necesita un
tanque de pensamiento y análisis, un equipo profesional de investigadores y
expertos, para cada área importante de la política pública: finanzas, economía,
comercio, derecho constitucional, derecho laboral, seguridad y derecho penal,
ecología, educación, salud… Y tiene que ser una institución profesional sin
ningún tinte partidario. Un “think tank” de la Asamblea como órgano de Estado.
Una institución dirigida con criterios académicos y con la autonomía de un
instituto universitario. Con expertos bien pagados, correspondiendo a su
calificación.
Voy a poner un ejemplo: En el Bundestag,
el parlamento alemán, no existe ninguna plaza de “asesor”. Pero dispone de una
institución que se llama “Servicios Científicos” (“Wissenschaftliche Dienste”),
con 11 departamentos que corresponden temáticamente a las comisiones
legislativas – y como un espejo a los principales ministerios del gobierno federal.
En una reforma parlamentaria del año 1969, se creó esta institución no
partidaria, eminentemente profesional y académica, con un solo fin: Erradicar
la ventaja de conocimiento y capacidad analítica que tenía el ejecutivo, con
sus ministerios llenos de cientos de expertos, sobre el parlamento. O sea, para
garantizar que dependa de la experticia del poder ejecutivo, el parlamento creó
su propio “think tank”. Los parlamentarios llegaron a la conclusión que solo
así podían ejercer su función de control y contrapeso del gobierno – y que solo
así podían legislar con plena independencia.
En esta institución trabajan los mejores
catedráticos e investigadores de las mejores universidades, con salarios
competitivos, con una biblioteca y un centro de documentación de primera.
Algo así, más modesto, pero de la misma
manera no partidaria y profesional, necesita nuestra Asamblea. Si para esto hay
que gastar lo doble de lo que ahora mal gastan en “asesores”, sería una
excelente inversión en el futuro del país.
Que además cada fracción necesita tener su
propio equipo de expertos, para políticamente procesar los análisis del “tanque
de pensamiento parlamentario”; y que por supuesto cada diputado necesita un
equipo que hace eficiente su trabajo (“staff” lo llaman en el Congreso de
Estados Unidos), es correcto y hay que defenderlo, aunque ahora muchos lo
cuestionan. Y aunque va en contra de la tendencia que ha agarrado este debate
público sobre los “asesores”: Por supuesto en estos equipos pueden incorporarse
ex diputados y suplentes, con tal que tengan la experticia necesaria y no se
dediquen a trabajo partidario fuera de la función legislativa.
Pero esto es complementario. Lo esencial,
lo realmente revolucionario sería que la Asamblea como órgano del Estado
disponga de una capacidad de análisis y elaboración, que le permita ejercer con
independencia su rol dentro de la división de poder: legislar y controlar al
gobierno. Repito: Información es poder. Pero para ejercer este poder
constructivamente, se necesita procesarla con criterios académicos, científicos
y no partidarios.
En base de esta información y de esta
capacidad instalada de análisis, los políticos (las fracciones partidarias y
cada uno de los diputados) pueden tomar decisiones políticas, proponer
proyectos de ley, llevar adelante debates de altura. Y para esto, aunque hoy
muchos lo quieren negar, también necesitan, financiado por el Estado, apoyo
profesional y académico. Y entonces, olvidémonos de los “asesores” y de todo
este chanchullo de estructuras partidarias financiadas por la Asamblea.
(El Diario de Hoy)
