Carta al fiscal general

Estimado Luis Martínez:
El otro día tuve el gusto de asistir a una gentil invitación a su institución. No tenía idea de qué se trataba y si me citaban en calidad de testigo o imputado. Entonces. acepté la gentil oferta de un amigo y reconocido letrado a acompañarme. Por si las moscas…

Los dos fiscales que me estaban esperando se asustaron cuando vieron quién me acompañaba. Comenzaron a explicar al famoso jurista y constitucionalista que él no podía estar presente en esta diligencia, ya que el interrogatorio de un testigo es de carácter reservado.

La buena noticia para mi era que no estaba acusado de a saber qué delito, sino estaba ahí en calidad de testigo. La mala noticia: Me estaban negando el derecho de contar con asesoría jurídica. Cosa que nosotros rechazamos. Uno de los dos fiscales asignados al caso, del cual aun yo no tenía idea de qué se trataba, comenzó a redactar un acta para hacer constar que me negaba a declarar. Como ciudadano respetuoso a la ley, por supuesto, insistí que tenía toda la voluntad de declarar.


Mi amigo y abogado comenzó a dar cátedra de constitucionalismo básico, explicando que como ciudadano uno tiene derecho a todo que no sea explícitamente prohibido por la ley. Los fiscales nos empezaron a leer párrafos de diferentes leyes, pero en ninguno decía algo como: el ciudadano que declara ante la fiscalía como testigo tiene prohibido acompañarse de un abogado…

En cierto punto del debate me dijeron, casi suplicando, que no me preocupara, que en el momento que dijera algo que me incriminara, ellos inmediatamente me comunicaran que de testigo me estaban cambiando a categoría de imputado – y en este momento tendría derecho a un abogado. La respuesta del letrado que me acompañaba: precisamente para esto estoy aquí, para evitar que mi cliente diga algo que a ustedes puede parecer como auto-incriminación.

Claro, esta discusión jurídica sobre el supuesto peligro de auto-incriminación no me gustó por nada. Entonces, tomé una decisión: Como no hay nada de lo cual me podría incriminar, porque no existe delito, estoy dispuesto a someterme al interrogatorio solito, sin abogado. Salgamos ya de esto, y punto.

Al fin, la solución salomónica, a insistencia de mi abogado: Yo iba a declarar solo, y mi abogado se iba a mantener pendiente afuera, en el pasillo, para que yo pudiera salir a consultarlo en cuanto tuviera la impresión que me estaban haciendo trampas para   incriminarme. Tenía razón. Aunque yo no cometí delito alguno, no hay garantía que no trataran de implicarme en algo. Cosas peores se han visto…

No voy a contar nada sobre el interrogatorio, en respeto al carácter reservado de mis declaraciones. Ni siquiera voy a contar de qué se trataba, solo que tuvo que ver con la investigación general que la fiscalía desde ratos lleva sobre la tregua - y con las declaraciones irresponsables de un ministro del gobierno Funes…

Al fin nunca necesité a mi abogado. Pero su mera presencia, aunque en el pasillo, garantizaba que no me podían hacer trampas serias. Me hicieron las preguntas sobre el asunto que les habían encargado investigar, y les aporté suficientes elementos para llegar a la conclusión que no existía delito de parte de nadie.

Las trampitas que me hicieron, de repente hablando de otras cosas a ver qué pescaban, las pude manejar solito. El asunto, de todos modos, era tan poca cosa que no entiendo como llega a ocupar tanto tiempo de tantos fiscales.

No pasó nada. Momento: ¿Realmente no pasó nada? Pasó que me quedó la fea sensación que la fiscalía está negando a los testigos que llegan a declarar el derecho constitucional de tener asistencia de su abogado para protegerse del peligro de auto-incriminarse y pasar de repente de testigo a imputado o incluso enchuchado. Si me hacen esto a mi que me acompaño de un abogado tan prestigioso, ¿cómo no lo van a hacer a otros todos los días?

Usted, señor fiscal general, como garante del estado de derecho, tal vez puede quitarme esta fea sensación y aclarar este asunto de una vez por todas. Saludos, Paolo Lüers
(Mas!/El Diario de Hoy)