La confrontación política irracional e irresponsable entre los dos partidos políticos mayoritarios, que buscan rentabilidad electoral para ambos partidos, mediante la concentración del poder en los polos extremos y la marginación del resto de actores, tiene un alto costo para la población y va en perjuicio de la viabilidad futura del desarrollo económico y social de El Salvador. A este fenómeno perverso se le llama “polarización” en El Salvador.
Perverso porque no existe voluntad de concertar y ponerse de acuerdo en las cosas fundamentales de las políticas públicas y en los problemas urgentes que están desesperando a la población y obligándolos a emigrar.
Uno de los acuerdos urgentes que necesita el país, es un acuerdo fiscal pactado entre todos los actores políticos, económicos y sociales, que evite llegar a una crisis económica de graves consecuencias y a su vez posibilite dar el salto cualitativo para alcanzar niveles sostenidos de crecimiento con equidad.
El Salvador necesita aumentar, racionalizar y controlar el gasto público, para atender los graves problemas de pobreza e inseguridad ciudadana, las grandes demandas sociales insatisfechas de la población y solventar prudentemente los desequilibrios fiscales acumulados.
La inversión en bienes públicos aumenta el beneficio de la población, aumenta la productividad de los trabajadores y empresarios, vuelve más competitivo al país, atrae la inversión privada y logra una inserción exitosa en el mercado internacional. Esto permite condiciones favorables para la estabilidad política y la paz social en el largo plazo.
El problema delicado en las finanzas públicas es que para atender las obligaciones ya existentes (vencimientos de bonos y pago de pensiones) y atender los grandes déficit sociales entre el 2008 al 2014, el gobierno necesita recursos adicionales por $9,600 millones, que no los puede cubrir con los ingresos corrientes, con los niveles actuales de carga tributaria del 13.4% del PIB y tasas de crecimiento de la economía del 4.5%.
En buenas cuentas, en el tiempo que le falta al actual gobierno y el del próximo gobierno, van a necesitar un promedio anual adicional de $1,373 millones. Si el país ya se encuentra en el límite prudente de endeudamiento público, solo le queda obtener más ingresos por la vía de aumentar la recaudación con los actuales impuestos, haciendo que paguemos todos, todo lo que tenemos que pagar; refinanciando deuda que no pueda pagar; gastando en forma eficiente y transparente; combatiendo la corrupción y muchas otras medidas de sana administración pública. Si todo esto no le alcanza deberá evaluar la creación de nuevos impuestos para llegar a niveles de carga tributaria del 20% del PIB, que es lo que el país necesita.
El punto central es que cualquier partido que llegue al gobierno no podrá gobernar solo, ni estar “saltando” permanentemente a la oposición política para atender los problemas fiscales.
Si no somos capaces de alcanzar acuerdos básicos en materia fiscal, antes de que caliente más la campaña electoral, el país quedará entrampado y entrará en crisis, independientemente de quien gane las elecciones. Si a esto se le agrega que no se atiendan las graves deficiencias y la falta de confianza en el sistema electoral, de cara a unas elecciones reñidas y confrontativas, solo nos queda esperar fuertes reacciones de violencia social que restarían aún más a la viabilidad futura del país.
Perverso porque no existe voluntad de concertar y ponerse de acuerdo en las cosas fundamentales de las políticas públicas y en los problemas urgentes que están desesperando a la población y obligándolos a emigrar.
Uno de los acuerdos urgentes que necesita el país, es un acuerdo fiscal pactado entre todos los actores políticos, económicos y sociales, que evite llegar a una crisis económica de graves consecuencias y a su vez posibilite dar el salto cualitativo para alcanzar niveles sostenidos de crecimiento con equidad.
El Salvador necesita aumentar, racionalizar y controlar el gasto público, para atender los graves problemas de pobreza e inseguridad ciudadana, las grandes demandas sociales insatisfechas de la población y solventar prudentemente los desequilibrios fiscales acumulados.
La inversión en bienes públicos aumenta el beneficio de la población, aumenta la productividad de los trabajadores y empresarios, vuelve más competitivo al país, atrae la inversión privada y logra una inserción exitosa en el mercado internacional. Esto permite condiciones favorables para la estabilidad política y la paz social en el largo plazo.
El problema delicado en las finanzas públicas es que para atender las obligaciones ya existentes (vencimientos de bonos y pago de pensiones) y atender los grandes déficit sociales entre el 2008 al 2014, el gobierno necesita recursos adicionales por $9,600 millones, que no los puede cubrir con los ingresos corrientes, con los niveles actuales de carga tributaria del 13.4% del PIB y tasas de crecimiento de la economía del 4.5%.
En buenas cuentas, en el tiempo que le falta al actual gobierno y el del próximo gobierno, van a necesitar un promedio anual adicional de $1,373 millones. Si el país ya se encuentra en el límite prudente de endeudamiento público, solo le queda obtener más ingresos por la vía de aumentar la recaudación con los actuales impuestos, haciendo que paguemos todos, todo lo que tenemos que pagar; refinanciando deuda que no pueda pagar; gastando en forma eficiente y transparente; combatiendo la corrupción y muchas otras medidas de sana administración pública. Si todo esto no le alcanza deberá evaluar la creación de nuevos impuestos para llegar a niveles de carga tributaria del 20% del PIB, que es lo que el país necesita.
El punto central es que cualquier partido que llegue al gobierno no podrá gobernar solo, ni estar “saltando” permanentemente a la oposición política para atender los problemas fiscales.
Si no somos capaces de alcanzar acuerdos básicos en materia fiscal, antes de que caliente más la campaña electoral, el país quedará entrampado y entrará en crisis, independientemente de quien gane las elecciones. Si a esto se le agrega que no se atiendan las graves deficiencias y la falta de confianza en el sistema electoral, de cara a unas elecciones reñidas y confrontativas, solo nos queda esperar fuertes reacciones de violencia social que restarían aún más a la viabilidad futura del país.
