Si no hay una ley que lo declare ilegal,
urge dictarla. De todos modos no es legítimo. Un presidente no puede recibir
fondos (de nadie, ni de otros gobiernos, ni de empresarios amigos) que entren a
una caja de uso discrecional y sin rendición de cuentas. Esta práctica deja
abierto cualquier tipo de abuso. Huele a soborno. Huele a enriquecimiento
ilícito. Huele a compra de voluntades.
En el caso de los cheques de Taiwán,
hasta ahora no hay ninguna prueba que el presidente Flores se haya enriquecido;
ni tampoco de ningún otro uso ilegal de los fondos. La situación inaceptable es
que simplemente no sabemos qué pasó con estos fondos, por que no hubo ninguna
rendición de cuentas y el uso fue totalmente discrecional y secreto - igual que
el uso que los presidentes solían hacer de las partidas secretas, antes de que
fueran declaradas inconstitucionales en el 2010. Yo no tengo la capacidad de
juzgar si en el período de Paco Flores (o sea, cuando la partida secreta
presidencial todavía no había sido declarada inconstitucional) era ilegal
incorporar donaciones internacionales a esta partida, sin pasar por los
registros formales y mecanismos de control del fondo de la nación.
Es el Fiscal General de la República que
va a tener que evaluar si hubo ilegalidades - y luego una corte. Pero de todos
modos era ilegítimo y antidemocrático y requiere de transparencia. Igual que
requiere de transparencia el uso que los presidentes Saca y Funes han hecho de
las frecuentes y millonarias transferencias a Casa Presidencial de las
diferentes carteras del estado, sin autorización y control de la Asamblea Legislativa,
antes de que esta práctica también fuera declarada inconstitucional por la Sala
en el año 2011.
El hecho que la partida secreta y las
transferencias a Casa Presidencial fueran declaradas inconstitucionales, no
significa que su uso anterior a las sentencias fue un acto ilegal. Pero sí
significa que los presidentes están, por lo menos moralmente, obligados a
rendir cuentas de todos estos fondos.
Estamos habando de sumas considerables
que el presidentes Flores recibió de Taiwán, y de sumas aún mucho más grandes
que los presidentes Saca y Funes recibieron mediante las transferencias. En el
caso de Saca se calcula que se trata de 219 millones de dólares, sobre los
cuales no existe rendición formal de cuentas; en el caso del presidente Funes
nadie aún ha calculado el total alcanzado hasta la fecha que la Sala de lo
Constitucional, en el año 2011, declaró inconstitucionales estas transferencias
sin autorización legislativa.
Los presiente Francisco Flores, Elías
Antonio Saca y Mauricio Funes nos deben explicaciones. No podemos seguir
aplicando el lema “legal, ilegal, da igual”.
(El Diario de Hoy)