Columna transversal: MÁS PERTURBACIÓN DEL ORDEN, POR FAVOR

Hoy quieren una ley contra la perturbación de la paz. ¿O es del orden público que quieren proteger contra turbas? En la mente de los conservadores, probablemente paz y orden es lo mismo. Quien perturba el orden público –la tranquilidad de los ciudadanos, su derecho a circular sin impedimento- atenta contra la paz. Por tanto, tiene que ser castigado con una ley especial. Si no es con la ley contra el terrorismo, y si tampoco es conveniente aplicar la ley contra el crimen organizado, entonces necesitamos una nueva ley especial contra la perturbación de la paz y del orden público.

Pero la paz necesita perturbación permanente. La paz no es estática, no es tranquilidad, no es orden. La sociedad es cambiante y requiere de una paz dinámica. La paz, si no es permanentemente perturbada para producir más justicia, se vuelve restrictiva. La paz, si es confundida con el mantenimiento del orden público, peligra volverse represiva y ahogar el cambio.

Nuestra sociedad, para avanzar, necesita mucho más rebeldía, más ciudadanía, más desobediencia, más manifestación de protesta, más movimiento social reivindicativo, más sindicatos... Con tal que sean auténticos, democráticos, independientes de estrategias partidarias. Para la paz es tan peligroso el intento del FMLN de instrumentalizar los movimientos y protestas sociales que el intento de ARENA de restringir e ilegalizarlos.

Entonces, cuidado con los términos que usemos en el debate sobre las reformas penales y sobre la paz que queremos. Quienes proponen una reforma penal que convierte delitos comunes como el vandalismo contra bienes de propiedad privada o pública y resistencia contra el arresto en delitos especiales contra la paz, con penas mucho más graves, y con factores agravantes cuando hay motivación política, está erosionando el sistema democrático.

Todo lo que el anteproyecto presentado por el ejecutivo quiere sancionar bajo este nuevo término “perturbación de la paz” ya es delito. Quemar vehículos, lanzar piedras a una patrulla policial o al vehículo en que se conduce un funcionario público, manchar paredes con consignas, lesionar a golpes a policías o reporteros, impedir el acceso a un hospital, resistirse al arresto – todo esto siempre ha sido delito y tiene sanciones. Y es muy prudente que hasta ahora los legisladores no han tipificado estos delitos como otra cosa que delitos comunes, los cuales hay que aplicar de la misma manera a pandillas de estudiantes, manifestantes políticos, mareros, vendedores o borrachos. Una vez que se crea una legislación especial -como la que ARENA ahora propone-, estos delitos se convierten de comunes en políticos. Y los actores en presos políticos.

Cualquier abuso violento y delincuencial que individuos o grupos de choque hacen del derecho a la manifestación pública, puede y debe ser castigado. Con las leyes vigentes. De los ataques a periodistas hasta los disparos fatales a policías. Igual que cualquier abuso que cometa un miembro de la policía contra ciudadanos que hacen uso de su derecho a manifestarse.

Para todo esto tenemos leyes. El problema es que no las aplican. ¿Cuántas personas han sido condenadas -aplicando las leyes vigentes- por delitos que han cometido abusando de su derecho a la manifestación y protesta pública? ¿Cuántas personas están sirviendo las penas -que ahora dicen que son demasiado blandas- de 6 meses a dos años por delitos cometidos dentro de manifestaciones? Estoy seguro que son muy pocas.

Si tuviéramos las cárceles llenas de gente condenada por haber quemado vehículos, por haber lanzado piedras a policías, por haber destruido bienes, y aun así la ola de manifestaciones violentas no ceda y el grado de la violencia callejera aumenta, tal vez tendríamos que revisar si las penas previstas son suficientemente severas. Podríamos aumentar las sanciones, pero sin cambiar la tipificación de los delitos de comunes a políticos.

Pero esto no es el caso. No ha sido probado que las leyes existentes son blandas. Simplemente, no han sido aplicadas. Lo que nos lleva a la necesidad, no de cambiar las leyes, sino de hacer eficiente el sistema de justicia. El ejecutivo, en vez de presentar leyes con tinte político, debería empezar a poner orden en su propia casa.

Si grupos de oposición andan promoviendo una estrategia de desestabilización, incluyendo el uso de violencia callejera insertada en luchas gremiales y manifestaciones públicas, la respuesta no puede ser cambiar las leyes y crear delitos políticos. Si la estrategia del FMLN es manipular las protestas y manifestaciones, la respuesta no puede ser restringir las libertades de expresión, manifestación y protesta pública, sino robustecerlas para hacerlas más resistentes a estrategias desestabilizadoras.

El gobierno está confundiendo el enfrentamiento político de ARENA con el FMLN con sus responsabilidades frente a la sociedad salvadoreña. Aunque el FMLN y otras organizaciones estén tratando de instrumentalizar el derecho a la manifestación pública, este sigue siendo un derecho inalienable de toda la ciudadanía, un derecho que requiere protección por parte del Estado.

Lo sociedad, para transformarse, para no estancarse, necesita de la permanente perturbación de la paz y del orden establecido. Incluyendo métodos que, aunque interrumpen la paz y la tranquilidad, no son ni violentos ni delincuenciales ni mucho menos terroristas. Muchos de los derechos fundamentales, sin los cuales la democracia moderna no sería pensable, han sido conquistados haciendo uso masivo de la desobediencia ciudadana, de la masiva perturbación del orden y la tranquilidad: los derechos sindicales, la equidad jurídica de las mujeres y de minorías (a veces mayorías) raciales, el derecho al voto universal...

Una legislación contra la perturbación de la paz, como ahora la propone el gobierno, hubiera tenido en la cárcel a dirigentes perturbadores del orden público como Martin Luther King, Mahatma Ghandi, Lech Walesa, para no hablar de los dirigentes estudiantiles de Berkley, la Sorbonne y Berlin que organizaron sit-ins or teach-ins bloqueando calles, palacios judiciales y universidades para protestar contra la guerra en Vietnam y contra la represión policial en casa.

Hay que reformar la Ley Antiterrorista, de la manera que ya no puede dar paso a aplicaciones aberrantes como las que se hizo contra los detenidos de Suchitoto. Y por favor, sin caer en otra aberración, como lo es la propuesta de ARENA y el ejecutivo de crear delitos de perturbación de la paz.

¿Cuántos terroristas quiere tener el Ministerio de Seguridad en el país? Si cualquiera con potencial de encachimbamiento como para tirar una piedra es potencial terrorista, ¿cuántos tendremos en El Salvador? ¿Mil, dos mil, diez mil? ¿Cuántos presos políticos quieren facilitarle al FMLN?

Para un gobierno, ver en buena parte de la oposición social potenciales terroristas (o desestabilizadores, según la nueva propuesta) no es otra cosa que una declaración de bancarrota. Quiere decir que ya no tiene políticas para integrar a la sociedad a los afectados de sus políticas o de su falta de políticas de empleo, de educación vocacional, de desarrollo sostenible en las zonas rurales, de seguridad, etc.

Si hay convulsión social, y si hay peligro que grupos irresponsables dentro de la izquierda y de la derecha quieren usarla para justificar acciones de violencia política y de represión estatal, la única respuesta responsable y efectiva es fortalecer la democracia, las instituciones, las libertades, los derechos de los ciudadanos; no restringirlos. Cerrar los canales de expresión y manifestación de la protesta no genera paz, sino genera violencia, como ya lo comprobó El Salvador en su reciente historia.

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