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| Diario EL MUNDO, 8 de septiembre 2020 |
Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, sábado 7 noviembre 2020
Mis amigos letrados me explicaron que el Estado de Derecho está basado en el ‘principio de legalidad’. Traducido a sentido común, este principio significa que el gobierno, y cualquiera de sus funcionarios, solo está facultado a hacer lo que la ley le permite. En cambio, el ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe explícitamente.
La Constitución define con claridad que los únicos que pueden tomar iniciativa de reformar la Constitución, son los diputados de la Asamblea Legislativa. No hay artículo en la Constitución ni ley secundaria que faculte al gobierno a tomar este tipo de iniciativas, ni mucho menos a formar una Comisión Presidencial para este fin.
Esto significa que la comisión que Ulloa preside no tiene ningún carácter oficial, no forma parte de la institucionalidad del Estado, y no tiene más facultades que cualquier tertulia de ciudadanos que se reúnan para el fin de proponer cambios en la Constitución. Como nos dice el ‘principio de legalidad’, los ciudadanos podemos emprender cualquier iniciativa, mientras no viole una ley, y proponerla a los diputados. No así el gobierno o cualquier comisión que se les ocurra formar. O sea, don Félix anda fuera de lo que la ley le permite, igual que el presidente que le asignó esta misión.
La comisión Ulloa, aunque sus integrantes la disfracen como “Equipo ad hoc para el estudio y la reforma de la Constitución”, de facto es una Comisión Presidencial. Se formó por un acuerdo ejecutivo del gabinete de Bukele, y funciona con recursos de Casa Presidencial. No pueden alegar que son ciudadanos haciendo uso de su derecho de hacer propuestas y exponerlas al país. El decreto ejecutivo dice que Ulloa fue delegado por el presidente para coordinar esta comisión. Pero no es el presidente quien por decreto puede crear la base legal para una comisión, si el mandato de esta no tiene respaldo en una ley.
El mismo presidente dijo en una reunión en Casa Presidencial el 18 de mayo del 2020: ”Vamos a reformar el Estado, tenemos el 97% de apoyo del pueblo”. Lo que no sabe o no quiere aceptar es que no es el porcentaje de popularidad en encuestas que faculta a cambiar el carácter del Estado sino exclusivamente las reglas establecidas en la Constitución.
El presidente tiene la obligación de sancionar a su secretario de prensa cuando este emite un comunicado de Casa Presidencial diciendo que uno de los resultados de la Comisión Ulloa puede ser la formación de una Constituyente. En nuestro país, la única forma de instalar una Constituyente es mediante un golpe de Estado, no hay forma legal de hacerlo. Y el presidente no puede permitir o incluso fomentar que desde Casa Presidencial se promueva un golpe de Estado.
La mera formación de la comisión Ulloa es inconstitucional, porque atenta contra la división de poderes y asume acciones que ninguna ley permite. Atenta además contra las reglas que la misma Constitución establece de cómo reformarla.
Esto hay que decirlo con toda claridad. Saludos,
