Carta a la Asamblea Legislativa: Hold your horses!

Estimados diputados:
El hecho que tenga que escribir el miércoles sobre un proyecto de ley importante, hasta hoy desconocido, pero que quieren aprobar el jueves, demuestra que algo está mal con su manera de legislar.


Por lo menos en la opinión pública y en los sectores que hacen uso diario de las redes sociales, del internet y de la libertad de expresión (sea por profesión, sea por iniciativa ciudadana), la “Ley de Delitos Informáticos” no ha sido discutida. Por una nota periodística nos damos cuenta que la Comisión de Seguridad ya emitió un dictamen positivo.

Hold your horses! Despacio. No aprueben una ley tan importante de manera improvisada, sin un profundo análisis jurídico y de las implicaciones para la libertad de expresión y el tipo de comunicación que necesita la sociedad del futuro. En pleno siglo 21, que es siglo de la informática, se necesita una ley, pero no cualquier ley. Mucho menos una ley represiva, con vocación restrictiva. Comencemos con el nombre: ¿Por qué piensan en una Ley de DELITOS informáticos, y no en una Ley de Seguridad y Libertad Informática?

Con la importancia creciente de la informática y del internet no estamos ante un problema penal, sino ante un cambio de la manera de comunicarnos entre nosotros y con el mundo, que puede ser democrática, crear más transparencia, y ser instrumental para que la libertad de expresión sea un derecho para todos. Pero también se presta a abusos, sobre todo cuando el Estado interviene indebidamente.

Una Ley de Seguridad y Libertad Informática nos tiene que proteger de abusos estatales, como por ejemplo el espionaje de nuestros datos, sus almacenamiento por razones de control policial, pero también contra ataques cibernéticos, hackers malignos, fraude cibernético. Es un campo nuevo, debido a nuevas tecnologías, y por tanto necesita legislación. De acuerdo. No sé si el proyecto en discusión en la Asamblea cumple esta función, porque nadie ha hecho público el cuerpo de ley. Increíble en un asunto que por definición tiene que ver con transparencia…

En cuanto a “daño a integridad” y “difusión de información perjudicial” (difamación, calumnia, injuria), divulgación no autorizada de datos personales, pornografía - todo esto ya está regulado en otras leyes. Lo único que una Ley de Seguridad y Libertad Informática tiene que hacer es crear los mecanismos que un delito, como por ejemplo de calumnia o pornografía infantil, pueda perseguirse cuando es cometido en redes sociales, muchas veces bajo anonimato. Por ejemplo, el diputado Gallegos no se atrevería decir en una columna que yo soy palabrero de una pandilla, pero lo hace impunemente en twitter o facebook… Ni hablar de las cuentas anónimas en las redes.

Sobre esto hay que legislar, pero la nueva ley no debe, de ninguna manera, establecer restricciones adicionales a la libertad de expresión. Al campo cibernético no se puede poner más restricciones que a los medios tradicionales. Lo que es sancionado decir en un periódico, tiene que ser sancionable en facebook o en un blog. Ni más ni menos.

¿Cómo entender un ‘delito’ llamado “difusión de información perjudicial”? Si una publicación, sea en medios tradicionales o en redes sociales, es difamatoria y falsa, aplica la ley existente. Pero no toda información perjudicial es difamatoria. Informar sobre corrupción de funcionarios es altamente perjudicial para el corrupto – ¡y así tiene que ser! No puede limitarse nuestro derecho de divulgar hechos que incomodan (y así perjudican) a corruptos. Más bien la ley tiene que proteger este derecho.

Lo que sí hay que prohibir, perseguir y penalizar es el espionaje cibernético. El fiscal general suele decir que aparte del único centro autorizado para escuchas telefónicas, que dirige su institución, existen 4 otras, privados e ilegales – pero no ha cerrado ninguna. Y muchos ciudadanos tenemos indicios que estructuras estatales nos están violando la privacidad de nuestras comunicaciones, sin la debida autorización judicial. La nueva ley tiene que reforzar la seguridad de los ciudadanos contra estos abusos estatales. No estoy seguro que el proyecto de ley que ustedes están estudiando cumpla esta función.

Por todas estas razones es imposible que aprueben esta ley. Publiquen el proyecto, sométanlo al escrutinio de la opinión pública, de los juristas, de los comunicadores y de los profesionales de la informática. Tal vez así surgirá una ley que, en vez de poner en peligro la seguridad jurídica y la libertad de expresión, las blinde contra malas intenciones políticas y manipulaciones fraudulentas.

Espero que no la pasen. Saludos, Paolo Lüers
(Mas!/El Diario de Hoy)