Ante la creciente demanda de necesidades insatisfechas y la escasa disponibilidad de recursos económicos es necesario que el gobierno establezca nuevos criterios para definir el destino del gasto público, a través de sus modalidades de gasto corriente e inversión pública. Es necesario utilizar criterios técnicos, complementados por criterios políticos responsables, que permitan establecer las prioridades en base a la determinación de la rentabilidad social, como una medida del beneficio que recibirá la población objeto de la inversión pública. Esta medida debe complementar a las rentabilidades técnicas y económicas requeridas para escoger la mejor alternativa de solución de un problema.
Un ejemplo de una deficiencia en la planeación de la inversión pública es que a través del fideicomiso recién aprobado no se incluyeron recursos para atender las llamadas urgentes de funcionarios de Salud Pública para que le asignen aproximadamente $ 90 millones para adquirir recursos humanos y materiales para evitar muertes y prevenir enfermedades, en un momento de alta presencia de epidemias en el país, ante la existencia de graves deficiencias en la red hospitalaria pública, incluyendo al ISSS. Evitar la muerte de seres humanos, en su mayoría niños y personas adultas, es de mayor beneficio social que hacer inversiones millonarias en mejorar y aumentar cárceles.
No se discute que hay que atender el grave problema carcelario, pero se debe hacer un balance para atender ambos problemas con soluciones más creativas y en función del impacto social del gasto público. Un reciente estudio de análisis ambiental del Banco Mundial expresa que en el 2006 nuestro país gastó cerca de $178 millones sólo en atender enfermedades y tratamientos derivados de la mala calidad del agua que consume la mayoría de la población. Arroja la dramática cifra de que 500 niños menores de cinco años mueren al año, por problemas gastrointestinales causados por la falta de acceso a agua potable y saneamientos adecuados. El aumento de sueldos y la compra de muebles para renovar oficinas ya existentes dentro de la administración pública, tienen una bajísima rentabilidad social, si se compara con el altísimo beneficio de salvar vidas humanas y contar con una población sana y más productiva. Las inversiones encaminadas al beneficio sostenido de la población son compatibles y directamente correlacionadas con el mantenimiento del poder político.
La Secretaría Técnica de la Presidencia de la República debería convertirse en un Ministerio de Planificación. Que con una visión integral de futuro para el desarrollo económico y social, evalúe técnicamente el gasto público y en particular la inversión de cada una de las instituciones del gobierno, en función del impacto social en beneficio de la población. Convertirse en un filtro técnico dentro de una política de gasto controlado dirigido a áreas prioritarias, previamente definidas por el presidente de la República y su consejo de ministros. Una vez se seleccionan los proyectos factibles, son conocidos y aprobados por el presidente y su gabinete, para que pasen a ser parte del presupuesto general de la nación para su discusión y posterior aprobación.
Para contribuir a la transparencia en la aprobación y el manejo del gasto público, los ciudadanos debemos tener acceso sin restricciones a toda la información de las finanzas públicas, de los estudios de evaluación de los proyectos de inversión, de los términos y condiciones de los préstamos y del endeudamiento público en general. A fin de cuentas somos los contribuyentes los que terminamos pagando las cuentas. Esto ayudaría, entre otras cosas, a contrarrestar las presiones de los grupos de interés para favorecerse de las partidas presupuestarias del gobierno.
Este proceso debe cerrarse con un eficiente y confiable sistema de supervisión y control de la ejecución presupuestaria. Contar con una contraloría técnica e independiente que sea garante de que los fondos no se desvíen en el camino y realmente lleguen a beneficiar a la población objetivo. En un país con escasos recursos, la corrupción en el manejo de los fondos públicos es responsable de más pobres y más muertos por falta de servicios básicos.
Un ejemplo de una deficiencia en la planeación de la inversión pública es que a través del fideicomiso recién aprobado no se incluyeron recursos para atender las llamadas urgentes de funcionarios de Salud Pública para que le asignen aproximadamente $ 90 millones para adquirir recursos humanos y materiales para evitar muertes y prevenir enfermedades, en un momento de alta presencia de epidemias en el país, ante la existencia de graves deficiencias en la red hospitalaria pública, incluyendo al ISSS. Evitar la muerte de seres humanos, en su mayoría niños y personas adultas, es de mayor beneficio social que hacer inversiones millonarias en mejorar y aumentar cárceles.
No se discute que hay que atender el grave problema carcelario, pero se debe hacer un balance para atender ambos problemas con soluciones más creativas y en función del impacto social del gasto público. Un reciente estudio de análisis ambiental del Banco Mundial expresa que en el 2006 nuestro país gastó cerca de $178 millones sólo en atender enfermedades y tratamientos derivados de la mala calidad del agua que consume la mayoría de la población. Arroja la dramática cifra de que 500 niños menores de cinco años mueren al año, por problemas gastrointestinales causados por la falta de acceso a agua potable y saneamientos adecuados. El aumento de sueldos y la compra de muebles para renovar oficinas ya existentes dentro de la administración pública, tienen una bajísima rentabilidad social, si se compara con el altísimo beneficio de salvar vidas humanas y contar con una población sana y más productiva. Las inversiones encaminadas al beneficio sostenido de la población son compatibles y directamente correlacionadas con el mantenimiento del poder político.
La Secretaría Técnica de la Presidencia de la República debería convertirse en un Ministerio de Planificación. Que con una visión integral de futuro para el desarrollo económico y social, evalúe técnicamente el gasto público y en particular la inversión de cada una de las instituciones del gobierno, en función del impacto social en beneficio de la población. Convertirse en un filtro técnico dentro de una política de gasto controlado dirigido a áreas prioritarias, previamente definidas por el presidente de la República y su consejo de ministros. Una vez se seleccionan los proyectos factibles, son conocidos y aprobados por el presidente y su gabinete, para que pasen a ser parte del presupuesto general de la nación para su discusión y posterior aprobación.
Para contribuir a la transparencia en la aprobación y el manejo del gasto público, los ciudadanos debemos tener acceso sin restricciones a toda la información de las finanzas públicas, de los estudios de evaluación de los proyectos de inversión, de los términos y condiciones de los préstamos y del endeudamiento público en general. A fin de cuentas somos los contribuyentes los que terminamos pagando las cuentas. Esto ayudaría, entre otras cosas, a contrarrestar las presiones de los grupos de interés para favorecerse de las partidas presupuestarias del gobierno.
Este proceso debe cerrarse con un eficiente y confiable sistema de supervisión y control de la ejecución presupuestaria. Contar con una contraloría técnica e independiente que sea garante de que los fondos no se desvíen en el camino y realmente lleguen a beneficiar a la población objetivo. En un país con escasos recursos, la corrupción en el manejo de los fondos públicos es responsable de más pobres y más muertos por falta de servicios básicos.
