¿CON-CESIONES O CON-AUTONÓMAS?

La concesión es una estrategia utilizada por algunos gobiernos cuando no cuentan con los recursos financieros disponibles para brindar un determinado servicio público o para desarrollar ciertas áreas estratégicas que fomentarán el progreso económico y social de un país.

La concesión como su mismo nombre lo dice, es un permiso que se le otorga a una persona natural o jurídica (siempre y cuando cumplan con todos los requisitos legales necesarios para evitar el blanqueo de dinero y otros ilícitos) para explotar por un tiempo estipulado un sector determinado (la administración y manejo de un área que es propiedad del estado para uso turístico) o un servicio público (infraestructura vial, etc.) que el gobierno no puede brindar. Al finalizar el período establecido, la estructura montada y desarrollada durante la concesión pasa a formar parte del patrimonio del Estado.En El Salvador, el gobierno central, desde el año pasado, ha venido pensando en la posibilidad de dar en concesión grandes obras de infraestructura como son las carreteras. Actualmente el tema vuelve a estar en la agenda tras la reciente visita presidencial a Chile. Esta visita produce una declaración conjunta, donde se menciona como un posible objeto de apoyo por parte del gobierno chileno la concesión de servicios públicos.

Después de la visita se ha iniciado un proceso de análisis por parte de la Secretaría Técnica de la Presidencia como de los diputados de La Asamblea Legislativa, para promover una Ley de Concesiones que establezca las condiciones y los rubros potenciales de ceder en concesión.Este proyecto de ley ha suscitado varias reacciones entre los diferentes partidos políticos. Todas ellas cargadas de posturas partidarias y eslóganes electorales. Ninguna de las posturas tiene argumentos de peso, más bien, es un tema más sobre la mesa para seguir con el dime que te diré característico de la Asamblea. Al final, por estar pensando en el 2009 y sus elecciones, se está desperdiciando la posibilidad de construir un debate serio sobre cómo desarrollar el país de una forma innovadora, sostenible y de beneficio para las amplias mayorías.

ARENA como partido de gobierno está promoviendo la creación de la Ley de Concesiones, hasta el momento hablan de una ley que debe aplicarse a obras de gran magnitud. Su explicación se basa en reconocer que lo que se recoge a través del FOVIAL no alcanza para el desarrollo de nuevos grandes proyectos viales. Claro, hablar de nuevos préstamos esta vetado, porque es regresar a las discusiones recién pasadas. Por supuesto se dice que la construcción de grandes autopistas dará más oportunidades para todos, fomentará el desarrollo económico del país, atrayendo a inversionistas y a turistas. Típicos lemas de su campaña publicitaria-electoral.

El PCN ha manifestado estar a favor de la creación de una ley, por supuesto, si es el aliado político de ARENA. Para salvar las apariencias, plantea que la ley debe servir para dejar en claro el tema, sobre todo porque las concesiones no están contempladas a profundidad en la LACAP (Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública).

Por su parte, el PDC y el CD están de acuerdo con discutir el tema. Algunos miembros del PDC incluso han sido más ambiciosos y plantean no solo dar en concesión grandes obras de infraestructura, sino también servicios de salud, de educación, transporte público.

El FMLN, siguiendo su estrategia electoral, se ha opuesto al tema, aunque de forma un poco más diplomática que en ocasiones anteriores. Ha dicho que la idea de las concesiones es válida (porque sabe que en Cuba y en Nicaragua se ha utilizado este esquema), y acá viene la forma diplomática para oponerse: dicen que debe ser estudiada a fondo y caso por caso, ya que puede existir una motivación oculta por parte del gobierno, es decir, privatización de servicios públicos.Si la ley dará en concesión solo las carreteras, el FMLN tampoco estaría de acuerdo. La respuesta sería: podríamos estar de acuerdo, pero hay que estudiar a fondo el proyecto de carretera que se quiera construir, hay que evaluar la parte ambiental, las comunidades afectadas, etc. Es la de nunca acabar, siempre tendrán un argumento para decir NO.

Cuando llegue el tema al seno de la Asamblea, el debate legislativo, con algunas palabras de más o de menos, será tal cual lo he planteado en pocas palabras en los párrafos anteriores. Seguiremos viviendo un enfrentamiento de monólogos, que solo buscan cohesionar a su grupo de votantes y tratar de dejar mal parado a su adversario. El tema de desarrollar el país es contingencial, lo que les importa es ganar las elecciones.

Ahora bien, si lo que se tiene en mente es el desarrollo económico y social de El Salvador, lo que debemos preguntarnos es sobre el beneficio real de dar en concesión un servicio, ya sea este una autopista o servicios de salud.

Por ejemplo, si damos en concesión el famoso anillo periférico del Gran San Salvador, es claro que se necesita una suma bastante grande de capital para llevar a cabo la construcción de la obra. Sabido es por todos que nadie da nada a cambia de nada. Entonces, ese dinero invertido tendrá que ser recuperado durante el tiempo que dure la concesión, y no solo eso, el grupo de inversionistas que estén en el proyecto buscarán obtener como mínimo un beneficio superior al que captarían si tuvieran su dinero ahorrado en una cuenta bancaria. ¿De dónde saldría el pago del capital invertido y la ganancia de los inversionistas? Pues, del peaje por el uso de la carretera.Después de este pequeño ejemplo piense usted, no sería más conveniente que la empresa a quien se le pagará el peaje fuera estatal y que ese dinero, en lugar de engrosar las arcas de inversionistas privados, sirviera para más obras sociales. De esta manera explico el título de la columna: En lugar de pensar en concesiones, porque no crear instituciones estatales autónomas que pueden manejar estas grandes obras de infraestructura. Tenemos al FOVIAL que ciertamente no es una autónoma, pero que ha sabido manejar los fondos y realizar un buen trabajo.

Se puede pensar en autónomas que se constituyan en empresas público-privadas de utilidad pública, es decir, con una junta directiva compuesta por inversionistas privados, por el gobierno central, por gobiernos locales. Ciertamente buscarán una ganancia como cualquier empresa, pero cuando el gobierno mantiene un porcentaje de las acciones, parte de esta ganancia puede ser invertida en más obras sociales. Además, para que los gobiernos sean accionistas de estas autónomas, nuevamente se tiene que regresar al debate de los préstamos, pero el debate tendría algo nuevo: Este endeudamiento de país tendría su propio mecanismo de pago, cobrando a los usuarios directos de las carreteras.

No solo el tema de las autopistas es viable para crear una autónoma que se encargue de ello, sino -como lo dije en una columna anterior- el transporte público, también el transporte de carga a través de trenes y así otros rubros más.

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