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Si un gobierno no puede gobernar sin contar con el apoyo de la oposición y del sector privado, tiene que concertar. Tiene que negociar acuerdos que le dan gobernabilidad.
Para construir estos acuerdos y llegar a políticas compartidas que producen la capacidad de enfrentar los problemas y las crisis que el gobierno solo no puede resolver, por simple lógica no tiene sentido que el gobierno declara que el punto de partida para esta concertación es SU programa de gobierno y SU plan quinquenal.Esto es exactamente lo que el Mauricio Funes está haciendo. Y por esto no llega a nada, por más mesas de concertación está poniendo a funcionar en Casa Presidencial. Habla incesantemente de 'unidad nacional', convoca cada rato a medio mundo a Casa Presidencial, pero a la hora de entrar en serio a los temas esenciales, él o sus voceros (el secretario técnico Alex Segovia, el secretario de asuntos estratégicos Hato Hasbún) paran en seco la discusión con el argumento: "Esto ya está definido en el Plan Quinquenal del gobierno, estas prioridades ya no se pueden cambiar…"
Nos enteramos en los periódicos que así les pasó recientemente (aunque no por primera vez) a los delegados de los gremios empresariales, convocados a Casa Presidencial a otra mesa más sobre el problema fiscal que enfrenta el país: el déficit en el presupuesto, la falta de liquidez del ejecutivo para enfrentar las necesidades de seguridad… Los funcionarios les presentaron el presupuesto para el 2012, que por ley tienen que someter a la Asamblea al final del mismo mes; y nuevamente el proyecto del impuesto (hoy llamado 'contribución especial') para seguridad. Los invitados, obviamente no dispuestos a reducir su rol a avalar un presupuesto ya estructurado según las prioridades definidos por el gobierno, propusieron ampliar la agenda: discutamos los lineamientos generales para los siguientes presupuestos, revisamos las prioridades, los subsidios, los gastos corrientes del Estado, veamos qué gastos se puede o reducir o reorientar hacia áreas que sirven para reactivar la economía…
Ahí se trabó todo. El gobierno aclaró: Todos los gastos corresponden a las prioridades definidos en el Plan Quinquenal y ya no son sujetos a discusión. Punto.
Esto es precisamente parte del problema fiscal del país: Las prioridades son mal definidas. Los empresarios, preocupados por su imagen pública, no se animaron a decirlo, pero yo sí: El país o gasta en regalar a todos los niños uniformes y zapatos - o gasta en cumplir la ley y paga lo que debe a sus maestros. Ambas cosas no podemos darnos el lujo. El país o gasta en subsidiar el gas y la electricidad a 70% de la población - o gasta en invertir en nuevas fuentes de energía.
Se entiende perfectamente que reducir los gastos del Estado tiene un costo político y electoral. Es más popular regalar uniformes que pagar a tiempo a los maestros. Es más popular regalar subsidios que invertir en la seguridad energética. Precisamente porque nadie quiere asumir el costo político de una revisión de prioridades hechas con criterios populistas y electorales, tiene todo el sentido del mundo concertar políticas compartidas, para que todos juntos asuman el costo político para medidas impopulares. Pero para lograr esto, el gobierno no puede tratar de imponer a los demás (empresarios, sindicatos, partidos de oposición) sus prioridades particulares…
Este presidente entiende la concertación como un mecanismo para que otros, por ejemplo los gremiales empresariales, le avalen el presupuesto, los nuevos impuestos, el plan de seguridad - y no para construir un presupuesto, un plan fiscal o una estrategia de seguridad compartidos y por tanto apoyados y puestos en marcha por todos. Mientras no cambia esta visión utilitaria de la concertación, nada se va a resolver.
El gobierno de Mauricio Funes actúa así porque cree que la mayoría legislativa que le da la suma de FMLN+Gana es una base de gobernabilidad. Es cierto, esta situación anómala en la Asamblea le da al gobierno los votos para aprobar los presupuestos y los impuestos que decidan imponer. Pero nadie en su sano juicio puede confundir esto con gobernabilidad. Y nadie puede pensar que así pueden concentrarse las energías de toda la sociedad salvadoreña para hacer crecer nuestra economía. Pensar esto sería un peligroso autoengaño.
Los que durante meses han ido a perder tiempo en mesas falsas y consultas no abiertas en Casa Presidencial y en el Consejo Económico Social, sin poder aterrizar nunca en una revisión realista de las prioridades del país, no se desesperen: Ya pronto habrá elecciones para que los ciudadanos decidan. Estoy seguro que en marzo del 2012 surgirá una Asamblea que obligue al ejecutivo a negociar con seriedad, terminando con la ilusión de una gobernabilidad comprada.
(El Diario de Hoy)
