Por un Presupuesto enfocado en resultados. De Carmen Aída Lazo

Carmen Aída Lazo, decana de Economía de la ESESN,
ex candidata a la vicepresidencia

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 14 agosto 2019 

Decía el economista Milton Friedman que uno de los mayores errores consiste en juzgar las políticas y programas de los gobiernos por sus intenciones, en lugar de hacerlo por sus resultados.

En las últimas décadas —y con el afán de ganar mayor legitimidad ante la población—, los gobiernos de muchos países han ido adoptando políticas públicas diseñadas con un enfoque que prioriza el logro de resultados. Es lo que se ha venido a conocer como “políticas basadas en evidencia”. Se trata de un enfoque principalmente promovido por organismos internacionales y agencias de cooperación que busca definir con claridad y precisión los objetivos y metas de las políticas estatales, así como llevar a cabo una cuidadosa medición de los resultados obtenidos. La idea central es que, aplicando un método riguroso y analítico, se lograrán ir construyendo políticas públicas que brinden mejores bienes y servicios a la población. Se afirma que, al recurrir más a evidencia, a datos, despojamos —al menos parcialmente— a los programas gubernamentales de una discusión excesivamente subjetiva y muchas veces ideologizada, ayudando así a construir políticas más robustas.

De esta manera, un gobierno que tiene una visión clara de las necesidades más apremiantes de la población se dará a la tarea de diseñar programas en los que exista una conexión causal clara entre las prioridades, los objetivos que pretende alcanzar y las intervenciones estatales. Al recurrir a un enfoque que privilegia la evidencia, en lugar de preguntar ¿cuánto fue el presupuesto que se destinó a X o Y intervención?, el énfasis de las preguntas se formula en términos de resultados: ¿cuáles son las intervenciones o programas más efectivos para reducir la deserción escolar? ¿Cuál es el impacto —en términos de dinamización de la economía— de la construcción de una nueva calle en una determinada zona? ¿Qué tan efectiva fue una campaña de salud? ¿Qué tan eficaz es un determinado programa de formación en mejorar las oportunidades laborales de los beneficiarios?

En definitiva, esta orientación hace más transparente y eficaz la gestión gubernamental, y de ahí el llamado a que busquemos impulsar su adopción progresiva en nuestro país. El Salvador tiene aún mucho camino por recorrer para contar con programas y políticas eficaces que transformen positivamente la vida de los salvadoreños. Necesitamos que la decisión de eliminar, mantener o modificar un programa gubernamental sea tomada a partir de una valoración objetiva de su impacto, en lugar de depender exclusivamente de la opinión y percepciones de los funcionarios a cargo de su implementación. A manera de ejemplo, el programa más popular de los últimos años ha sido la entrega de paquetes escolares. Sin embargo, el programa se implementó sin una estrategia para medir su impacto.

Dada la ausencia de metas concretas y medición de resultados en muchos programas gubernamentales, el Presupuesto de la República se constituye en la herramienta que refleja la expresión de las prioridades de políticas públicas del país. El presupuesto asignado a una política o programa —y su nivel de ejecución— usualmente es utilizado como indicador de la relevancia que tiene para el gobierno en turno.

Y es por eso que resulta importante que los ciudadanos nos familiaricemos con algunos aspectos básicos del Presupuesto, pues su análisis y discusión no debiese estar reservado únicamente a los economistas y/o expertos en dicha temática. Es por esa razón que resulta fundamental comprender la distribución de recursos plasmada en el mismo. Entonces, ¿qué nos es recomendable saber sobre el Presupuesto? A continuación, algunos elementos:

1. Responsabilidad. La elaboración del Presupuesto corresponde al poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. Este lo presenta para aprobación de la Asamblea Legislativa en septiembre de cada año. Si el Presupuesto no implica endeudamiento para el país, basta para su aprobación con la mayoría simple (43 votos); caso contrario, requiere mayoría calificada (56 votos). Es importante señalar que los diputados no pueden incrementar el monto del Presupuesto enviado por Hacienda.

2. Transparencia. La Encuesta de Presupuesto Abierto de la International Budget Partnership (IBP) coloca a El Salvador entre los países que brinda información presupuestaria limitada. De hecho, El Salvador se ubicó en 2017 en la última posición entre los países de Centroamérica en términos de la participación pública en el proceso presupuestario. Esto significa que aún hay mucho por hacer para que el país avance en la transparencia de las finanzas públicas . Un paso pendiente y trascendental en esta línea sería la eliminación de la partida de gastos reservados (mejor conocida como partida secreta), pues ningún gasto público debe quedar al margen de los mecanismos de fiscalización.

3. Magnitud. El gráfico muestra la evolución de los gastos e ingresos del Estado en los últimos años. En la última década los ingresos aumentaron, pasando de 4,000 millones en 2008 a poco más de $6,000 millones en 2018, mientras que los gastos han aumentado en cerca de $2,150 millones —un 50%— en el mismo período. Dado que los gastos han superado a los ingresos, el país ha mantenido déficits fiscales, que se traduce en mayores niveles de endeudamiento. De hecho, el tamaño de la deuda pública total pasó de $9,700 millones en 2008 a casi $19,000 millones en 2018, equivalente al 72% del PIB del 2018. (Ver gráfica adjunta).

Fuente: Banco Central de Reserva Las variables se expresan en dólares corrientes. Los datos de 2018 son preliminares.

 4. Composición del gasto. De cada dólar de gasto público, aproximadamente 42 centavos se destinan al pago de salarios de empleados públicos, 17.5 centavos a bienes y servicios, 15 centavos al pago de intereses. Solamente 11.5 centavos se destinan a inversión. El gasto que más ha aumentado en la última década es el costo de la planilla, el cual ha crecido en cerca de $1,000 millones, superando los $2,600 millones en 2018. Hoy en día, El Salvador es uno de los países de América Latina donde los salarios representan el mayor porcentaje del Presupuesto.

5. Calidad del gasto. Es posible y necesario mejorar sustancialmente la calidad del gasto del Estado. El Informe del BID titulado “Mejor gasto para mejores vidas” plantea que hay que ir más allá de la discusión estándar entre aumentar impuestos o recortar el gasto, y sugiere que los países de América Latina se enfoquen en “gastar mejor cambiando de un gasto despilfarrador e ineficiente a un gasto eficiente que contribuya al crecimiento sin agudizar la desigualdad” . Estimaciones presentadas por los autores en dicho informe ubican a El Salvador como el segundo país con mayores ineficiencias técnicas (es decir con mayores niveles de despilfarro gubernamental), solo superado por Argentina. La estimación para el caso de nuestro país alcanza el 6.5% del PIB, mientras que en Argentina llega al 7.2 y el promedio de América Latina se estima en 4.4%.

Visto todo lo anterior, es necesario que el Gobierno tome la decisión de migrar hacia un “Presupuesto por Programas con enfoque de Resultados” que permita una mejor articulación del Presupuesto con los objetivos del Estado. De esta manera, en lugar de medir el éxito de un programa por cuánto se gastó en él, se mediría por lo que efectivamente se logró en términos de provisión de bienes y servicios.

Sin embargo, y pese a que El Salvador ha recibido en los últimos años apoyo de la cooperación internacional para pasar a un presupuesto por resultados, el Ministerio de Hacienda ha postergado su puesta en marcha, minando con ello la posibilidad de mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público.

En septiembre la nueva administración enviará el Presupuesto 2020 a la Asamblea Legislativa y entonces tendremos más elementos para valorar sus prioridades y conocer si deciden adoptar medidas que lo doten de mayor transparencia y eficacia. Dejaremos para otro artículo la tarea de analizar la estructura tributaria.

1 Algunas recomendaciones específicas que plantea la IBP pueden encontrarse en: https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/el-salvador-open-budget-survey-2017-summary-english.pdf

2 Al respecto ver “Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina y el Caribe pueden hacer más con menos” (BID, 2018).

Carta a monseñor Fabio Colindres: Tu pecado. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 13 agosto 2019

Estimado Fabio:
De repente, el malo de la semana sos vos. Y te caen los odios y resentimientos, que tanta gente tiene guardados.
Unos periodistas mal intencionados sacaron unas notas que exhiben los montos de la pensión que vas a recibir del IPSFA al cumplir tus 30 años en la Fuerza Armada. No es que esto no sea un tema que el periodismo no puede tocar. Pero las notas que salieron no son informativas, no explican el papel de un obispo castrense; no explican que en casi todos los países occidentales existen convenios entre la Iglesia y el Estado que regulan el trabajo de los capellanes y obispos castrenses, incluyendo sus rangos militares y sus respectivos salarios y pensiones. Los periodistas, sabiendo que el tema de las pensiones es un tema sensible en una sociedad con tanta desigualdad e injusticia social, sólo publican los montos de salario, indemnización y pensión mensual que te tocan al pensionarte con rango equivalente a general.

Un amigo, periodista y editor caracterizó estas notas como “character assessination”. Tiene razón, porque no aportan la información completa que sería necesaria para evitar que se provoque resentimientos y otras reacciones que nacen de información incompleta. Para colmo, al final de las diferentes notas se mencionó que monseñor Fabio Colindres fue mediador de “la tregua” y colaborador del general David Munguía P. ¿A qué invita esto, si no a que se entienda que esta pensión tan alta (más de $3,000 al mes) es una compensación por su rol de mediador?
Bueno, por lo menos conocemos tu pecado: tu rol en “la tregua”.

Resultado: los lectores se imaginan que el monto de la pensión tuya es resultado de un acuerdo político y no del cálculo técnico del IPSFA, tomando en cuenta tu tiempo de servicio, tu rango y otros factores que la ley define.
Entiendo que hay sólo una forma correcta de calcular una pensión y que no es sujeta de decisiones arbitrarias o de favores. Lo que en este caso correspondería al periodista es averiguar si el cálculo está conforme a la ley. Si lo es, ya no hay nada que agregar: esto es lo que por ley toca pagar. Si no lo es, el periodista sí tendría una noticia y todo el derecho de difundirla y exigir explicaciones. Otro tema que el periodista podría haber escogido es si es justo y sostenible un sistema de pensiones con diferencias tan marcadas en lo que los pensionados reciben. Pero esta ya no sería una historia sobre Fabio Colindres, quien ciertamente no es responsable del estado de nuestro sistema de pensiones…

Igual falló el Gobierno. Viendo el alboroto en redes sociales, donde todo el mundo, indistintamente de colores políticos, comenzó a cuestionar la honorabilidad tuya, la Secretaría de Prensa de la Presidencia se vio obligada a difundir un comunicado. ¿Qué sería lo que le toca a un gobierno en este caso? Mandar a revisar técnicamente el cálculo de la pensión cuestionada y, dependiendo del resultado, o modificarlo o confirmarlo públicamente.

¿Qué hizo nuestro Gobierno? Dijo que no tiene nada que ver, que tal cálculo se hizo en abril, bajo el gobierno anterior… Mensaje entendido, secretario de prensa “Brozo” Sanabria: el anterior gobierno fue corrupto; por tanto, que cada uno se imagine el chanchullo que el exministro de Defensa hizo con la pensión de Fabio Colindres, su co-conspirador en “la tregua”. Y cada uno en Twitter se imaginaba…

Así no se vale jugar cobardemente con el prestigio de un hombre que tan bien ha servido a la Fuerza Armada y al país. Hay que exigir que el ministro de Defensa explique cómo se calculó la pensión de monseñor Fabio Colindres y que se acaben las insinuaciones…

Tuve la suerte de trabajar a la par tuya durante todo el proceso mal llamado “la tregua”. En situaciones tan delicadas y exigentes uno conoce bien a los hombres. He expresado en varias columnas y cartas mi respeto por ti como religioso, como hombre y como luchador por la paz y la justicia. Recibirás la pensión que te toca por ley y seguirás trabajando, como Obispo de San Miguel, para tu gente. 

Así que no te dejés impresionar por los resentimientos y las manipulaciones. 

Saludos,

México necesita una Guardia Nacional realmente civil. De Catalina Pérez Correa

El nuevo cuerpo de seguridad no fue concebido como un organismo militar, aunque en la práctica lo sea. Continuar así puede poner en riesgo el legado de López Obrador.

Una mujer guatemalteca le pide a un miembro de la Guardia Nacional de México que la deje cruzar a Estados Unidos en Ciudad Juárez.CreditCreditFoto: José Luis González/Reuters

Publicado en THE NEW YORK TIMES/español, 8 agosto 2019 

OAXACA DE JUÁREZ, México — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho de la Guardia Nacional uno de los bastiones de su plan de seguridad para enfrentar los índices históricos de violencia en México. Sin embargo, en el acto en el que se inauguró oficialmente, el 30 de junio de este año, quedó claro que este nuevo cuerpo de seguridad será, ante todo, militar. 

Flanqueado por el general secretario de la Defensa y el almirante secretario de la Marina, López Obrador recorrió en un vehículo Campo Marte. Atrás, en un segundo plano, viajaba el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien, conforme a la ley, tiene el mando de la Guardia. El auto avanza ante filas de soldados que han cambiado su uniforme verde olivo por uno blanco con camuflaje gris. Nada en la imagen dice civil.

A pesar de que la nueva institución se estableció en la constitución mexicana explícitamente como un organismo policiaco y civil, en los hechos es militar. El armamento, el personal, el entrenamiento y los mandos de la Guardia son castrenses. Al construir un nuevo cuerpo militar para actuar en materia de seguridad pública, López Obrador está optando por la continuidad de las fracasadas políticas de seguridad pública de los dos gobiernos anteriores. Con ello, AMLO no solo pone en juego la credibilidad y legado de su gobierno, sino también los derechos humanos de los mexicanos y de todas las personas que transiten por este país.

La falta de capacitación de los miembros del ejército en seguridad ciudadana y la impunidad que históricamente ha existido para las fuerzas armadas mexicanas hacen que su presencia entre la población civil signifique un riesgo que el gobierno de López Obrador no debe permitir.

Es simbólico que el mismo día en que se inauguró la Guardia, pero cinco años antes, sucedió uno de los peores abusos documentados por parte de militares mexicanos. El 30 de junio de 2014, miembros del ejército mataron a veintidós civiles en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Inicialmente, el procurador de la entidad afirmó que se trató de un enfrentamiento con criminales. Sin embargo, testimonios dados a conocer después afirmaban que se había tratado de ejecuciones de civiles por parte de militares. En su investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que, además se había alterado la escena del crimen —al mover los cuerpos y las armas para que pareciera un enfrentamiento— y se había torturado a las sobrevivientes. A la fecha, ningún militar ha sido sancionado por el homicidio. Este caso permite advertir los peligros que conlleva el despliegue militar, especialmente cuando no existen controles fuertes o mecanismos de supervisión serios.

Pero la Guardia militar no solo representa un enorme riesgo para la población, también insiste en la continuidad de una política que durante doce años ha resultado ser un fracaso. El alza en el índice de homicidios en el país, que este año ha vuelto a romper récord —junio y febrero de 2019 se convirtieron en los meses más violentos en dos décadas— son prueba de que la militarización no funciona. El incremento de violencia está directamente ligado al despliegue militar y a los enfrentamientos que resultan de este. Como señala Benjamin Lessing, experto en conflictos criminales de la Universidad de Chicago, la respuesta militar contra el crimen organizado provoca una escalada de violencia de los grupos delincuenciales y una carrera armamentista imposible de ganar para los gobiernos. La idea de querer solucionar todo tipo de problemas de inseguridad con instituciones federales —en lugar de construir policías y fiscalías locales— tampoco funciona. En su conjunto, la estrategia de desplegar una Guardia Nacional militar es una mala política pública que lejos de mejorar la seguridad implica mayores riesgos para todos.

Las nuevas leyes que regulan la Guardia generan aún más preocupación, ya que dan a los militares más facultades de lo que hizo la controversial Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia hace menos de un año. Entre las 44 facultades explícitas del nuevo cuerpo está la de prevenir delitos, detener a personas, atender víctimas, intervenir comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica en tiempo real (aun sin que exista denuncia de por medio). Sus elementos pueden custodiar centros penitenciarios, utilizar armas —incluso letales— contra quienes participen en manifestaciones, detener a migrantes y asegurar bienes. Todas estas facultades se ejercerán sin controles serios y sin rendición de cuentas de instituciones civiles o del poder legislativo.

Dados los riesgos que esto representa para las libertades y seguridad de las personas, la CNDH presentó recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Pero mientras estos casos se resuelven, la Guardia ya está operando en buena parte del país. Las primeras imágenes que circularon son desalentadoras: militares con la insignia de la Guardia detuvierona familias migrantes, catearon a pasajeros de autobuses y hasta a usuarios del metro de Ciudad de México.

Existen inquietudes legítimas sobre la capacidad de los elementos que integran la Guardia de llevar a cabo tareas de seguridad pública entre la población. La supuesta capacitación para reconvertir a soldados en policías —pero que solo algunos han recibido— dura apenas siete semanas. En este tiempo un soldado entrenado para hacer la guerra debe, supuestamente, quedar preparado para realizar todo tipo de funciones con el respeto absoluto de los derechos fundamentales. Sin embargo, solo pasaron unos días de sus primeras actividades para que se denunciara el intento de ingreso ilegal a un albergue de migrantes.

La reforma constitucional aprobada para dar vida a la Guardia dio un periodo de cinco años para que el presidente pueda disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” mientras se desarrollan la estructura y capacidades de esta nueva institución. Es decir, la autorización constitucional para usar cuerpos castrenses en seguridad pública es una herramienta complementaria y paralela a la Guardia Nacional, no una autorización para militarizar el nuevo cuerpo policiaco. No es un permiso para hacer de la Guardia un organismo militar, sino una medida para dar tiempo a la construcción de la Guardia como la policía profesional que México requiere.

Si López Obrador quiere que su gobierno represente un cambio, debe apoyar a los municipios y estados en la construcción o reforma de sus cuerpos policiacos a fin de profesionalizarlos. Debe, además, hacer de la Guardia Nacional la policía profesional, civil y con mecanismos de rendición de cuentas fuertes que tanto necesita México.

Catalina Pérez Correa es profesora-investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Otra vez las pensiones. De Erika Saldaña

Erika Saldaña, ex presidenta del Centro
de Estudios Jurídicos CEJ

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 12 agosto 2019

La pensión concedida por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) a monseñor Fabio Colindres ha causado malestar en un sector de la población. Tres mil dólares mensuales, en un país en el que las pensiones del resto de trabajadores son de hambre, deben hacernos analizar otra vez la sostenibilidad de este tipo de pensiones financiadas con fondos públicos, así como las reformas al sistema del resto de trabajadores.

En un reporte realizado por la revista “Séptimo Sentido” se describe a las pensiones del IPSFA con un calificativo preocupante: insostenibles. Dichas pensiones son financiadas con fuertes inyecciones estatales que, desde el año 2016, resultan insuficientes, pues los montos solicitados difieren con los asignados en el Presupuesto General de la Nación. Además, son desiguales: las cantidades van desde los $100 a los $3,500, dependiendo del rango. No se puede seguir evadiendo el análisis de sostenibilidad de IPSFA.

Ahora que tenemos la atención e indignación de los funcionarios por el monto de la pensión del capellán militar, también es hora de que se ponga sobre la mesa una discusión seria sobre el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP). No podemos seguir bajo la sombra de placebos temporales y de reformas insuficientes en las que siempre salimos perdiendo nosotros, los trabajadores. La última reforma se realizó en el año 2017; en marzo de 2019 ya se discutía la necesidad de volver a realizar otra serie de modificaciones al sistema.

La reforma realizada en el año 2017 a la Ley del SAP, como lo señalé en una columna de esa época, fue para lo único que nos alcanzó en medio de partidos políticos poco dispuestos a sentarse a dialogar y resolver los problemas del país. En ella se incluyó cambios sustanciales al sistema, pero no tocó nada sobre aspectos trascendentales que habrían dado sostenibilidad y seguridad a largo plazo al mismo.

En el 2017 no se abordó la ampliación del número de personas que cotizan a las AFP ni dijo nada sobre el aumento en la edad de jubilación de los trabajadores. En El Salvador solo el 25 % de la población económicamente activa cotiza al sistema de pensiones, a pesar de las grandes responsabilidades que recaen sobre una parte de sus aportes.
Pasan los años y seguimos evadiendo el tema de los años de cotización. La población está viviendo más tiempo y probablemente lo ahorrado no nos alcance para cubrir la totalidad de años de vejez. En la ley se mantiene el requisito de edad de jubilación de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, a pesar de que muchos funcionarios y expertos en la materia están conscientes de que es necesario aumentar esa brecha de acuerdo a la esperanza de vida que ronda en promedio los 72 años.

Ya no podemos seguir conformándonos con retazos de reforma. La última realizada fue técnicamente mediocre ya que no abordó los aspectos fundamentales del problema; su principal logro fue aliviar la carga fiscal del gobierno, una cuestión que no pertenece propiamente al tema de pensiones. Además, nos quedaron debiendo la garantía técnica que nos asegurara que en un par de años lo hecho no se viene abajo.

Ojalá esta nueva puesta en escena del tema de las pensiones sirva para analizar una alternativa que vuelvan sostenibles y dignas –para todos– las pensiones en El Salvador. Aunque los puntos trascendentales que deben abordarse para reformar el sistema de pensiones son impopulares, es algo que debe hacerse. Además, hay que insistir que los ahorros de los trabajadores deben respetarse y no intentar meterle mano como hicieron los gobiernos anteriores.

El Ejecutivo y el Legislativo deben tomar la batuta en plantear soluciones sostenibles y no alargar una discusión realista sobre el tema. Ya no podemos, año con año, estar planteándonos reformas legales al sistema de pensiones.

Activistas a la fuerza. De Cristina López

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 12 agosto 2019 

El pasado jueves, la agencia estadounidense de inmigración y fronteras (mejor conocida como ICE) ejecutó una redada en el estado de Missouri. La hicieron en plena jornada laboral, en una planta empacadora de comida, porque sin duda el lugar donde se puede encontrar más inmigrantes de una vez es en el lugar de trabajo, haciendo lo que muchos vinieron a hacer a los Estados Unidos por no tener opciones en los países que dejaron atrás: trabajando, no envueltos en operativos criminales o abusando de los sistemas de asistencia, sino contribuyendo activamente a la economía del país en el que muchos han ahora establecido familias, costumbres, hogares. La redada tuvo un recaudo de cientos de inmigrantes detenidos por no tener documentos: alrededor de seiscientos. Las autoridades justificaron los operativos sorpresa en que consistían en una excelente medida para castigar a los empleadores que contratan personal indocumentado y que así ponían sobre aviso a plantas de producción con similares prácticas.

Mientras tanto, en una escuela de la zona, varios niños se quedaron preguntando por qué no venía nadie a recogerlos. Las verdaderas víctimas de las redadas masivas no son los empleadores a los que Trump pretende enseñar una lección: son los miles de niños que viven con la angustia de que a sus padres se los pueden llevar en cualquier momento. Son los niños que se despiden sin saber si su adiós fue el último. Los que crecen temiéndole a las autoridades y aprenden, por lo tanto, a evitar llamar a la policía o a cualquier ambulancia incluso en casos de emergencia o criminalidad porque cualquier paso en falso puede resultar en la disrupción de su familia.

Muchos de estos niños han relatado sus historias en cámara para distintos noticieros. En sus plegarias a las autoridades para que les devuelvan a sus padres, explican también que ninguno de ellos son criminales, que trabajan para que nada les falte, y que aman a este país. Niños de 6 ó 7 años, que no tendrían por qué entender de políticas públicas ni de partidos políticos, forzados a convertirse en activistas de la noche a la mañana para preservar la unidad de sus familias, sin poder tomarse el tiempo para procesar el evento traumático del que acaban de ser víctimas.

Las protestas y críticas obligaron a las autoridades a revertir el curso y en el caso de Missouri, a poner en libertad a alrededor de 300 detenidos por “razones humanitarias”, puesto que de alguna manera había que solucionar la crisis auto-infligida de tener gimnasios escolares abarrotados de niños sin nadie que pudiera ir a buscarlos para llevarlos a su casa. Sin embargo, haber revertido el curso a medias en nada soluciona el verdadero problema: un sistema migratorio complejísimo, carísimo de navegar y diseñado a todas luces para desincentivar la inmigración autorizada.

Y razones para reformar el sistema sobran: muchos de estos niños son ciudadanos estadounidenses y es a estos a los que su gobierno les debe, por pura justicia, una acción que pueda compensar por el trauma al que los continúan sometiendo en nombre de su propia seguridad.

@crislopezg

¿País Seguro? Columna Transversal de Paolo Luers

Publicado en EL DIARIO DE HOY, 11 agosto 2019 

Si a algún jefe de gobierno de la Unión Europea se le ocurriera declarar Siria ‘tercer país seguro’, donde los refugiados de Irak o Afganistán pueden estar seguros de persecuciones y bombas mientras esperan sus trámites de asilo en Francia o Alemania, lo declararían loco. Todos saben que en Siria reinan las mismas condiciones de guerra de los cuales la gente huye en Afganistán e Irak. ¿Cómo concebirlo como seguro?

Bueno, algo parecido está proponiendo (más bien imponiendo) el gobierno de Trump a sus vecinos. Amenazando a México con excesivos aranceles sobre sus productos, Washington consiguió que el presidente López Obrador aceptara para su país el estatus de 'tercer país seguro’, a pesar de que es uno de los países de origen de la migración que Trump quiere detener. Además de albergar decenas de miles de migrantes centroamericanos, cuyo destino es Estados Unidos, México movió buena parte de su Guardia Nacional a la frontera Sur para evitar que lleguen más migrantes que quieren cruzar su territorio y entrar a Estados Unidos.

Luego, usando las mismas tácticas de extorsión, Trump obligó al presidente de Guatemala a aceptar el mismo trato. Ahora los migrantes hondureños y salvadoreños son retenidos en Guatemala o incluso rechazados en la frontera con Honduras y El Salvador. Guatemala tuvo que firmar un convenio que lo convierte en 'tercer país seguro’, a pesar de que sufre del mismo cáncer de violencia del cual huyen en sus países vecinos.

Y ahora un alto funcionario de seguridad de Estados Unidos propuso que El Salvador firmara un convenio para también convertirse milagrosamente en 'país seguro'. Nuestra misión no sería detener a los migrantes que vienen del Sur transitando por nuestro país, porque son muy pocos, sino detener a nuestra propia gente - y esto sería, además de inhumano, inconstitucional. Sólo faltaría recetar la misma etiqueta a Honduras, y los principales países que producen esta ola de migración hacia Estados Unidos serán convertidos milagrosamente en ‘países seguros’: todo el famoso y violento ‘triangulo del Norte’... 

Veamos cuál es el concepto del ‘tercer país seguro’, que Trump está llevando al absurdo con su obsesión de convertir a sus vecinos en el baluarte para parar a los migrantes.

El primer país sería el de origen de los refugiados, desplazados o migrantes, digamos El Salvador. El segundo país sería el destino, digamos Estados Unidos. Pero este segundo país se siente inundado (o según Trump y el ‘shooter’ de El Paso: invadido) por masas de migrantes según ellos ‘ilegales’. Una parte logra filtrarse de los controles; otra parte es detenida por las patrullas fronterizas, solicita asilo y termina en centros de detención para esperar su permiso de asilo o su repatriación. Por esto, el segundo país dice: Esta gente que viene de El Salvador, pasa por Guatemala y por México, países que no hacen nada para detenerlos. Mejor obliguemos a estos países que crean condiciones para que los salvadoreños pueden quedar en estos países de tránsito, para que sean más o menos seguros. Que presenten su solicitud de asilo para Estados Unidos desde Guatemala o México, y que los gobiernos de estos países les den albergue, comida, y acceso a educación y salud - si es necesario, lo financiamos nosotros. Nos sale mucho más barato que tener a toda esta gente detenida en Texas o New México.

Lo mismo está pasando con la ola de millones de refugiados que de los países en guerra del Medio Oriente huyen a Europa. En vez de dejarlos llegar a su propias fronteras, los europeos hacen convenios de ‘tercer país seguro’ con Líbano, Jordania, Turquía, Libia, donde millones de sirios e iraquíes están viviendo en campamentos de refugiados financiados por la Unión Europea. 

Para que esto más o menos funcione, tienen que cumplirse algunas condiciones básicas. Por ejemplo, que los países en cuestión realmente sean seguros para los migrantes – cosa que no es el caso por ejemplo en Libia, donde hay guerra civil y un gobierno que no controla las múltiples milicias. Y tampoco, obviamente, en Guatemala o El Salvador, donde persisten las condiciones de inseguridad y violencia por las cuales la gente abandona estos países.

La otra condición es que estos países, con ayuda de otros, tengan la capacidad de ofrecer a los migrantes condiciones mínimas de alimentación, educación y salud. Esta condición tampoco se cumple en Libia, y los organismos internacionales de derechos humanos presionan a Europa para que dejan de considerar este país como ‘seguro’. Se puede dudar que todas estas condiciones mínimas están dadas en México, y ciertamente no están dadas en Guatemala y El Salvador.

Por todas estas razones, no hay que permitir que los gobiernos de México, Guatemala y El Salvador, cada uno por separado y para quedar bien con Estados Unidos, negocien con Trump estos absurdos convenios de ‘tercer país seguro’. Está bien que el presidente Bukele quiera mejorar las relaciones con Estados Unidos, pero no al precio de atentar contra intereses vitales del país y sus ciudadanos - y jamás bajo extorsión. 

Carta a los ministros: ¿Y el presupuesto 2020? De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 8 agosto 2019

Estimados ministros:
Suena bien lo que varios de ustedes han dicho: “No soy ministro de escritorio, sino de territorio”. Hemos visto diariamente, ya por 10 semanas, las fotos y los videos de ustedes caminando por cantones, siempre rodeados de otros ministros, guardaespaldas y fotógrafos, anunciando a los pobladores sorprendidos la pronta construcción de calles, puentes, bibliotecas y escuelas.

Y como el presidente les ha exigido que no paren estas giras, han ido de boy scouts los domingos y las vacaciones. Está bien. Ya todo el mundo entendió el mensaje: Este gobierno es diferente al saliente de Sánchez Cerén, es activismo sin parar; ustedes tienen caravanas del “Buen Vivir“ y “Gobernando con la Gente” todos los días, mientras el FMLN las armó solamente los sábados.

Una vez que todos hemos entendido el mensaje, ustedes deberían recordarse que a finales de agosto tienen que entregar el presupuesto general de la nación para el año 2020. Ahora están obligados a gobernar todavía con el presupuesto hecho por el gobierno, lo que es un gran huevo, porque el presupuesto es el plan de gobierno en números, el de verdad. Y en el 2020 al fin va a gobernar con el presupuesto que pondrá en números las nuevas ideas de su presidente...

Uno comienza a preguntarse y preocuparse: ¿Y cómo (y a qué horas) los ministros van a rehacer todos los planes de sus respectivas instituciones, redefinir las prioridades para que correspondan a “las transformaciones” que quiere hacer el presidente, calcular los costos y las inversiones necesarias? ¿Cómo y a qué horas, cuando todos los días los ministros mismos andan conociendo cantones y comunidades y nunca están sentados en sus escritorios?

-Ahhh, van a decir ustedes, sólo en el territorio y hablando con ”el pueblo” podemos ver las necesidades...

-Hmmm, diría yo, pero para esto cada ministro tiene sus técnicos, sus asistentes, mejor aprendan a delegar...

-Ahhh, pero necesitamos que “el pueblo” nos vea, de nada nos sirven fotos y videos con técnicos que nadie conoce...

Además tienen otro problema. Hasta ahora, de los casi 3,000 funcionarios “de confianza” que el presidente tiene que nombrar para hacer funcionar bien su gobierno, faltan por lo menos 2,000. Y los 1,000 que ya están trabajando, todavía andan perdidos. 

Entonces, mientras ustedes anden de boy scouts,¿quiénes van a producir en cada ministerio, en el FISDL, en Fonavipo los datos confiables, que necesita Hacienda para elaborar el presupuesto que refleje la nueva forma de gobernar y las nuevas prioridades de ustedes? Lo van a hacer los que siempre han estado en los ministerios y en Hacienda, los mismos de siempre. ¿Y saben lo que va a pasar? Ellos van a fabricar un presupuesto 2020 muy similar al 2019, con las mismas prioridades de siempre.... ¿Por qué? Porque nadie de ustedes está preparado para sentarse en su escritorio y elaborar, estructurar, calcular lo que significaría la aplicación de sus nuevas ideas. 

Parece que andar diariamente en “el territorio” es un gran esfuerzo y sacrificio. Por lo contrario, es la parte más fácil. Lo difícil es traducir lo que ven y escuchan en políticas pública, en proyectos, en presupuestos – en cosas reales y concretas.

Esperando con curiosidad su presupuesto de la nación 2020. 

Saludos,

Carta a los que ejercemos poder mediático: El discurso de odio sí mata. De Paolo Luers

Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, 6 agosto 2019

Algunos de los masacres en escuelas, cines o shopping malls de Estados Unidos son hechos difusos, parecen locuras al azar, expresiones genéricas de un país enfermo de resentimientos, miedos, violencias.

Pero algunos de estos masacres, como la reciente de El Paso, no tienen nada de violencia difusa, son mensajes absolutamente claros de odio racial contra latinos, o étnico contra migrantes y vecinos mexicanos. Son absurdos los titulares que encuentro en varios periódicos de Estados Unidos o América Latina hoy: “Estados Unidos investiga si matanza en Texas fue crimen de odio a hispanos” (Prensa Gráfica de lunes 5 agosto). No hay nada que investigar, es obvio: el tipo publicó antes que iba a El Paso a matar a mexicanos, como si fuera expedición de caza de conejos o un job de exterminador de plaga. 

Aquí el carácter del odio y su blanco, chicanos y mexicanos, es tan claro como su contexto político: el discurso anti migrantes con el cual Trump quiere volver a ganar las elecciones. Ambos Trump y el tirador de El Paso hablan de que Estados Unidos tiene que defenderse de una “invasión” de mexicanos y otros latinos que vienen cruzando la frontera. De esta manera, parece lógico que el tirador de El Paso, quien vive a 10 horas de carro de la frontera, haya atravesado todo Texas para llegar a la frontera Sur, donde hay que repelar esta invasión. En este caso la invasión diaria de ciudadanos de Ciudad Juárez que entran a El Paso por los cruces fronterizos, pasaporte en mano, para ir a trabajar o comprar en El Paso. Por ejemplo al Walmart, donde les esperó el tirador anti invasión.

El móvil es tan claro como en la matanza en las discoteca gay de Orlando hace dos años. Tampoco fue odio difuso, fue odio a homosexuales que llevó al tirador a entrar en el club “Pulse” y ejecutar a 49 jóvenes, la mayoría homosexuales. No tenía ningún sentido preguntarse si esta matanza fue expresión de odio contra una minoría sexual, así como luego de lo El Paso es absurdo preguntarse si en Estados Unidos existe odio contra mexicanos.   

Lo que sicólogos, sociólogos -y tal vez criminólogos- tendrán que investigar es el impacto de la coincidencia del discurso del presidente de Estado Unidos con el “manifiesto“ del shooter de El Paso. Cito del New York Times del 4 de agosto:

En la última campaña electoral del año pasado, el presidente Trump reiteradamente advirtió que su país estaba bajo ataque de migrantes marchando sobre la frontera. “Es una invasión”, dijo Trump en un evento electoral. Nueve meses más tarde, un hombre blanco de 21 años es acusado de abrir fuego en un Walmart en El Paso, matando a 20 personas y hiriendo a docenas más, luego de escribir un manifiesto clamando contra la migración y anunciando que su ataque “es una respuesta a la invasión hispana de Texas.“

Lo más absurdo: El Paso siempre ha sido una ciudad latina. ¿Cómo los latinos invaden lo que es suyo?

Siempre pensamos que palabras no matan. Por lo menos no directamente. Pero los que ejercen poder político y mediático tienen que responsabilizarse de su palabras, porque hay quienes los toman literalmente y las ponen en práctica. Discurso político de odio, de esta manera, sí mata.

Saludos,