 |
| Erika Saldaña, ex presidenta del Centro de Estudios Jurídicos CEJ |
Publicado en EL DIARIO DE HOY, 19 agosto 2019
Desde hace varios años se habla de la necesidad de establecimiento de un organismo internacional que colabore a combatir la corrupción en El Salvador. A partir de la notoriedad que obtuvo la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) surgió la iniciativa de aplicar dicho modelo en El Salvador. Es el tema del momento, pero para tener un panorama más completo sobre las características de una posible CICIES es necesario más información.
Las siguientes líneas tienen como finalidad contar la experiencia guatemalteca y extrapolarla a la realidad de El Salvador. La CICIG es —o fue, considerando que el septiembre vence su mandato— una entidad creada a partir de un acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de ese país con la finalidad de apoyar a las instituciones del Estado en la investigación y persecución penal de delitos cometidos por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.
Dichos cuerpos paramilitares eran los encargados de la represión a la sociedad civil, los cuales no desaparecieron después del conflicto armado sino que se transformaron e infiltraron en el sistema estatal para garantizarse impunidad. En su desarrollo, las investigaciones de la CICIG evidenciaron que la impunidad en delitos contra derechos fundamentales se mantiene gracias a la corrupción enraizada en las instituciones clave, la cual debía ser combatida.
A partir de la insuficiente respuesta estatal a solventar muchos problemas que aquejaban a la sociedad guatemalteca, y con base en la presión de la opinión pública, sociedad civil, medios de comunicación y comunidad internacional, después de varios años de intentos fallidos se creó la CICI Guatemala con la finalidad antes señalada. Esta entidad se encuentra dirigida por un comisionado nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, a quien se le debe garantizar independencia funcional y en la conformación de su equipo.
Dos puntos claves para entender la labor de una posible CICIES son la independencia política y financiera. El nombramiento de un comisionado y su equipo no puede depender de ningún factor político interno, con la finalidad de evitar conflicto de intereses; además, debe contar con el suficiente financiamiento para que sus investigaciones no se vean comprometidas. Otra característica fundamental es que debe tener un periodo definido, para no perder de vista que una CICIES tendrá una labor de colaboración. Dado que los procesos judiciales deben iniciarse ante instancias judiciales nacionales, la soberanía del Estado se mantiene en la medida en que esta institución respete la labor de los órganos fundamentales en el ejercicio de sus funciones.
¿Necesitamos una CICI en El Salvador? Sin lugar a dudas, el combate a la corrupción es un fin legítimo; probablemente si las instituciones internas funcionaran, ningún país ni siquiera se plantearía la creación de una CICIES, pero lastimosamente no es el caso. Cualquier esfuerzo que ayude a sacar adelante el sistema debería ser visto con buenos ojos y apoyada tanto por todos en El Salvador. Hoy por hoy, necesitamos más detalles para ir delineando una idea más fundamentada de lo que sería una CICIES en El Salvador.
