Mantener el contacto con nuestros seres queridos en las fronteras patrias es sin duda un lazo imposible de romper cuando nos encontramos fuera del país, sobretodo cuando somos nuevos emigrantes y hemos llegado a un país desconocido con la esperanza de superar las precarias condiciones de vida a la cual los gobernantes centroamericanos han sometido sus pueblos por décadas.
Es a través del intercambio de voces por medio de un auricular como un esposo con su esposa o una madre con su hijo, nostálgicamente intercambian sueños y comparten experiencias, las cuales a la distancia nos inspiran profundamente, fortaleciendo el propósito de soportar el sacrificio que implica trabajar arduamente de sol a sol para poder proveer de bienestar económico a la familia y alcanzar la anhelada reunificación familiar.
Debido a la corrupción estatal, la mala administración publica, la falta de austeridad gubernamental y el poder de una mafia empresarial que controla el transporte publico, cada minuto de una llamada telefónica realizada por la diáspora salvadoreña hacia el país, será sujeta de un nuevo impuesto.
A partir de este próximo primero de julio cada minuto de esa experiencia cruel que es vivir separado de su familia, pero que es a la vez necesaria para millones de emigrantes, costará cuatro centavos más en El Salvador, con lo cual este país se convierte en el segundo junto a la república de Honduras, en aplicar este tipo de política a los ciudadanos de sus diásporas en Centroamérica.
Según el nuevo decreto, el mecanismo para aplicar el impuesto consiste, en que las empresas salvadoreñas registraran las llamadas telefónicas realizadas desde el extranjero y en cumplimiento a los contratos de concesiones entre ellas y el gobierno, estas detallaran en reportes mensuales la cantidad de minutos que la diáspora utilizó para comunicarse con sus familiares, estableciendo así el monto que se cobrara como impuesto a las empresas operadoras en el extranjero, para luego entregar ese dinero al fondo general de la nación.
Con este impuesto el estado salvadoreño espera recaudar en los próximos seis meses cuarenta millones de dólares, con los cuales los representantes públicos tienen planeado subsidiar el costo del combustible a la deplorable mafia del transporte publico, quienes planean aumentar el valor del pasaje de autobús urbano a cincuenta centavos a partir de este día.
Como diáspora, ¿debemos aceptar este impuesto a nuestras llamadas sin exigir nada a cambio? Es muy posible que las empresas estadounidenses nos pasen esa cuenta globalmente, lo que significaría un aporte mas a una economía secuestrada por argollas de poder que parecen olvidar que ya contribuimos el dieciocho por ciento del producto interno bruto de la nación.
Objetivamente ese impuesto de ser trasferido por las operadoras a la diáspora, desde mi punto de vista, no ocasionará estragos monetarios considerables a nadie. Pero, como pueblo en el exterior, no podemos permitir que se nos utilice de esa manera sin nada a cambio.
El presidente Saca no vetará el decreto de este impuesto, sino que lo sancionará para hacerlo efectivo y los discursos del FMLN y su candidato en contra no son mas que basura propagandista y electorera.
Nuestra responsabilidad como diáspora en esta oportunidad no consiste en quejarse, sino en actuar, exigiendo y luchando porque de esos fondos se financie la apertura de los establecimientos equipados con el personal y tecnología apropiada que garantice un proceso seguro de empadronamiento electoral en el exterior y hacer realidad nuestro anhelado derecho constitucional de votar, como se lo he hecho constar a los representantes de la comisión de reformas electorales y constitucionales de la asamblea legislativa.
Es conocido que el partido ARENA le teme a concedernos el voto en el exterior y es el principal causante de haber detenido ese proceso durante estos últimos cuatro años, pronto será tiempo de cobrárselos en las urnas electorales. El FMLN, el PCN, el PDC y el CD han manifestado su compromiso por hacer realidad nuestra aspiración ciudadana, los votos de estos partidos políticos son suficientes para asegurar que de este nuevo impuesto se destine el dinero necesario para empadronarnos y permitirnos votar.
Por lo tanto insto a cada hermano de la diáspora que milita o tiene contacto con los representantes públicos de estos partidos políticos, a que se les exija canalizar fondos de este nuevo impuesto para hacer realidad el voto en el exterior.
Hagamos valer para nuestro interés esos cuatro centavos por cada minuto de nostalgia que nos imponen y pasemos nuestra cuenta en votos en las próximas elecciones para diputados.
