Carta sobre los comisionados Cotto y Landaverde, su jefe máximo, y la falta de control civil sobre la PNC

Me han dicho que he sido injusto con Howard Cotto, pidiéndole su renuncia. Es cierto, lo lamento. Hubiera tenido que pedir la renuncia también a Mauricio Ramírez Landaverde, el ministro de Seguridad, quien tiene el mandato constitucional de ejercer el control civil sobre la PNC. Cosa que difícilmente puede hacer, siendo policía.

Hubiera tenido que resaltar que según nuestra Constitución el máximo responsable de la PNC no es el director general, ni el ministro, sino el presidente de la República.
Art. 168.- Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República:
17.- Organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil (…) con estricto apego al respeto a los Derechos Humanos y bajo la autoridad la autoridad de autoridades civiles.
El problema es que el actual presidente no ejerce este mandato constitucional. Lo delega a su secretario Manuel Melgar, quien en el gobierno de Funes fue ministro de Seguridad y tuvo que ser sustituido por incapacidad. Es a él, no al presidente, que los miembros del gabinete de Seguridad reportan. Pero delegar a su secretario no exime al presidente Salvador Sánchez Cerén de la responsabilidad sobre la PNC.

Para hacer justicia al serio problema que tiene la PNC, yo hubiera tenido que exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa que hagan un tiempito en medio de su campaña proselitista para interpelar al ministro de Seguridad y al director de la PNC y pedir explicaciones sobre las situación del GRP, sobre investigaciones internas, y sobre las responsabilidades de los oficiales superiores. Lastimosamente, la Asamblea no tiene derecho de interpelar al presidente de la República, pero si le podemos exigir que le pida explicaciones sobre como ejerce el control de la PNC.

Entonces, para hacer justicia al problema de la PNC (y ser justo también con el comisionado Cotto), hay que concluir que lo que observamos no solamente es una crisis de la conducción de la PNC, sino es una crisis institucional, en la cual ni el ministerio de Justicia y Seguridad, ni el presidente de la República, ni la Asamblea Legislativa cumplen sus responsabilidades. Un problema institucional, tienen razón los que criticaron mi carta a Howard Cotto, no se resuelve con la renuncia o el despido del director de la PNC. Hay que remover también al comisionado policial al mando del ministerio y volver a establecer el control civil sobre la policía. Sólo así será posible una reestructuración profunda de la organización interna y la conducción de la PNC, recuperando su carácter apolítico y profesional que exige el artículo 159 de la Constitución.

El debate sobre este desafío hay que comenzarlo desde ya, pero resolver este problema le tocará al próximo gobierno que elegiremos en marzo del 2019.

Saludos,

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La carta anterior, a Howard Cotto

(MAS! / El Dairio de Hoy)

 

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