Negar sus votos en caso que el gobierno no está dispuesto a
corregir el presupuesto no es sabotaje. Es el ejercicio de un derecho y
deber constitucional.
Luego de vacaciones, regresamos a lo mismo. Nuevamente vamos a escuchar tanto a los mal intencionados como a los sabios
ingenuos exhortando ambos, gobierno y oposición, por igual a dejar de
ser necios y a bloquear la solución al problema fiscal. Pongamos las
cosas claras: Necio es quien no tiene razón y sigue insistiendo. Pero
los que tienen razón y sostienen su posición, no son necios, son
coherentes.
El gobierno tenía la oportunidad (y el deber) de poner todas las cartas sobre la mesa y presentar un presupuesto general de la nación completo, incluyendo todas las obligaciones del Estado y todos los gastos necesarios para cumplir su plan de gobierno. Pero el gobierno no lo hizo, porque entonces, su presupuesto hubiera tenido un déficit de unos 2000 millones de dólares. El gobierno hubiera tenido que ir a la Asamblea y negociar con ARENA el financiamiento de este presupuesto. En esta negociación, el gobierno hubiera pedido financiarlo con préstamos, y la oposición hubiera exigido enfrentar buena parte del déficit con recortes de gastos. No pongamos todo en el mismo saco: Una posición es necia, la otra es necesaria.
La Constitución manda que un presupuesto que incluye préstamos necesita mayoría calificada de la Asamblea. Esto significa que el gobierno está obligado a presentar un presupuesto y un plan de financiarlo aceptables para 56 diputados. Si un gobierno quiere deshacerse de esta obligación, tiene que ganar en elecciones parlamentarias una mayoría calificada de 56 votos que se lo permita. Mientras esta mayoría no exista, el gobierno está obligado a presentar un presupuesto aceptable para sus adversarios. No sé cual parte de esta regla simple el gobierno y muchos “sabios” no entienden.
El FMLN no dispone de una mayoría para aprobar préstamos sin aprobación de la oposición. Pero tampoco quiere negociar su presupuesto con la oposición. Prefiere extorsionar y enganchar a los partidos minoritarios para alcanzar mayoría simple (de 43 votos) para aprobar un presupuesto incompleto – o sea, desaparecer el déficit omitiendo algunos rubros. En esta ficción el presupuesto parece equilibrado y financiado.
Pero estas mentiras siempre tienen patas cortas. Las obligaciones de pagar pensiones a los militares, de cancelar préstamos hechos al fondo de pensiones, de pasar el FODES a las alcaldías, no desaparecen por arte de magia. Las pueden desaparecer en el papel donde se imprime el presupuesto, pero no en la realidad. Por tanto, ahora que tienen encima estas obligaciones perfectamente previsibles, piden a la Asamblea que les autorice los préstamos que desaparecieron a la hora de presentar el presupuesto.
Por supuesto ARENA dice que no. Serían bobos si aceptaran esta extorsión. El gobierno, de manera fraudulenta, se hizo de un presupuesto que todo el mundo sabía que no reflejaba los gastos reales. Hoy echan la culpa a la oposición y le exigen que retrospectivamente les aprueben los préstamos necesarios para cubrir el déficit, con el argumento extorsionista que si ARENA les niega sus votos, afecta a la población. Este chantaje no extraña, es parte del populismo del FMLN. Pero sí extraña que analistas independientes les compren este relato y presionan por igual a gobierno y oposición.
Entonces, ahora está en la agenda lo que hubiera tenido que discutirse antes de aprobar el presupuesto: ¿Cómo financiarlo, con préstamos o con recortes, o con qué combinación de ambos? Y el gobierno tiene que enfrentar este debate y hacer concesiones, porque así lo demanda la Constitución: Para financiar un presupuesto con deuda necesitan mayoría calificada, y no la tienen sin los votos de ARENA.
Negar sus votos en caso que el gobierno no está dispuesto a corregir el presupuesto no es sabotaje. Es el ejercicio de un derecho y deber constitucional.
El que tiene que ceder es el gobierno. Tiene que aceptar que el presupuesto que con ayuda de sus aliados aprobó, es incompleto y desfinanciado. ARENA no se va a negar categóricamente a cubrir una parte del déficit presupuestario con deuda. Lo que sí tiene que rechazar es la idea de aprobar más deuda mientras el gobierno no acepte negociar el ajuste necesario para reducir gastos.
La versión de que aquí hay dos actores que por falta de voluntad de ponerse de acuerdo hunden al país en una crisis de impago, sólo sirve para quitarle presión al gobierno y pasarla a la oposición, debilitando la posición correcta de hacer valer el mandato constitucional de un presupuesto nacional equilibrado y financiado. No confundamos la necedad del gobierno, que a cualquier costo quiere seguir adelante con sus políticas populistas-electorales, con la necesaria oposición contra un presupuesto inconstitucional, que de todos modos le cuesta tanto asumir a ARENA.
(El Diario de Hoy)