Parece que en El Salvador está gobernando el arzobispo, no el presidente de la República. Un veto del jerarca católico es suficiente para imponer que el gobierno salvadoreño decida que no firmará la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Por más que el gobierno busque impedimentos constitucionales que tienen que ver con la pena de muerte y el servicio militar obligatorio, ambos en caso de guerra, la negativa de firmar la Convención se debe a otros impedimentos: el veto de la Iglesia Católica.
El mismo presidente Tony Saca declaró: “No hemos firmado ningún compromiso internacional como país que atente contra la familia.” Y su canciller Marisol Argueta explica que el documento “tiene incompatibilidades con la moral que es aceptable para la sociedad salvadoreña.” Y la ministra de Educación, Darlyn Meza, habla de “los valores salvadoreños” con los cuales la Convención Iberoamericana es incompatible.
¿Cuál es el gran pecado que Iglesia y gobierno detectan en la Convención?
El primer pecado es que la Convención, en el artículo 14 (Derecho a la identidad y personalidad propias) reconoce que “todo joven tiene derecho a su propia identidad” y que esto incluye la “orientación sexual.”
El segundo pecado es que la Convención reconoce el “derecho a la educación sexual” que “fomentará una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, los embarazos y el abuso o violencia sexual.”
Y el tercer pecado es que la Convención reconoce que los jóvenes tienen el “derecho a la salud sexual” que incluye el “derecho a la confidencialidad en lo relativo a su salud sexual y reproductiva.”
Estos tres derechos -a la identidad propia, a la educación sexual, y a la salud sexual con garantía de confidencialidad- son contrarios a “los valores salvadoreños” y atentan “contra la familia,” y por eso el presidente Fernando Sáenz Lacalle y monseñor Elías Antonio Saca no pueden permitir que El Salvador ratifique esta Convención.
No les importa que los derechos que se quiere negar a los jóvenes sean derechos humanos básicos que un Estado democrático y un gobierno “con sentido humano” deberían garantizar, exista o no una Convención Iberoamericana al respecto. ¿Cómo vamos a negar a los jóvenes el derecho a recibir educación y salud sexuales? ¿Cómo vamos a negarles la confidencialidad que de todas formas es parte fundamental de la ética de la profesión médica?
No les importa que esta Convención esté ratificada por países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, República Dominicana, España y Uruguay. La diferencia entre El Salvador y estos países no es que sean menos católicos, sino que en estos países funciona el carácter laico del Estado. Son países de larga tradición católica, pero no permiten que la Iglesia dicte o vete las leyes o los convenios internacionales. Si el gobierno salvadoreño permite que la Iglesia exitosamente vete una Convención que asegura los derechos de la población juvenil, está poniendo en peligro el carácter laico del Estado.
No les importa que la próxima semana El Salvador será anfitrión de la Cumbre Iberoamericana que tiene por tema precisamente la Convención de los Derechos de los Jóvenes. Están dispuestos a pagar el costo que la no ratificación le causa a nivel internacional.
¿Y el costo interno? Parece que no les importa que tengan elecciones a ganar o perder. Es cierto que El Salvador es un país católico, pero no es un Estado católico, no es un régimen religioso como Irán. Y sobre todo, es un país de jóvenes que posiblemente van a decidir las elecciones.
El gobierno dice que en vez de ratificar la Convención presentará una Ley de Juventud que recogerá a todos los artículos de la Convención que no riñen con la Constitución. Habrá que ver si esto es cierto, o si no, más bien, esta proyecto de ley solamente recogerá aquellos artículos de la Convención que no riñen con lo que nuestras autoridades en Casa Presidencial y Arzobispado definan que es “aceptable para la sociedad salvadoreña.”
El mismo presidente Tony Saca declaró: “No hemos firmado ningún compromiso internacional como país que atente contra la familia.” Y su canciller Marisol Argueta explica que el documento “tiene incompatibilidades con la moral que es aceptable para la sociedad salvadoreña.” Y la ministra de Educación, Darlyn Meza, habla de “los valores salvadoreños” con los cuales la Convención Iberoamericana es incompatible.
¿Cuál es el gran pecado que Iglesia y gobierno detectan en la Convención?
El primer pecado es que la Convención, en el artículo 14 (Derecho a la identidad y personalidad propias) reconoce que “todo joven tiene derecho a su propia identidad” y que esto incluye la “orientación sexual.”
El segundo pecado es que la Convención reconoce el “derecho a la educación sexual” que “fomentará una conducta responsable en el ejercicio de la sexualidad, orientada a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, los embarazos y el abuso o violencia sexual.”
Y el tercer pecado es que la Convención reconoce que los jóvenes tienen el “derecho a la salud sexual” que incluye el “derecho a la confidencialidad en lo relativo a su salud sexual y reproductiva.”
Estos tres derechos -a la identidad propia, a la educación sexual, y a la salud sexual con garantía de confidencialidad- son contrarios a “los valores salvadoreños” y atentan “contra la familia,” y por eso el presidente Fernando Sáenz Lacalle y monseñor Elías Antonio Saca no pueden permitir que El Salvador ratifique esta Convención.
No les importa que los derechos que se quiere negar a los jóvenes sean derechos humanos básicos que un Estado democrático y un gobierno “con sentido humano” deberían garantizar, exista o no una Convención Iberoamericana al respecto. ¿Cómo vamos a negar a los jóvenes el derecho a recibir educación y salud sexuales? ¿Cómo vamos a negarles la confidencialidad que de todas formas es parte fundamental de la ética de la profesión médica?
No les importa que esta Convención esté ratificada por países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, República Dominicana, España y Uruguay. La diferencia entre El Salvador y estos países no es que sean menos católicos, sino que en estos países funciona el carácter laico del Estado. Son países de larga tradición católica, pero no permiten que la Iglesia dicte o vete las leyes o los convenios internacionales. Si el gobierno salvadoreño permite que la Iglesia exitosamente vete una Convención que asegura los derechos de la población juvenil, está poniendo en peligro el carácter laico del Estado.
No les importa que la próxima semana El Salvador será anfitrión de la Cumbre Iberoamericana que tiene por tema precisamente la Convención de los Derechos de los Jóvenes. Están dispuestos a pagar el costo que la no ratificación le causa a nivel internacional.
¿Y el costo interno? Parece que no les importa que tengan elecciones a ganar o perder. Es cierto que El Salvador es un país católico, pero no es un Estado católico, no es un régimen religioso como Irán. Y sobre todo, es un país de jóvenes que posiblemente van a decidir las elecciones.
El gobierno dice que en vez de ratificar la Convención presentará una Ley de Juventud que recogerá a todos los artículos de la Convención que no riñen con la Constitución. Habrá que ver si esto es cierto, o si no, más bien, esta proyecto de ley solamente recogerá aquellos artículos de la Convención que no riñen con lo que nuestras autoridades en Casa Presidencial y Arzobispado definan que es “aceptable para la sociedad salvadoreña.”
(Publicado en El Diario de Hoy)
