No podemos seguir con un estado Santa Claus. El país no se puede dar el lujo de tratar de atender todas las necesidades y todas las deudas sociales al mismo tiempo. Esto, en última instancia, lleva a no resolver ninguno de los problemas.
Hay dos grupos de urgencias: los sociales que, corresponden a deficiencias históricas y demandas no atendidas en las áreas de pobreza, alimentación, educación, salud, transporte, etcétera; y las urgencias económicas, que corresponden a la necesidad de crear empleo e impulsar crecimiento económico. Las grandes urgencias de seguridad pública se ubican en esta categoría. Son inversiones.
El dilema –no sólo para el estado y su gobierno, sino para toda la sociedad– es que las necesidades sociales parecen los más urgentes, porque corresponden a tragedias humanas; pero que las urgencias económicas son los más estratégicos, porque comprometen la viabilidad del país en el futuro. Incluyendo su capacidad de atender, de manera estructural y definitiva, los problemas sociales.
En esta situación llegó a gobernar en El Salvador la izquierda, que durante décadas ha denunciado, con razón, las deudas que el estado tiene con los sectores pobres y marginados. Y no cualquier izquierda: una izquierda con poca capacidad de analizar y entender la relación entre las dos categorías de urgencias; una izquierda que por reflejo y dogmatismo tiende a priorizar las urgencias sociales por encima de las económicas que no logra analizar sin filtros ideológicos. Una izquierda además resentida y revanchista.
Así más o menos podemos describir la triste actuación del gobierno del FMLN y de Mauricio Funes. El resultado es obvio: no hay prioridades; e incluso cuando las definen, las definen mal. Queriendo hacer todo, porque todo prometieron, no resuelven nada.
Veamos algunos ejemplos. Hay un sinfín de estudios que analizan las deficiencias de educación que habrá que superar para que dejen de obstaculizar el desarrollo y el crecimiento. En ninguno de los estudios se señala la importancia de los uniformes escolares. Es obvio que cuando estamos hablando de la educación como motor del desarrollo, nos estamos refiriendo a invertir en la enseñanza de tecnología, idiomas, técnicas de comunicación - no en zapatos y uniformes. Pero el esfuerzo administrativo y financiero prioritario del Ministerio de Educación es dirigido a subsidiar a toda la población del sistema público con uniformes y zapatos gratuitos. Sin focalización. Sin priorizar
Otro ejemplo: Ante el desastre que es el transporte público, el Estado tiene dos opciones. O invierte en el subsidio sin afectar en lo más mínimo el sistema obsoleto y caótico, o invierte en un sistema nuevo, humano y eficiente. Obviamente no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. La primera opción es paliativa, la segunda resuelve el problema.
Los gobiernos siempre tienen que priorizar. Gobernar es priorizar. Los malos gobiernos priorizan sin contundencia y aplicando criterios populistas, electorales y de intereses a corto plazo. Los buenos gobiernos priorizan con criterios de largo plazo, de desarrollo, aun y cuando esto va en contra de las demandas populares. Por esto, los mejores gobiernos son los que logran concertaciones con la oposición y con los actores sociales y económicos, para conjuntamente asumir el costo de políticas que corresponden a prioridades de largo plazo y estructurales y no a las urgencias más sentidas de carácter social.
Es con esta lógica que hay empezar a hablar de las prioridades de los recursos del país. Y es ahora, antes de aprobar el presupuesto. Aprobar otro presupuesto más sin haber debatido y discutido las prioridades es un pecado.
El presupuesto presentado por el gobierno del FMLN y Funes no corresponde a una priorización racional. Trata de resolver todo y resolverá nada.
Por más que duele: El Estado no puede, mucho menos en situación de crisis, atender de fondo las urgencias y demandas sociales, por más que un gobierno de izquierda quiera. Por más que duele, el Estado no puede hacer crecer sus gastos sociales, mientras no logre hacer crecer la economía. Esto no significa suspender las políticas sociales. Significa definir claramente que las políticas sociales no son para resolver la pobreza y la marginación, sino para garantizar lo mínimo a los sectores en extrema pobreza. Son de emergencia, no pueden ser estructurales.
Hay que tener claro –y este gobierno obviamente no lo tiene claro– que la solución de los problemas de la pobreza pasan por la creación de empleo, las nuevas tecnología, la competitividad de nuestras empresas. Esto significa que en vez de seguir gastando en subsidios, hay que reducirlos al mínimo (atención exclusivamente a las familias en extrema pobreza). Y cada dólar ahorrado en subsidio hay que invertirlo en áreas que afectan la creación de empleo y la generación de riqueza, por ejemplo en seguridad. No en otros subsidios, no en uniformes.
Sin la voluntad de definir prioridades y asumir el alto costo político, no avanzamos. Sin la voluntad de parar al gobierno en su intento de imponer otro presupuesto sin haber definido bien las prioridades, es irresponsable. El problema es que este es segundo gobierno Santa Claus, luego de la administración Saca. El país no aguanta 10 años sin rumbo definido. No es un problema de derecha versus izquierda, es un problema de responsabilidad versus irresponsabilidad, de eficiencia versus populismo.
Y si el gobierno no puede o no quiere definir las prioridades, que lo haga la sociedad civil, la oposición, la academia, en un gran debate nacional. Una vez claramente definidas, las prioridades se imponen.
