¿Qué pasó con la reforma electoral? ¿Ya tenemos que olvidarnos del sueño de que los votantes vamos a decidir quiénes de los candidatos a diputados van a entrar a la Asamblea Legislativa? ¿Qué pasó con la Sala de lo Constitucional que no ha resuelto la demanda de inconstitucionalidad contra la última reforma que sigue favoreciendo el voto por la bandera?La Asamblea, los partidos, el Tribunal Electoral e incluso los medios actúan como si esta batalla ya se perdió. O que la ganaron los partidarios de mantener el viejo mecanismo de votar por el partido, por la lista, por la bandera, haciendo casi imposible que gane un candidato a quien su partido no ha privilegiado con un 'puesto ganador' en la lista. Acordémonos: la Asamblea, con los votos del FMLN y Gana, aprobó una 'reforma electoral' que seguía privilegiando el voto por bandera. Establecía la papeleta con fotos y nombres de todos los candidatos, daba al votante dos opciones: o votar por la bandera de su partido, o votar por el candidato de su preferencia. Pero seguía favoreciendo la primera opción, porque establecía que todos los votos por bandera se iban a acreditar a los candidatos que encabezan la lista. Si en el departamento de San Salvador, por ejemplo, cada partido postula 24 candidatos, y según el número total de votos obtenidos (por su bandera, más los votos individuales por sus candidatos) le corresponden 10 escaños, los votos por bandera se acreditarían proporcionalmente a los primeros 10 candidatos en su lista, no a los 14 restantes. Esto significaba que las direcciones de los partidos, al definir la secuencia en sus lista, podían predeterminar la elección. Podían entrar candidatos con pocos votos individuales, con tal que tuvieran un 'puesto ganador'. El presidente vetó esta reforma. La Asamblea, con mayoría acostumbrada, aprobó una nueva versión de su reforma, pero con el mismo mecanismo de contabilizar los votos a favor de los 'puestos ganadores'. Esta vez el presidente firmó el decreto. Contra esta última versión hay varios recursos de inconstitucionalidad pendientes. En esto vino todo el relajo del decreto 743, con el cual la Asamblea quería paralizar la Sala de lo Constitucional, prohibiéndole a sacar sentencias que no fueran unánimes. Se armó una seria crisis institucional, donde Sala declaró inaplicable el decreto 743 y la Asamblea no reconocía las sentencias de la Sala. Al fin se resolvió esta crisis con la abolición del decreto 743. Lo que pocos saben es que los que habían perdido esta batalla -el presidente y el FMLN- hicieron todo lo posible para que la abolición del 743 cobrara vigencia legal lo más tarde posible. La presidencia de la Asamblea aprovechó todo el plazo máximo que tiene para mandar el decreto de abolición a la presidencia de la República, en Casa Presidencial hicieron lo mismo para firmar y luego para publicar el decreto en el Diario Oficial. Así que todo el mundo se olvidó del decreto 743 y de la crisis alrededor de la Sala, pero de hecho la Sala volvió a la normalidad sólo a finales de agosto. Prudentemente, la Sala había decidido no tocar esta demanda contra la reforma electoral, mientras no estaba resuelta la crisis y podía, con toda legitimidad, actuar con mayoría de 4 magistrados. Desconociendo estos pormenores, muchos ya sospechaban que la Sala había aceptado algún trato escondido: ustedes levantan el 743, y nosotros ya no vamos a estorbar el proceso electoral así como está diseñado por la mayoría parlamentaria… La verdad es que la sentencia se atrasó aún más, porque además del retraso provocado por las presidencias de la Asamblea y de la República en la solución definitiva de la crisis institucional que afectaba a la Sala, a la fecha los demandantes no han entregado los escritos correspondientes a las prevenciones que les hicieron los magistrados de la Sala. Entonces, aunque todo el mundo se hace el suizo actuando como la cosa ya está decidida, la sentencia de la Sala está pendiente. Todavía hay tiempo para enmendar esta infeliz reforma y poner en marcha una elecciones legislativas donde ya no serán los partidos sino los votantes que decidan quién saldrá electo. Es mentira que una sentencia contra la última versión de la reforma pone en peligro el calendario electora. La disputa es solamente sobre cómo contabilizar los votos, esto no obliga al Tribunal a cambiar las papeletas. Sí obligaría a los partidos a cambiar sus estrategias y sus campañas. Pero cambiarlas para bien. Todavía hay esperanza. Todavía tiene sentido a exigir una verdadera reforma electoral democrática. (El Diario de Hoy) |
