Por suerte, la guerra nuestra la terminamos negociando, sin perdedores ni vencedores. Porque cualquiera de los dos bandos que hubiera ganado la guerra, hubiera hundido al país en autoritarismo.
No hay que permitir que ahora algunos, malinterpretando la alternancia en el poder, quieren retrospectivamente buscarle perdedores a la guerra. Sería un atentado a la paz alcanzada en 1992, al balance de fuerzas y a la nueva institucionalidad establecidos en los Acuerdos de Paz.
No es casualidad que ahora se quiere enjuiciar a la cúpula militar y al presidente de la República que negociaron la paz y fueron instrumentales, junto a la Comandancia General guerrillera, para la construcción y el mantenimiento exitoso del cese al fuego - y que al mismo tiempo se quiere eliminar de la estructura de mando de la PNC a los oficiales provenientes de la Fuerza Armada. Estos oficiales, igual que docenas de cuadros político-militares de la guerrilla, llegaron a la nueva policía en cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Son parte de un equilibrio indispensable.
Una cosa es investigar y suspender de su cargo a un ex-director de la PNC (contra el cual desde hace años existen evidencias de corrupción), y otra cosa muy diferente es aprovechar este caso emblemático para en su cola tratar de destruir el prestigio y eliminar la influencia de todo un grupo de oficiales, cuyo pecado es que provienen de las filas de la Fuerza Armada y que nunca se han alineado con el partido de gobierno.
Desde que el nuevo gobierno asumió el poder, numerosos oficiales con gran experiencia en la lucha antidelincuencial han sido marginados de sus cargos y sustituidos por otros con menos experiencia y capacidad, pero con más afinidad ideológica al partido del ministro de Seguridad, el FMLN.
El mismo ministro, incluso desde antes de asumir su cargo, ha sido partícipe de la creación de mecanismos de discusión y coordinación partidaria dentro de las filas de la PNC. Ha participado en reuniones convocados exclusivamente para oficiales de policía militantes o simpatizantes al FMLN, rompiendo con las normas que hasta ahora han garantizado el carácter no partidario y plural de la PNC.
Varios oficiales de la PNC denuncian que la nueva inspectora general de la PNC, nombrada por el gobierno Funes, está usando sus funciones de investigación interna con sesgo partidario. Muchos integrantes de la policía no quieren hablar de esto, o sólo “off the record”, por que temen represalias.
Esta situación dentro de la PNC amerita una investigación seria e imparcial, a cargo de una comisión especial de la Asamblea.
Pero sobre todo necesitamos un debate entre todos los actores de la sociedad sobre si el país quiere darse el lujo de revertir los acuerdos básicos, a los cuales hemos llegado en 1992, que incluyen la Amnistía y la responsabilidad de todos los protagonistas de la guerra de conjuntamente hacerse cargo de la reconstrucción del país y de la democracia. Retrospectivamente asumir poses de ganadores y poner a los adversarios en el banquillo de acusados es querer reescribir la historia. Una simple victoria electoral no da para esto, por más que algunos la quieren vestir de ‘refundación de la República’ o ‘cambio de época’...
(El Diario de Hoy)
