Ahora todos -ustedes en la Asamblea y la ciudadanía- están enfocados en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es la prioridad número 1, indudablemente.
Pero inmediatamente despuées tienen que atender otro problema, que causaría grave daño si no logran encontrar una solución racional, eficiente y pegada a la Constitución. Desde hace varias semanas, ustedes tienen en sus manos la iniciativa del gobierno de reformar la Ley Penitenciaria. Viene, como siempre, con urgencia y mucha presión. Más bien chantaje.
La urgencia del gobierno es esta: Han basado toda su política de Seguridad Pública sobre la muleta de las medidas extraordinarias. Desde ya más de dos años las aplican en el sistema penitenciario. Medidas extraordinarias, que no son otra cosa que un Estado de Excepción parcial, tienen por definición un carácter temporal. La única manera que ustedes, los legisladores, pueden autorizar un Estado de Excepción temporal es bajo el imperativo que el gobierno aproveche el plazo concedido para resolver la emergencia y hacer innecesarias la aplicación de medidas extraordinarias, temporales y restrictivas de derechos constitucionales.
Esta regla constitucional ya ha sido violada por el Ejecutivo al buscar dos veces la prolongación de las medidas extraordinarias. La última vez, la Asamblea se negó a dar otra prorroga de 1 años y dijo al Ejecutivo: Le damos 6 meses para resolver, pero es la última vez. Resuelvan.
Ahora,
ante su incapacidad de desarrollar políticas que resuelven la
emergencia de inseguridad, el gobierno presentó una reforma de la Ley
Penitenciaria que simplemente pretende convertir las medidas
extraordinarias en legislación permanente, incluyendo todas sus
restricciones a derechos garantizados por la Constitución y por las
leyes. Esto no se vale. Es una ofensa tanto a la Sala sobre que
sentenció que es inaceptable elestado del sistema penitenciario, como a
la Asamblea Legislativa que les negó la prórroga por un año más.La incapacidad -o la falta de voluntad- del gabinete de Seguridad de resolver la emergencia no puede ser razón para la Asamblea de permitir que el Estado de Excepción se convierta en legislación permanente. Sería una derrota del Estado de Derecho.
Así lo han calificado las instancias internacionales encargadas de vigilar y garantizar los Derechos Humanos. Ustedes tienen en sus manos los informes respectivos.
Convertir las medidas extraordinarias en legislación permanente sería permitir que el ejecutivo actual y el que venga sigan construyendo sus políticas de Seguridad Pública sobre la libertad de continuar violando derechos humanos y constitucionales.
Tienen en sus manos la oportunidad de obligar al gobierno a reorientar sus políticas y presentar y cumplir planes de seguridad integrales apegados a la Constitución. Estamos acercándonos a las elecciones presidenciales y la transición a un nuevo gobierno. La Asamblea no debe cerrar la puerta a que los candidatos y sus partidos desarrollen propuestas nuevas en el área de Seguridad y que no sean amarrados a una legislación que surge de la incapacidad de los últimos gobiernos.
Hagan su trabajo. No son el órgano auxiliar del gobierno.
Saludos,
(MAS! / EL DIARIO DE HOY)
