sábado, 30 de enero de 2010

El 'problema alemán' en Chile

En 1993, cuando el United States Holocaust Memorial Museum abrió sus puertas, el escritor y Nobel de la Paz Eliazer Wiesel afirmó que aquel museo era "una institución sobre la responsabilidad, la responsabilidad moral y la responsabilidad política". Desde luego, Wiesel no se refería a la responsabilidad de los culpables concretos del desastre, sino a la responsabilidad de la ciudadanía frente al desastre que aniquila convivencias. O dicho de otro modo, a las consecuencias que tiene la ausencia de responsabilidad política en los ciudadanos, algo que el filósofo alemán Karl Jaspers estableció en 1946 en un inquietante y demoledor texto titulado El problema de la culpa.

Desde aquella fecha se han erigido numerosas instituciones con ese objetivo, en África y Asia, en América y Europa, con mayor o menor envergadura y con modelos de gestión variados, pero el arranque ha sido siempre el mismo: la responsabilidad, y hasta el momento ésa es la definición de funciones y propósitos más exacta para ese tipo de instalaciones, se llamen museo, memorial, centro, espacio o cualquiera de las expresiones que se elija para interpelar las consecuencias generales de los grandes desastres éticos provocados por nuestras sociedades. El último episodio de estas instituciones universales -de las que por cierto España carece- es la inauguración en Chile, el pasado 11 de enero, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Ubicado en un área cultural emergente de Santiago -el eje de Matucana- y frente a un relevante espacio de ocio y paseo de su centro urbano -el bello y frondoso parque de Quinta Normal-, la presidenta Michelle Bachelet y su equipo asesor en la materia han establecido con el Museo de la Memoria una marca en el territorio urbano que instituye la evocación permanente de la peor tragedia contemporánea de la nación.

Sin embargo, la realización del Museo no ha generado, ni a lo largo de su construcción ni en su inauguración, ningún tipo de debate, tan sólo dos actitudes: recriminación u hostigamiento. Cada una de naturaleza y origen muy distintos.

La actitud recriminatoria ha procedido de las numerosas agrupaciones y organizaciones vinculadas a las peticiones de reparación, a la conservación del patrimonio memorial, al desarrollo de la justicia sobre golpistas y torturadores y al restablecimiento de lo verdaderamente ocurrido con detenidos y desaparecidos. Son colectivos que han constituido y constituyen una parte muy importante del tejido democrático chileno. Su reparo al Museo procedía del sorprendente hermetismo que estableció el Gobierno desde que fue proyectada la institución hasta su inauguración, y esa forma de proceder generó desapego y desdén.

La paradoja es que si bien agrupaciones y colectivos nunca habían planteado en sus reclamos una institución de esa naturaleza, la realización del Museo, una de esas instituciones universales "sobre la responsabilidad política y la responsabilidad moral", es el resultado del cambio cultural producido por la actividad de esas agrupaciones a lo largo de los años. Fue en un paisaje de incomunicación donde se generaron desapego y fricción; sin embargo, la impresionante presencia de visitantes en el Museo, la satisfacción que denotan, el orgullo legítimo que he visto expresar por la existencia misma del edificio, por su belleza y significado, puede facilitar un cambio en las relaciones. Eso dependerá tanto de la gestión del Museo como de la comprensión de la nueva situación por parte de colectivos y agrupaciones. Es una gran ocasión que el cambio de gobierno producido en Chile puede desperdiciar, pero que tal vez ayude a muchos a sentir el Museo como un logro propio.

La segunda actitud hacia el Museo de la Memoria, la actitud de hostigamiento, tiene otra naturaleza. No se trata de un desencuentro como en el caso anterior, sino de una reacción violenta destinada a preservar la dignidad del pinochetismo social y sus alrededores.

El argumentario de ese hostigamiento es bien simple: tras aceptar con una retórica perezosa la bondad de un Museo de la Memoria, desautoriza en términos absolutos la opción de limitar su exposición permanente a los años de dictadura, ya que de ese modo se omiten las causas que a su entender llevaron (dicen unos), justificaron (dicen otros) el golpe de Estado de 1973. Hay víctimas que no aparecen en el Museo, no están todos, faltan los que sufrieron el régimen del presidente Allende, aquellos que no tuvieron más remedio que preparar el golpe, o aplaudirlo, aunque después, cuentan, quedaron sumidos en la pesadumbre por la imagen de su país ensangrentado.

Hay, claro, variables y complementos: Luis Larraín en el extremo negacionista; Roberto Ampuero, la versión equitativa, o Gonzalo Rojas, obsesionado aún en mantener el arquetipo del Mal subversivo. Ésa es la doctrina que a lo largo de casi cuatro años se ha lanzado contra el Museo: un Museo para mentir, un Museo para sesgar, un Museo para dividir.

Pero lo más contundente, y lo más claro, se halla en el editorial que El Mercurio publicó el 13 de enero con el título Memoria respetable, pero parcial. Se trata de un editorial golpista (he pensado bien ese término antes de utilizarlo) en versión humanizada: golpe de Estado, sí; violación de derechos humanos, no. O sea, dictadura sí (sólo cuando es necesaria), violencia no. Es en esta distinción en la que se basa la búsqueda de respetabilidad del pinochetismo social. Y el problema -y éxito- del Museo es que torpedea la línea de flotación de esa retórica.

Parece, pues, que el fondo del asunto es que sólo "aparecen" en el Museo los torturados, los detenidos-desaparecidos, los ejecutados por la dictadura, todo aquello que recogieron las Comisiones Rettig y Valech. Es unilateral: no aparecen todos. Ése es el problema. Sin embargo, eso no es cierto. En realidad todos aparecen en el Museo.

Quienes argumentan que sólo aparece una parte de la sociedad chilena no se dan cuenta -o quizá no quieren darse cuenta- de que esos ciudadanos destruidos por la dictadura no son una historia, o un relato, y aún menos una parte de la sociedad, sino que en realidad incluyen toda la historia, todo el relato contemporáneo que está en debate, y toda la sociedad, puesto que el daño sufrido incluye a los perpetradores directos, y también a los que aplaudieron pero no actuaron, a los que miraron hacia otro lado, a los compungidos y a los horrorizados, es decir, a toda forma de conducta, a toda moral.

Ésa fue la advertencia de Jaspers cuando nos aleccionó sobre el problema de la culpa en la sociedad alemana del Tercer Reich. De las cuatro culpas que estableció -criminal, política, moral y metafísica-, es la última la que nos muestra en qué modo lo sucedido a uno incluye la responsabilidad de otros; en sus propias palabras, "hay una solidaridad entre hombres como tales que hace a cada uno responsable de todo el agravio y de toda la injusticia del mundo, especialmente de los crímenes que suceden en su presencia o con su conocimiento. Si no hago lo que puedo para impedirlos soy también culpable".

Que nadie tema pues estar ausente en el Museo de la Memoria: los restos de Lonquén, de Calama, Pisagua, el retrato de los desaparecidos... todo eso incluye la presencia de quienes lo hicieron posible, de Luis Larraín, por ejemplo, o de El Mercurio sin duda. Todos están presentes, están ahí sin exclusión, está su obra, su legado. Aunque sospecho que es la forma espectral de su presencia lo que disgusta, porque avergüenza. Pasar de la condición de salvapatrias a la de culpable resulta éticamente insoportable, ése es el tema. Lo que conocemos como problema alemán, es decir, cómo fue posible que una sociedad culta y capaz de notables éxitos en todos los campos pensara y generase aquella destrucción sistemática, tiene su versión latinoamericana en Chile, y al fin y al cabo el Museo de la Memoria plantea esa pregunta exponiendo lo mismo que expone el Museo Memorial del Holocausto en Estados Unidos, o el de Berlín, o el de París en el Marais.

Nadie está ausente, el problema es que no quieren verse. O que quieren verse distintos a como fueron, a como son.

(El País/Madrid. El autor es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona.)

Una decisión de principios

A lo largo de esta última semana, hemos recibido una verdadera avalancha de opiniones en este gran debate público que se ha desatado, sobre el dilema que enfrentamos los periodistas de Esta Semana y Esta Noche. Agradecemos su solidaridad y respetamos todas las opiniones. Unos dicen que nos quedemos en Canal 8 hasta que nos corran, para poner a prueba la tolerancia del régimen. Otros opinan que nos vayamos, para no caer en el juego de una especie de pacto mediático con Ortega.

Después de meditar hondamente sobre todas las opciones, hemos tomado una decisión: esta será la última edición de Esta Semana en Canal 8, y me corresponde explicar nuestras razones ante ustedes. Se trata de una decisión basada en principios, no en conveniencias. No tenemos nada que ganar al irnos de Canal 8, ni siquiera existe en este momento otro canal que esté dispuesto a transmitir este programa; pero al quedarnos, habría mucho que perder en el plano de la congruencia y la coherencia ética que ha guiado mi vida como periodista.

Empecemos por analizar lo que hay detrás de la compraventa de Telenica Canal 8. Desde que se confirmó la venta de este canal, amplios sectores de la opinión pública han demandando que se esclarezca quienes son los compradores y el origen de los fondos. Siendo éste un medio de comunicación, se trata de un tema de legítimo interés público. ¿Que razones podrían existir para ocultar una transacción de esta naturaleza?

Hasta hoy, ninguna persona o entidad jurídica, ha dado la cara diciendo: “yo soy el nuevo dueño de Canal 8”. Tampoco conocemos alguna certificación legal que diga: “esta es la entidad que adquirió las acciones de este canal, que asumirá responsabilidades de aquí en adelante”. Y para nosotros resulta material y jurídicamente imposible dilucidar algo sano con sujetos inexistentes, escondidos a la sombra de la noche.

El anterior dueño, Carlos Briceno, con quien suscribí un contrato para producir Esta Semana y Esta Noche, pagando como canon un porcentaje de los anuncios, ha dicho que no está obligado a revelar a quién le vendió el canal, y que además el contrato lo obliga a mantener el anonimato. Después de varias comunicaciones infructuosas, el viernes pasado le envié una carta formal, recordándole que al modificarse la naturaleza de Telenica como canal televisivo autónomo e independiente, —porque ahora esta asociado a intereses políticos partidarios y gubernamentales— se ha alterado bruscamente la naturaleza del interlocutor con el que yo suscribí esos contratos. Y por lo tanto, como resultado de ese acto se ha practicado una disolución unilateral del contrato de su parte. Por eso, lo invité a que establezcamos un mecanismo de arbitraje amistoso basado en la equidad, que resuelva con transparencia las consecuencias de esta ruptura de facto del contrato de su parte. Pero hasta ahora no ha habido ninguna respuesta.

Lo que sí sabemos con certeza, gracias a fuentes fidedignas que estuvieron vinculadas a la negociación, y a investigaciones periodísticas en diversos medios, son tres verdades indisputables:

Primero, que esta transacción millonaria por 10 millones de dólares, o sea más de 200 millones de córdobas, fue financiada con los fondos originados en la cooperación venezolana, que supuestamente están destinados para combatir la pobreza y ayudar a los más necesitados. Está comprobado que los fondos salieron de las arcas de Albanisa, una empresa que se maneja de forma discrecional para financiar los negocios del presidente y la familia presidencial.

Segundo, que el ente regulador Telcor, o sea el encargado de regular la telecomunicaciones y la administración del espectro radioeléctricas, participó en esta negociación no como un árbitro para velar por los intereses del público, sino mas bien representando a una de las partes, al comprador. Esto evidencia la grave confusión Estado-partido-familia, en que se ha degradado Nicaragua. En cualquier sociedad democrática donde prevalece el Estado de Derecho, estos indicios serían motivo suficiente para que se investigue al Director de Telcor por presunta violación a la ley, pero aquí estos funcionarios actúan protegidos bajo total impunidad.

Tercero, el único que aparece indirectamente dando la cara por esta operación es la Secretaría del FSLN, donde se concentra el poder del gobernante. ¿Quién es entonces el nuevo dueño del Canal 8, la Secretaria del FSLN, Ortega, su grupo económico familiar, o todos a la vez? En cualquier caso, se trata del grupo más poderoso del país, que siempre juega con los dados cargados a su favor, porque bajo el clima de inseguridad jurídica que impera en la situación de las frecuencias radioeléctricas, sólo los protegidos del gobierno pueden comprar así un canal de televisión. Y la misma historia se repite en el otorgamiento de licencias para el desarrollo de la energía, el turismo o el comercio exterior, mientras los empresarios se acomodan a buscar la protección y el favor del grupo de Ortega, al mejor estilo del somocismo.

Basta constatar estas tres evidencias, para que un periodista que ha criticado frontalmente la privatización de la cooperación venezolana y su desviación para financiar los negocios privados del gobernante, se sienta moralmente inhibido de desarrollar una relación con los compradores de Canal 8. Porque seguirla manteniendo, más aún bajo este clima de total oscuridad, equivaldría a que me convierta indirectamente en una especie de apañador y socio de Ortega.

En un país cuya fibra moral esta carcomida por los pactos y por el interés desmedido del dinero y la corrupción, yo no me voy a prestar a que se me señale como cómplice del señor Ortega.

Cuando me inventaron una investigación calumniosa por lavado de dinero y me amenazaron con la prisión, dije que prefería ir a la cárcel, pero que nunca aceptaría ser un rehén de la política de chantaje. Hoy ratifico ante la sociedad nicaragüense que no deseo ser socio o colaborador del señor Ortega, directa o indirectamente, ni en sus negocios económicos, ni en sus negocios políticos que buscan ayudarle a limpiar su imagen autoritaria.

Y no tengo absolutamente nada personal, contra Ortega o su familia. Lo que cuestiono, como periodista crítico y como ciudadano, es su régimen basado en el abuso de poder, las violaciones a la ley, el enriquecimiento familiar a costa de los fondos del pueblo, el chantaje permanente, y la amenaza de la violencia. Ese sistema de intimidación que tiene atemorizada a una gran parte de la sociedad, y que presupone que en Nicaragua todo mundo tiene un precio, los empresarios, los magistrados, los diputados, y hasta los periodistas.

Pero además, lo que se ha comprado aquí es un medio de comunicación, no una panadería. Un canal de televisión, por muy privado que sea, tiene obligaciones y compromisos con el Estado y con la opinión publica. Y por lo tanto, estamos obligados a pedirle cuentas a Ortega sobre su récord en materia de libertad de expresión durante estos tres anos como gobernante. Y ahí están los resultados a la vista:

— Secretismo en el manejo de la información pública y la violación sistemática a la Ley de Acceso a la Información Pública.

— Agresiones verbales y físicas contra los periodistas independientes.

— El chantaje y la manipulación con la publicidad estatal.

— El condicionamiento de las licencias de radio y televisión que se les venció el plazo.

— Las presiones económicas a los periódicos utilizando el sistema tributario y de aduanas.

—La promoción de juicios por injurias y calumnias contra periodistas.

Ese es el expediente que intentarán limpiar con la compra de canal 8. A nadie interesa más que me quede en este canal, que al propio Ortega. La continuidad de los programas Esta Semana y Esta Noche, convalidaría su historial de abusos cometidos contra la libertad de expresión durante su mandato. Peor aún, quieren convertirnos en cómplices de su política agresiva contra otros medios y periodistas, puesto que mi permanencia en este canal expresaría unos niveles de tolerancia que el régimen nunca ha tenido ni tendrá hacia el conjunto de la prensa independiente del país.

Pero los periodistas que producimos Esta Semana y Esta Noche, formamos parte de un amplio conglomerado de la prensa independiente y la sociedad civil, que todos los días se está jugando su credibilidad bajo el acoso de la política de Ortega. Con ellos compartimos un compromiso democrático común, asumiendo todos los riesgos que eso implica. Por ello, aunque respetamos la decisión de los colegas que hoy continúan laborando en Canal 8, nuestra decisión basada en principios apunta a ser consecuentes y solidarios ante el hostigamiento que enfrentan otros colegas, que siguen sometidos al cerco oficial.

Algunas personas alegan que al orteguismo debería otorgársele el beneficio de la duda, pese a que no hemos visto ninguna rectificación de su política agresiva contra la prensa. Por el contrario, los que aparecen ahora al frente de este canal haciendo ofertas de tolerancia, son los mismos que dirigen los medios oficiales, y que de forma calumniosa nos acusaron de criminales y narcotraficantes, cuando en este programa se destapó el caso de corrupción de Tola en el 2007. A partir de ese momento, el régimen dilapido la poca credibilidad que le otorgó la luna de miel post electoral, e inició las campañas negras de difamación contra periodistas, medios y organizaciones de la sociedad civil, que se convirtieron en una práctica sistemática.

En consecuencia, pecan de cinismo y no abonan ninguna credibilidad cuando ofrecen libertad de expresión en el canal 8 como si fuera una dádiva, mientras al mismo tiempo se mantiene una amenaza creciente contra los demás canales de televisión, y las radioemisoras, para que cierren los espacios de periodismo crítico. Por eso no aceptamos que se pretenda establecer como medida de la tolerancia de Ortega ante la libertad de expresión, la permanencia o no de este programa en su nuevo canal de televisión.

La verdadera prueba que debe pasar Ortega radica en establecer un régimen de libertades democráticas plenas:

Que cesen las amenazas de violencia contra los ciudadanos, cuando estos se quieren manifestar y expresar en las calles.

Que el gobierno le quite la pistola de sien a los canales de televisión y las radioemisoras.

Que Telcor actúe como una entidad imparcial y profesional, y no como una sucursal para favorecer los negocios del orteguismo.

Que cese el hostigamiento contra los periódicos, y que se acabe de una vez el bloqueo oficial contra el periodismo independiente.

¿Puede el gobierno de Ortega pasar esta prueba? Ese es el reto que le lanzamos hoy.

Muchas personas me preguntan si existen opciones para que Esta Semana y Esta Noche se transmitan en otros canales televisivos, manteniendo su independencia editorial. Lamentablemente, en este momento no existe un acuerdo con otro canal, y por lo tanto no puedo asegurar si estos programas reaparecerán en los próximos días. Esperamos que se abran esas puertas y confío que encontraremos alternativas en un futuro próximo.

Mientras tanto, tengo una fe profunda de que Nicaragua cambiará de forma irreversible, cuando todos empecemos a adoptar decisiones fundadas en principios éticos.

La decisión que hemos anunciado hoy se inspira en ese espíritu de cambio.

No puedo traicionar el legado de coherencia ética de mi padre, ni los valores que heredé de mi padre y de mi madre, que son los mismos que comparto con mi esposa y mis hijos, y estoy seguro que también inspiran a miles de nicaragüenses que están comprometidos en lograr un verdadero cambio democrático en este país.

(Confidencial/Nicargua)

Carta a Florentín Meléndez y Sidney Blanco, magistrados de la Corte Suprema

Estimados amigos:

Cuando estábamos en el pleito interminable por la renovación de la Corte Suprema, a todos que querían escuchar (y aun más a los que no querían escuchar) les estuve predicando que dejaran de vetar a ustedes dos por el sólo hecho de ser hombres de izquierda.

No chinguen, le dije a la derecha, si realmente quieren un antídoto contra el autoritarismo de la izquierda ortodoxa, metan a estos dos: Son de izquierda, pero tienen suficiente cerebro y huevos para ser independientes, críticos y vigilantes de la Constitución.

Sigo creyendo esto. Estoy seguro que ustedes dos, en la Cámara Constitucional, van a defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de la crítica pública.

Hay un empresario y que quiere que ustedes -la Cámara de los Constitucional- declaren inconstitucional un artículo de nuestros código penal, con el cual la Asamblea quitó a los periodistas el peligro de terminar en la cárcel por las críticas que haga o por la información que desvele.

Este empresario quiere que El Salvador regrese a los tiempos de la censura y de la persecución a los periodistas. Su iniciativa tiene el apoyo del FMLN, que por cierto no votó por la reforma que ahora quieren revertir.

Los que hemos luchado contra la censura toda la vida, los que hemos ejercido la crítica pública incluso cuando nos podía costar la vida, no vamos a aceptar ningún retroceso en la libertad de expresión conquistada. Por eso me da confianza que ustedes dos estén en la Corte Suprema, precisamente para no permitir que esto pase.

Estoy seguro que tienen el valor de hacer lo correcto, sean cuales sean las presiones.

Paolo Lüers

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jueves, 28 de enero de 2010

Granier y Cisneros

En estos tiempos de política de masas y de colectivismo, también los individuos terminan por encarnar arquetipos. Así, en la imaginación colectiva de gran parte de la población venezolana, Marcel Granier y Gustavo Cisneros han dejado de ser personas para convertirse en símbolos de la integridad o de la degradación del país. Como Dorian Gray en la novela de Oscar Wilde o Hendrik Hoefgen en la película Mefisto de István Szabó, Cisneros se ha transformado, en nuestra imaginación política, en la personificación de un motivo típico de la literatura, la mitología y el folclor que representa la venta del alma al diablo. Con el estigma de la reunión con Jimmy Carter y Hugo Chávez en la que se sacrificó el país para salvar a Venevisión, Cisneros no hace sino representar a todos los individuos que han permitido la consolidación del totalitarismo a cambio del beneficio y lucro personal, a los empresarios que han bajado la cabeza y han vendido sus principios e integridad para mantener sus empresas y enriquecerse un día más. Es la imagen de la Venezuela de la decadencia, del fracaso de las élites que no asumieron su responsabilidad nacional y cedieron espacio por miedo, por acomodo, por el deseo de continuar participando en el reparto clientelar de la renta petrolera.

Marcel Granier, por el contrario, pareciera ser un personaje de la estirpe de John Galt y Hank Rearden, los protagonistas de novela La Rebelión de Atlas de Ayn Rand, arquetipos de la fuerza creativa y de la libertad individual que no se someten al poder. Para los Felicitadores y los Cerebritos de la Fiesta del Chivo, Granier ha cometido un suicidio empresarial, se ha inmolado innecesariamente por rigidez y tozudez. Granier, sin embargo, ha hecho lo que muy pocos empresarios se han atrevido a hacer: sacrificar sus propiedades para convertirse en símbolo de la resistencia y la integridad. Como en Globovisión y en tantos otros refugios venezolanos, la imagen del hombre que pierde lo suyo por fidelidad a su país da cuenta del potencial que aún nos queda para ganar la libertad.

(El Universal/Venezuela. Marcel Granier es el director de RCTV, canal de TV cerrado por Chávez; Gustavo Cisneros es el magnate de la televisión venezolana y tiene un pacto de no agresión con Chávez)

Carta al alcalde de Zacatecoluca, Salvador Hirezi

Estimado alcalde:

Usted mandó a hacer un referéndum en Zacatecoluca, haciendo a los ciudadanos la trascendental pregunta: “¿Está de acuerdo en recuperar y ordenar los espacios públicos del Centro Histórico?”

Igual les podría preguntar mañana, en senda votación: “¿Están de acuerdo que el alcalde haga su trabajo y cumple con la ley? ¿Sí o no?”

Porque de todas formas -por ley, por ética, por lógica, por decencia- el alcalde y su concejo están obligados a “recuperar y ordenar los espacios públicos” de la ciudad. Hacer un referéndum sobre esto equivale a que el señor Funes proponga realizar un referéndum con la pregunta: “¿Está usted de acuerdo en someter a la justicia a los delincuentes y homicidas?”

Entonces, con esta idea su de introducir en Zacate la democracia popular, no solamente está atentando contra la ley, sino incluso contra la lógica. Gastar dinero para preguntar a los ciudadanos algo que usted por ley tiene que hacer, es el colmo de la demagógica.

Obviamente, los ciudadanos de Zacate también lo vieron así. Por eso, la gran mayoría no participó en esta farsa.

¿Y ahora qué va a hacer, señor alcalde? ¿Va a ordenar y recuperar el centro, aunque el pueblo no le aprobó su referéndum? ¿O va a obedecer la supuesta voluntad popular y dejar que el centro se siga pudriendo? Tamaño problema en el cual se metió. Y por gusto.

¿Sabe qué, alcalde? Incluso en caso que la mayoría de la población en un referéndum diga lo contrario, usted sigue tiene que recuperar los espacios públicos y ordenar su ciudad. Es su deber cumplir la ley, aunque signifique caer mal a la mayoría. Así funciona la democracia. Todo lo demás es paja y engaño.

Saludos, Paolo Lüers

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Columna transversal: Abrazo de oso

En una columna sobre la reforma fiscal del presidente Funes escribí: “Si Funes quiere seducir a la empresa privada para que le tenga confianza para negociar un pacto fiscal, o sea un compromiso que significa sacrificios y compromisos a largo plazo, entonces que se olvide de imponerles antes una reforma fiscal no consensuada. O es por la fuerza o es por consenso. O es necesidad inmediata o es la necesidad de llegar a un acuerdo de largo plazo. O la violas, o la seduces. No puede ser primero por la fuerza y luego la conquista. A menos que uno tenga un concepto de la conquista que no tiene nada que ver con el arte del enamoramiento, sino con el sometimiento...”

Esto fue en diciembre 2009. Funes se decidió no por la concertación de un pacto, como la ofreció ANEP, sino por la imposición. La violación se consumió.

Seis semanas después, en la gran gala de ENADE ( el anual Encuentro Nacional de la Empresa Privada organizada por ANEP), la violación pareció olvidada - o por lo menos la memoria reprimida.

La víctima, sometida por la fuerza en diciembre, en enero se presta a la seducción del hombre que acaba de imponerle su voluntad.

El aplauso frenético con el cual el discurso de presidente Funes fue premiado por cientos de empresarios y ejecutivos, y el abrazo que recibió del presidente de ANEP, me dieron pena ajena. Lo siento mucho, mis muy queridos amigos empresarios y dirigentes de ANEP, pero tengo que jugar mi papel de aguafiestas. Esta fiesta de unión entre gobierno y empresa privada celebrada ayer en el ENADE es una farsa.

Me remito nuevamente a lo que escribí en diciembre: “Lo más indigno que puede hacer la empresa privada es, en vez de oponerse a la reforma fiscal como tal, regatear porcentajes y montos. Para regresar a la imagen usada al principio: Cuando una mujer está siendo violada, no va a decir “Procedan, pero por favor no me rompan el vestido...”

Esto es -duele decirlo nuevamente- precisamente lo que hizo la empresa privada. En diciembre se dejó meter por la fuerza la reforma fiscal, con tal que el gobierno se dejó bajar algunos porcentajes. ¿O acaso diputados comprados y partidos chantajeados no constituyen violencia e imposición? Y como el hombre no le rompió el vestido y la novia pudo mantener su cara y reputación, el mes siguiente se deja seducir...

Y seducir con tan poquito... La poderosa ANEP dejándose seducir por tan poquito. La única explicación posible: Están muy asustados de la arrogancia con que el FMLN reafirma su ortodoxia y sus malas intenciones. Buscan quien les proteja...

¿Cómo funcionó esta maniobra política? El FMLN lanza una iniciativa populista de ley, eliminando la cuota básica de la telefonía fija, sabiendo que el presidente la va a vetar. De paso se lleva a toda la oposición al encuentro, porque nadie quiere aparecer como defensor de las odiadas telefónicas. Entonces, el presidente de la República, el mismo que llevó al FMLN al gobierno, aparece como defensor de la libertad empresarial. “Mire, ahora ni ARENA los puede defender. Yo sí. Yo puedo protegerlos del FMLN...” Los empresarios, asustados por una ley que de un plumazo les quita a tres empresas ingresos de 120 millones al año, abrazan al hombre que les ofrece protección contra su propio partido.

Ambos ganaron: el FMLN, que necesita apoyo popular, porque tiene que pensar en futuras elecciones, se perfiló como el protector del hombre común. El presidente Funes, quien no tendrá que enfrentar ninguna elección más, pero necesita urgentemente gobernabilidad y apoyo de la empresa privada, los consigue perfilándose como protector de la seguridad jurídica y de la libertad empresarial. Y como un estadista que se atreve a tomar decisiones impopulares...

Pero, ¿qué gana ANEP? Hasta la fecha nada. A menos que se deje satisfacer a puro discurso. La amenaza de una segunda fase de la reforma fiscal sigue vigente. Funes no lo la retiró. La falta de una política de seguridad, uno de los puntos principales en el discurso del presidente de ANEP, sigue vigente. El presidente se trajo al ENADE a su gabinete de seguridad, pero en su discurso se limitó a seguir prometiendo un plan de combate a la delincuencia, sin dar ningún detalle. El reclamo fuerte que ANEP le hizo por la inseguridad se ahogó en el abrazo en que terminó el evento.

La noticia del ENADE tendría que haber sido: ANEP demanda a Funes plan de seguridad. Pero los titulares que sacó Funes del ENADE dicen: “Funes pide defender libertad económica”, “Un pacto”, “ENADE encontrará terreno fértil en este gobierno”, “Funes respaldo propuesta ANEP”, “Funes pide defender mercado”, “tranquiliza discurso de Funes”.

Parece que ante el nuevo amor entre los empresarios y el presidente protector, también los medios se fueron en la chicagüita.

(El Diario de Hoy)

miércoles, 27 de enero de 2010

La polémica cruzada de Morales contra la "mentira"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha anunciado una nueva ley para regular el trabajo de informar "y no mentir" tanto de los medios como de los comunicadores, a quienes sugirió el pasado lunes que se sumaran a su lucha contra el capitalismo y la defensa de la Tierra, en una de las primeras reuniones con la prensa, en la Casa de Gobierno de La Paz, tras su toma de posesión como primer fefe del Estado plurinacional.

Las organizaciones que representan a los medios y a los comunicadores tuvieron una cauta reacción el mismo lunes. Afirmaron que las normativas impuestas a las libertades de expresión y prensa son peligrosas ante el riesgo de coartar esas libertades, pero puntualizaron que es posible consensuar normas con los trabajadores de la prensa boliviana.

Morales centró sus críticas en las supuestas mentiras que los medios difunden en sus contenidos informativos, algunos de los cuales se atribuyen a fuentes reservadas, y que según el mandatario no muestran una realidad objetiva.

"A ver cómo vamos a normar [regular] para que no mientan los medios de comunicación", dijo Morales el lunes. También advirtió que la prohibición de mentir está en el artículo octavo de la nueva Constitución: "Ama sua, ama qhilla, ama llulla: no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo, memoricen, pongan en su disco duro", señaló, jocoso.

El presidente, que no respondió a una pregunta sobre la libertad de prensa en Venezuela, lamentó que los comunicadores provoquen polémicas basándose en mentiras. "Deberíamos tener una nueva conducta: en vez de estar mintiendo, mejor educar al pueblo", señaló.

"Tenemos que empezar a educarnos: quisiera que la prensa sea otro control social pero con argumentos. Por dignidad hay que empezar a corregir y normar y [que] todos nos basemos en las normas", afirmó y dio la razón a su ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que ha anunciado su propósito de promover una ley que regule la actividad de medios y comunicadores, de los que afirma haber recibido un trato ruin a lo largo de su gestión.

"Tiene mucha razón [Quintana]", dijo Morales y sugirió a los comunicadores que, "por el bien de ustedes, para la buena imagen de los periodistas, de los medios de comunicación, ojalá entren a esta tarea de lucha contra el capitalismo" y de la defensa del medio ambiente y los derechos de la Pachamama (madre Tierra).

La preocupación de los medios impresos de comunicación se relaciona con un proyecto de levantar el secreto de la fuente de información, establecido en la vieja Ley de Imprenta de 1925, que puede impedir la obtención o divulgación de información confidencial o que se intente ocultar de forma ilegítima. Más de un periódico ha tenido problemas recientes a este respecto.

El portavoz gubernamental Iván Canelas aseguró ayer que tanto el Gobierno como los comunicadores "estamos decididos a luchar contra la mentira y la manipulación informativa en los medios de comunicación, porque está claro que ello hace daño al periodismo y a la sociedad en su conjunto".

Canelas afirmó que la elaboración de la nueva norma sobre medios se hará "en consenso, principalmente, con los periodistas y con las organizaciones profesionales y sindicales. Obviamente, sin descartar la presencia de los empresarios" del sector.

La cauta reacción de los representantes de las organizaciones de los medios, así como de las asociaciones académicas y de los sindicatos, no coincide con la opinión de muchos periodistas y analistas, que comparan el anuncio presidencial con las iniciativas de otros Gobiernos de la región, como Argentina, Ecuador y Venezuela, para encauzar a los medios a actitudes afines a sus propósitos.

La directora del influyente semanario de Santa Cruz Número Uno, Maggy Talavera, cree que se trata de "una impostura del Gobierno de Morales al pedir que no se mienta, cuando el presidente no dice la verdad de lo que quiere: no es una información correcta, sino que quiere el control de su contenido".

La periodista afirma que el Gobierno no quiere que se publiquen hechos que pueden serle adversos y puso como ejemplo el caso de las informaciones generadas el pasado año en Pando, a raíz de la muerte de 13 personas, 11 de ellas indígenas, en un enfrentamiento que aún no ha sido aclarado.

El presidente Morales ha llevado a las filas de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), a decenas de comunicadores para convertirlos en parlamentarios, autoridades gubernamentales y diplomáticas. El portavoz Canelas es un conocido ex dirigente de organizaciones de trabajadores de prensa nacionales e internacionales, y la actual presidenta del Senado, Ana María de Campero, fue una destacada corresponsal de agencias informativas internacionales.

Sin embargo, a pesar de la marcada presencia de comunicadores, el de Morales ha sido el Gobierno democrático en el que se han registrado más agresiones contra los periodistas en Bolivia. En su primera gestión, los periódicos y el Observatorio Nacional de Medios contabilizaron alrededor de 400 agresiones a periodistas, así como atentados contra edificios de medios de comunicación.

Los informadores fueron golpeados o amenazados por miembros de los movimientos sociales afines al Ejecutivo, que respondían así a las quejas presidenciales respecto al trato que le deparan los medios y los comunicadores, a los que Morales considera "el mayor enemigo del Gobierno", según afirmó en una concentración en Cochabamba, lo que desembocó en la muerte de un periodista de una radio rural a manos de sus seguidores.

Uno de los hechos más graves contra comunicadores lo protagonizaron policías de élite, que dispararon contra el vehículo de un canal de TV que cubría la detención de un ganadero de Santa Cruz. La policía terminó disolviendo esa unidad policial para acallar las protestas.

(El País/Madrid)

martes, 26 de enero de 2010

Carta al diputado Donato Vaquerano de ARENA

Estimado Donato:

Suena bonito: Eliminar la cuota base para los teléfonos fijos. Así lo habrán pensado ustedes, los diputados de oposición, cuando el FMLN propuso esta medida en favor de 1.1 millón de familias y en detrimento de las tan odiadas telefónicas.

No querían dejar al FMLN el mérito de cuidar el bolsillo de la gente. Cayeron en la emboscada. Dieron sus votos por una maniobra populista del Frente.

Pero la Asamblea no puede, de la noche a la mañana, sin ningún análisis técnico previo, sin ninguna negociación con las empresas afectadas, intervenir en los precios de un servicio. Es una locura.

¿Saben lo que va a pasar? El presidente veta este decreto. Tiene que hacerlo, porque atenta contra los fundamentos de nuestro orden económico. No puede permitir que los diputados, sólo para quedar bien con la gente, le quiten a las telefónicas 120 millones de ingresos al año.

Y los diputados areneros van a quedar como pendejos y vacilantes, que ya no se atreven a defender el orden económico contra el populismo. Van a dejar que Mauricio Funes se presente como el superman que protege al país y la empresa privada del populismo unido de izquierda y derecha: “Vean, no necesitan a ARENA para defenderlos de los peligros del Frente, su presidente los defenderá...”

Sólo porque el Frente, Saca, Gallegos, Salaverría y el alcalde Morán se han puesto de acuerdo para decir que ARENA es el partido empresarial, ustedes no tienen que acomplejarse y paralizarse cuando de verdad hay que defender el libre mercado y rechazar intervenciones populistas del Estado.

Además, la gente no es pendeja. La gente no pide regalos, pide una regulación racional y justa de tarifas.

Por favor, hagan sus tareas, don Donato.

Paolo Lüers

(Más!)

De complejos fatales y trampas cazabobos

El populismo marcha triunfante en El Salvador. Todos lo abrazan. El FMLN, por convicción y estrategia, el PCN y GANA por conveniencia y corrupción, y ahora también ARENA, por acomplejados.

Ya no aguantan que todo el mundo les diga que son un partido que corresponde a los intereses del gran capital. Es una cosa que lo diga el Frente, eso resbala. Pero ahora lo están diciendo - como si alguien hubiera escrito un guión - el ex presidente Tony Saca, el ex presidente del Coena, Antonio Salaverría; el alcalde Rafael Morán; el ex jefe de la bancada arenera, Guillermo Gallegos...

Pero no porque muchos repiten este mismo estribillo, un partido tiene que acomplejarse y acobardarse, cuando de verdad el sistema del libre mercado y la seguridad jurídica necesitan quién los defienda.

Le tendieron una emboscada a ARENA y cayó. El FMLN propuso en la Asamblea un decreto para eliminar la cuota base de los teléfonos fijos. Y los diputados de ARENA dijeron: Esta es la oportunidad de oro para mostrar que no somos lacayos del gran capital.

No vamos a permitir que el FMLN tome el crédito por una medida en favor de 1.1 millones de familias y en detrimento de las tan odiadas compañías telefónicas. No vamos a caer en esta trampa que nos hacen para volver a señalarnos como defensores de intereses especiales...

Esto se llama trampa cazabobos. Para evitar caer en una trampa fingida, ARENA cayó en la emboscada fatal: dieron sus votos por una maniobra populista del Frente. Para evitar que les griten: "puta", perdieron de hecho su virginidad, apoyando un decreto que a todas luces es contrario al orden económico, a la seguridad jurídica, a la libre competencia y a la responsabilidad del Estado de ejercer una regulación justa que crea un equilibrio entre la protección del consumidor y la competitividad de las empresas de servicio.

Es obvio que la Asamblea no puede, de la noche a la mañana, sin ningún análisis técnico previo, sin ninguna negociación con las empresas afectadas, sin ni siquiera consultar a la institución competente (la SIGET), intervenir en los precios de un servicio. Es una locura.

La verdadera emboscada cazabobos, en la cual los diputados de ARENA cayeron como si fueran novatos, es la siguiente: el presidente Funes va a vetar este decreto. Tiene que hacerlo, porque atenta contra los fundamentos de nuestro orden económico. No puede permitir que los diputados, sólo para quedar bien con la gente, le quiten a las telefónicas $120 millones de ingresos al año.

Y los diputados areneros van a quedar como pendejos y vacilantes, que ya no se atreven a defender el orden económico contra el populismo. Le dieron a Mauricio Funes la oportunidad de oro de poder presentarse como el "Superman" que protege al país y la empresa privada del populismo unido de izquierda y derecha: "Vean, no necesitan a ARENA para protegerlos de los peligros estatizantes y populistas del Frente; su Presidente los defenderá...". El Superman que ya desafió a su propio partido y que hoy desafía, incluso, a un decreto apoyado por todos los partidos.

El problema detrás de este error de ARENA es la confusión que tiene de su propio carácter como partido, de sus propias convicciones. Esto es sumamente grave. Sólo porque el Frente y la nueva "derecha popular" se han puesto de acuerdo para decir que ARENA corresponde a los intereses de la gran empresa, el partido no tiene el derecho de acomplejarse y paralizarse cuando de verdad hay que defender el libre mercado y rechazar intervenciones populistas del Estado
.
Cuando el FMLN lanzó en la Asamblea la iniciativa de hacer a más de 1.1 millones de familias un regalo mensual de entre 10 y 14 dólares, expropiando estos fondos de las compañías telefónicas, era el momento ideal para que ARENA saliera de su confusión y parálisis interna para asumir -con firmeza, pero también con mesura- la defensa de la seguridad jurídica y del sistema del mercado social. En este momento, en vez acobardarse y apoyar un decreto a todas luces populista e inviable, hubiera exigido una regulación justa y racional de la tarifa telefónica.

La gente lo hubiera entendido perfectamente. La gente no es pendeja, no pide regalos, pide tarifas justas supervisadas y reguladas por el Estado. La gente sabe que no hay almuerzo gratis. ¿Por qué lo ha olvidado ARENA?

(El Diario de Hoy)

lunes, 25 de enero de 2010

´Tás Ponchao

La marcha del sábado 23 fue una gigantesca afirmación de voluntad democrática. Para eso son las marchas. Para que, cada vez que ello sea necesario, sea bien visible que Chacumbele no está sólo en el ring; que hay millones de venezolanos ­representados por los que marcharon en Caracas- que se oponen a este gobierno y que con toda determinación se lo hacen saber. El día que Chacumbele vea que nadie marcha, podrá sentir que ha doblegado al país y que nada ni nadie se opone a sus designios. Por eso fue tan importante la marcha del 23 de Enero. Fue muy importante también porque dio amplia visibilidad al acuerdo unitario de los partidos de oposición y los líderes de estos ratificaron, ante centenares de millares de personas, su determinación de alcanzar un acuerdo unitario perfecto para las elecciones parlamentarias del próximo 26 de septiembre. Los partidos tiene una enorme responsabilidad por delante. La gente sabe que, aún dentro de su precariedad organizativa y del acoso gubernamental, los partidos políticos son la piedra angular de la movilización de calle y electoral contra el régimen de Chacumbele. Por eso respondió a su convocatoria.

Nadie más, en la oposición, tiene el poder de convocatoria que posee la Mesa Democrática. Por eso esta experiencia debe ser cuidada. Ser exigente con la Mesa no significa estarle tirando piedras todo el tiempo, venga o no a cuento, y las más de las veces, de modo injusto y arbitrario.

El país está cruzado de problemas y el mayor de ellos es Chacumbele y su ya legendaria incompetencia y corrupción y, ciertamente, la Mesa debe atender las consecuencias de esta calamidad pública, pero su principal responsabilidad, hoy, lo que el país opositor le exige, es alcanzar ese Acuerdo Perfecto, esas listas y candidaturas únicas y unitarias que permitan derrotar a Chacumbele, con todo y las trampas del CNE.

Nadie mejor que él sabe que va palo abajo.

Las encuestas más recientes registran números devastadores para el régimen. La tendencia que ya se marcó a partir del referéndum de 2007, de incremento del voto opositor y descenso del voto oficialista, se ha acentuado a lo largo de 2009.

Chacumbele es minoría hoy. Y él lo sabe. Tiene semanas desvariando sobre el tema de que le convoquen un revocatorio. Nadie le para bola, pero él sigue con el tema, que ni siquiera alcanza el rango de provocación. ¿Creerá que los demás son tan tarados como algunos de sus colaboradores? A nadie se le escapa que es pura y simplemente una idiotez a la cual, con razón, hay que prestarle oídos sordos. Por ahora, el próximo paso es derrotarlo en septiembre.

Ya llegará la hora de revocarlo en diciembre de 2012. La encuesta del IVAD (Seijas) que terminó el 20 de diciembre pasado, antes de la devaluación y del estallido brutal de la crisis eléctrica, registra que más del 66% de los venezolanos no quiere que el presidente siga más allá de 2012. ¡Tas ponchao, bate quebrao!

(Informe21. El autor es director del diario venezolano TalCual)

"A Hugo Chávez le aterran las elecciones legislativas"

A sus 87 años Pompeyo Márquez, referencia política de la democracia venezolana, clama por un acuerdo nacional. A lo largo de una vida que se remonta a las postrimerías del gomecismo y pasa por la lucha contra la dictadura, el período guerrillero, la etapa de confrontación democrática y su oposición frontal al régimen chavista, Pompeyo sostiene que sólo la unidad que vaya más allá del proceso electoral y defina una estrategia a largo plazo podrá lograr transformaciones radicales en el plano político.

-¿Cree que vivimos una situación preconflictiva con la devaluación de la moneda y sus secuelas, el cierre de RCTV, el colapso eléctrico,la falta de agua, el estado de violencia e inseguridad? ¿Estamos ante una conjunción espontánea de factores negativos o existe un plan del Gobierno para provocar un clima de polarización que le conviene en momentos electorales?

-Marchamos hacia un proceso electoral que tiene aterrado al Gobierno ante la posibilidad de perder la mayoría en la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo se está desarrollando una crisis global que se manifiesta en los ámbitos político, institucional, militar, ético y económico. Toda esa palabrería de Chávez sobre la pobreza se remite a una masa cautiva mantenida a base de misiones y de la cultura de la dádiva, que no tiene nada que ver con la justicia social, uno de cuyos principios fundamentales es la universalidad. "Yo te ayudo si te pones una camisa roja". Eso es clientelismo político aquí y en cualquier parte del mundo. La crisis de valores se manifiesta en una corrupción que está carcomiendo al régimen luego del fracaso rotundo por parte de un gobierno inepto a la hora de administrar al país.

-¿La ineptitud no parece algo premeditado, pero la corrupción sí?

-En una situación así planteada, con el odio como motor de un régimen que excluye a más de la mitad del país por su presunta condición de "apátrida" y los medios son cerrados (caso RCTV), es obvio que estamos en un proceso en reversa. Retrocedemos y la población vive en el estrés y la zozobra provocada por la violencia y la inseguridad. En medio de todo eso hay una realidad política innegable. Chávez es minoría. El rechazo al totalitarismo, al estilo cubano que pretende imponer, presenta un desacuerdo de más de 80% de la población. Las estatizaciones son rechazadas en un porcentaje similar y las empresas de Guayana están colapsadas. De manera que el tiempo de Chávez se adelgaza. Tuvo su oportunidad y la perdió por los bandazos que da.

-Del bolivarianismo al socialismo y de éste al marxismo. ¿No hay una cierta coherencia en esa "evolución"?

-Él comenzó con El oráculo del guerrero, luego se pasó para Ceresole y su tesis de Presidente-pueblo-ejército. Vino después la Tercera Vía de Tony Blair, ahora se declara marxista y manda a estudiar el libro de Lenin El Estado y la revolución, sin darse cuenta de que más de 70 años de pensamiento en la URSS colapsaron. Pero a él le gusta ese término de "período de transición", que, es obvio, reclama una dictadura para vencer la resistencia de las clases desalojadas del poder opuestas a la revolución. Pero aquí no hay ninguna revolución, sino una involución en la calidad de vida de los venezolanos. Crisis eléctrica, falta de agua, colapso de la salud, problemas en la educación y en la seguridad, para no hablar del aparato productivo, totalmente colapsado. Pero no se da cuenta de que con todo esto no está agrediendo a un sector determinado sino a la sociedad toda que ya está reaccionando porque se siente asfixiada. Y por eso acude a la represión y a hechos deleznables como el cierre de RCTV. Pero imponerle un cambio de vida a la mayoría es una aberración que crea conflictividad. El 76% dice que Chávez tiene los años contados: hasta 2012.

-¿Qué pasa en el inte- rregno?

-2010 será un año de alta conflictividad, cuando se va a decidir el futuro inmediato del país. Y estas no son frases de ocasión, porque cualquiera sabe que las elecciones del 26 de septiembre van a marcar un rumbo.

-¿De qué manera?

-Si gana la mayoría, como todo parece indicar, ¿qué va a hacer Chávez? Y en ese sentido, ¿se está preparando la disidencia para hacer respetar esos resultados y no ocurra lo que le hicieron a Antonio Ledezma, Pérez Vivas, Salas Feo y a Capriles Radonski? En el chavismo hay un serio debate y ahora Rigoberto Lanz dice que la Constitución de 1999 es de derecha, cuando se trata de una Constitución democrática que es violada todos los días y ante una legislación espuria, elaborada por una Asamblea que es una oficina de Miraflores.

-Una vez que se declara marxista , lo cual niega la democracia y estando en desventaja según las encuestas, ¿no estaría Chávez dispuesto a evitar las elecciones?

-Esos son los escenarios que debemos tener en cuenta. Los cambios de la circunscripción electoral no los hace porque se siente fuerte, sino todo lo contrario. No estamos ante el Chávez sobrado de 2000. Este es un Chávez aterrado, acorralado, donde el principio de Peter se lo comió porque su ineptitud, ignorancia e incapacidad se ponen de manifiesto cada vez que trata de resolver un problema.

-Frente a eso, ¿qué tendría que hacer la oposición?

-Todo esto plantea la necesidad de hacerle una propuesta abierta al país. Se requiere una unidad que no sea sólo para ganar las elecciones, sino que se establezca un mecanismo que prevea cómo va a desarrollarse una estrategia luego de la elección de la nueva Asamblea. O que se prepare ante cualquier maniobra que Chávez intente aplicar. En 1952 obtuvimos una victoria clamorosa ante la dictadura, en un proceso donde jugaron papel protagónico Jóvito Villalba, Mario Briceño Iragorry y Rafael Caldera. El 2 de diciembre Pérez Jiménez dio el golpe de Estado que sumió al país en penumbra y eso ocurrió porque no había unidad ni plan para hacer respetar los resultados electorales y neutralizar la reacción de Pérez Jiménez.

-¿Crees que se puede repetir esa situación?

-Las cosas no se repiten mecánicamente. Hay variantes en este momento. Chávez conserva todavía cierto nivel de popularidad. Pero hago la mención porque luego, en 1957, tomamos la Constitución perezjimenista y pedimos el cumplimiento del mandato sobre elecciones. Pero actuamos unidos y uno de los candidatos que teníamos in péctore era Caldera. Entonces Pérez Jiménez reaccionó y apeló al plebiscito, pero nosotros pasamos a la abstención. Luego los resultados demostraron que había perdido su base de apoyo popular. Fue así como el 1 de enero de 1958 vino la sublevación de Martín Parada y Hugo Trejo.

-En todo caso, el 23 de Enero, si bien tuvo un desenlace democrático, careció de un desarrollo democrático.

-Tuvo un desenlace democrático. Luego del alzamiento de Trejo y Parada cambió por completo el cuadro político y comenzó una lucha en todos los barrios de Caracas, una batalla casi campal, consecuencia también de lo ocurrido el año 57, cuando jugó un gran papel la pastoral de monseñor Arias, y la huelga estudiantil de 21 de noviembre y la actuación de las juntas patrióticas, que provocaron una ola de protesta con manifiestos de todos los sectores. Era la revolución de los papeles. Fue así como el 10 de enero Pérez Jiménez se vio obligado a cambiar el gabinete. Apenas salen Vallenilla Lanz y Pedro Estrada, le caímos a Pérez Jiménez como verdaderos caribes. A esas alturas las FAN estaban divididas, Pérez Jiménez carecía de apoyo popular y preparamos la huelga de hambre y la huelga general del 21 de enero.

-Si fue decisivo el pronunciamiento militar del 1 de enero para la caída de Pérez Jiménez, ¿lo será ahora?

-Requerimos una política de amplitud, de unidad. El país reclama un gran acuerdo nacional para derrotar políticamente a Chávez en 2012. Lo que pase de aquí a 2012 ya es otra cosa. Pero hay una meta, una ruta electoral, con un plan, no sólo para derrotar a Chávez sino para gobernar. Aquí hay que comenzar a hablar del poschavismo. Hay que imaginarse cómo sería el gobierno después de Chávez.

-¿Cómo te lo imaginas?

-Como un gobierno de amplitud, de la unidad más amplia, con un centro de dirección y una hoja de ruta. Ahí está la transición chilena, asumida por la ruta electoral que venció a Pinochet. Pero antes sus integrantes vivieron una verdadera agonía. Tuvieron que comerse un burro muerto sin eructar cuando vieron a Pinochet entrar al Congreso en su calidad de senador vitalicio. Pero lo lograron. Algo similar ocurrió en España, donde el posfranquismo se resolvió con un Rey y un Presidente socialista.

(El Universal/Venezuela)

Save the Panel on Climate Change!

The United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change has been heavily criticized for erroneous projections. In the following editorial, climate researchers Richard Tol, Roger Pielke and Hans von Storch call for a reform of the IPCC and the resignation of its chairman, Rajendra Pachauri.

We have seen a crisis of confidence gathering momentum around climate science in recent weeks. Following the unauthorized release of e-mails from the University of East Anglia, showing climate scientists not at their best, now comes a flurry of attention to errors in official reports and accusations of conflicts of interest.

The crisis centers on the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), set up by the United Nations Environment Programme and World Meteorological Organization, and its chair, Dr. Rajendra Pachauri. Without significant institutional reform, the IPCC, and climate science as a whole, risks more than just bad press. It risks losing its credibility and trust.

The IPCC was set up to advise policymakers on issues of climate science and policy, with a stated goal to be "policy-relevant and yet policy-neutral, never policy-prescriptive". The executive secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change explains that "the credibility of climate change policy can only be based on credible science." The IPCC seeks to meet its rigorous standards of academic integrity through a thorough review process "to ensure an objective and complete assessment of current information."

The IPCC Has Failed

The ideals of the IPCC are both worthwhile and hard to live up to. Academics have all of the foibles that are seen in every other profession. Politicians and advocates seek to politicize scientific advice, often preferring to hide behind "the science" rather than explain the normative choices behind tough decisions. Such factors make it important for scientific advisory institutions to have rigorous and transparent policies to ensure trust and the credibility of their work. The IPCC has failed in this respect.

The IPCC's shortfalls are illustrated with the behavior of Pachauri, its chair since 2002. In recent months, Pachauri has participated in overt political advocacy, such as by calling on people to eat less meat and on the United States government to pass a certain climate policy. He has endorsed 350 parts per million as the right target for the atmospheric concentration of greenhouse gases, despite the IPCC offering no recommendation on such a target. Being a scientific advisor sometimes means recusing yourself from engaging in the political processes that you are advising. We expect no less from intelligence agencies advising the military and medical professionals advising governments on health and safety.

When the e-mails were stolen or leaked from the University of East Anglia, they revealed, among other things, the intent of IPCC authors to violate IPCC procedures. Pachauri first said that all was fine, then announced an investigation, and then cancelled it.

The Glacier Error is not Unique

When the latest IPCC report said glaciers could disappear from the Himalayas by 2035, with major ramifications for the water supply in South Asia, it generated headlines around the world. That prediction proved to be grossly in error. It revealed a serious breach of the organization's own standards of review. When the error was initially publicized, Pachauri declared that the IPCC does not make mistakes and viciously attacked people who disagreed, before the sheer weight of evidence made him admit the error.

Another IPCC scientist claims to have been aware of the error in 2006, but was unable to have it corrected. The glacier error is not unique. That such a large body of work contains some errors is unavoidable. An appropriate mechanism to deal with false or contested knowledge claims is needed, but has not been implemented.

The whole situation became more bizarre when it emerged from the investigations of Richard North that Pachauri's Energy and Resources Institute (TERI) has built a large research effort on Himalayan glaciers on the back of the error in the IPCC report. TERI is also the beneficiary of considerable sums from companies with a financial interest in climate policy, resulting from payments for Pachauri's advice or authority. Astoundingly, it appears that Pachauri has not broken any rules for the simple reason that there is no code of conduct governing conflicts of interest for IPCC participants and leaders.

The Credibility of Climate Science is at Stake

The IPCC has started the preparations for the next major report, to be released in 2014. It may be advisable to pause for wholesale institutional reform. The IPCC needs guidelines for the behavior of its officials, and those guidelines must be enforced. With a policy on conflict of interest similar to those in place in leading scientific advisory institutions, it seems obvious that the IPCC would need a new chairperson. The IPCC needs to adhere to its own standards for appointing experts and reviewing material that it reports. It needs to make its procedures for appointments more transparent. The IPCC peer-review should be made more robust, with quality assurance overriding deadlines. A formal mechanism should be put in place to correct errors after publication. Such reform will be a large and difficult task. But the credibility of climate science depends upon it.

It will take many electoral cycles and all major countries to address the problems associated with climate change. Partisan advice will be unpicked, sloppy research will be exposed. New observations and theory will change aspects of the current understanding. Sustaining a climate policy that is effective, acceptable and durable can only be based on sound and impartial advice from institutions that do their science sustainably over many decades. The IPCC was supposed to provide that advice, but its standards have slipped, its procedures have turned out to be insufficient and its credibility has been questioned.

Climate policy matters, and so too does the IPCC. Its importance means that reform is needed before the reputation of all of climate science is irreparably damaged.

THE AUTHORS: Richard Tol is a research professor at the Economic and Social Research Institute in Dublin and the Vrije Universiteit Amsterdam, Roger Pielke Jr. is a professor of environmental studies at the University of Colorado at Boulder and Hans von Storch is director of the Institute for Coastal Research at the GKSS Research Center in Geesthacht and and a climate researcher at the Institute of Meteorology at the University of Hamburg.

(Der Spiegel/Germany/English Service)

UN climate chief Rajendra Pachauri 'got grants through bogus claims'


The Himalayan glaciers

(AP Photo/Channi Anand)

The chairman of the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), has used bogus claims that Himalayan glaciers were melting to win grants worth hundreds of thousands of pounds.

Rajendra Pachauri's Energy and Resources Institute (TERI), based in New Delhi, was awarded up to £310,000 by the Carnegie Corporation of New York and the lion's share of a £2.5m EU grant funded by European taxpayers.

It means that EU taxpayers are funding research into a scientific claim about glaciers that any ice researcher should immediately recognise as bogus. The revelation comes just a week after The Sunday Times highlighted serious scientific flaws in the IPCC's 2007 benchmark report on the likely impacts of global warming.

The IPCC had warned that climate change was likely to melt most of the Himalayan glaciers by 2035 - an idea considered ludicrous by most glaciologists. Last week a humbled IPCC retracted that claim and corrected its report.

Since then, however, The Sunday Times has discovered that the same bogus claim has been cited in grant applications for TERI.

One of them, announced earlier this month just before the scandal broke, resulted in a £310,000 grant from Carnegie.

An abstract of the grant application published on Carnegie's website said: "The Himalaya glaciers, vital to more than a dozen major rivers that sustain hundreds of millions of people in South Asia, are melting and receding at a dangerous rate.

"One authoritative study reported that most of the glaciers in the region "will vanish within forty years as a result of global warming, resulting in widespread water shortages,"

The Carnegie money was specifically given to aid research into "the potential security and humanitarian impact on the region" as the glaciers began to disappear. Pachauri has since acknowledged that this threat, if it exists, will take centuries to have any serious effect.

The money was initially given to the Global Centre, an Icelandic Foundation which then channelled it, with Carnegie's involvement, to TERI.

The cash was acknowledged by TERI in a press release, issued on January 15, just before the glacier scandal became public, in which Pachauri repeated the claims of imminent glacial melt.

It said: ""According to predictions of scientific merit they may indeed melt away in several decades."

The same release also quoted Dr Syed Hasnain, the glaciologist who, back in 1999, made the now discredited claim that Himalayan glaciers would be gone by 2035.

He now heads Pachauri's glaciology unit at TERI which sought the grants and which is carrying out the glacier research.

Critics point out that Hasnain, of all people, should have known the claim that the Himalayan glaciers could melt by 2035 was bogus because he was meant to be a leading glaciologist specialising in the Himalayas.

Any suggestion that TERI has repeated an unchecked scientific claim without checking it, in order to win grants, could prove hugely embarrassing for Pachauri and the IPCC.

The second grant, from the EU, totalled £2.5m and was designed to "to assess the impact of Himalayan glaciers retreat".

It was part of the EU's HighNoon project, launched last May to fund research into how India might adapt to loss of glaciers.

In one presentation at last May's launch, Anastasios Kentarchos, of the European Commission's Climate Change and Environmental Risks Unit, specifically cited the bogus IPCC claims about glacier melt as a reason for pouring EU taxpayers' money into the project.

Pachauri spoke at the same presentation and Hasnain is understood to have been present in the audience.

The EU grant was split between leading European research institutions including Britain's Met Office, with TERI getting a major but unspecified share because it represented the host country.

The "Glaciergate" affair has seen Pachauri come under increasing pressure in India, prompting him to call a press conference yesterday (Saturday) where he dismissed calls for his resignation and said no action would be taken against the authors of the erroneous section of the IPCC report.

He said: "I have no intention of resigning from my position," adding the errors were unintentional and not significant in comparison to the entire report.

However, other questions remain. One of the most important is in connection with Pachauri's earnings.

In an interview with The Sunday Times he said his only income came from his salary at TERI. However TERI does not publish his salary and he refused to divulge it.

In India questions are also being asked about Pachauri's links with GloriOil, a Houston, Texas-based oil technology company that specialises in recovering extra oil from declining oil fields . Pachauri is listed as a founder and scientific advisor.

Critics say it is odd for a man committed to decarbonising energy supplies to be linked to an oil company.

The problems come at a bad time for the IPCC which is recruiting scientists for its fifth report into the science and impacts underlying global warming.

Yesterday, Pachauri said he intended to remain as director of the IPCC to oversee the fifth IPCC assessment report dealing with sea level rise and ice sheets, oceans, clouds and carbon accounting. The report is expected by 2014.

(The Times/London. The author is the Science and Environment Editor of The Times)

domingo, 24 de enero de 2010

Guerra al narcotráfico

Hace poco más de tres años, el presidente mexicano vistió una casaca militar y declaró una guerra frontal de gran escala contra el narcotráfico, enviando al Ejército a las calles, carreteras y pueblos de México. En aquel momento, Felipe Calderón recibió un amplio respaldo, interno y externo, por una decisión vista como valiente y necesaria. Se esperaban rápidamente resultados tangibles.

El Gobierno de Bush prometió respaldo estadounidense -la llamada Iniciativa de Mérida, pactada en 2007-, Obama reiteró su apoyo en 2008, y las encuestas de opinión pública demostraban que Calderón, de un golpe, había dejado atrás las angustias de su estrecha y cuestionada victoria electoral, ganándose la confianza del pueblo mexicano. Hoy, las cosas se miran de manera diferente. Por fin ha surgido un debate nacional en México sobre la guerra contra el narco, que debió haberse realizado mucho antes: en la campaña electoral de 2006, durante la cual ninguno de los candidatos, y mucho menos Felipe Calderón, se la propusieron a la sociedad mexicana.

Muchos -que votamos por Calderón y apoyamos con entusiasmo sus propuestas de reforma política, por ejemplo- hemos sostenido desde el principio de su sexenio que, al igual que la invasión de Irak, la guerra contra la droga en México fue optativa: no debió haber sido declarada, no se puede ganar y le está causando un daño enorme a México. Un creciente número de mexicanos comparte esta opinión.

Los resultados brillan por su ausencia; la violencia en el país aumenta. En los primeros ocho días del año, tuvieron lugar 223 ejecuciones, el doble del mismo periodo del 2009, y tres veces más que en 2008 o 2007. Durante el año recién transcurrido, se registraron más de 6.500 ejecuciones, superando el total del año pasado, el doble de 2007. De las más de 220.000 personas arrestadas por vínculos con el narcotráfico desde que Calderón asumió su cargo, las tres cuartas partes han quedado en libertad y apenas 5% de las 60.000 restantes han sido juzgadas y sentenciadas. Al concentrarse los esfuerzos en impedir el tráfico vía México de cocaína colombiana a Estados Unidos, la superficie sembrada de amapola y marihuana en el país ha crecido, según el Gobierno de Estados Unidos. La producción potencial de heroína pasó de 13 toneladas en 2006 a 18 en 2008, la de goma de opio de 110 toneladas a 149, y la de cannabis subió ligeramente, alcanzando 15.800 toneladas. Pero las restricciones al transbordo de cocaína no causaron mayor mella en los precios al menudeo en Estados Unidos, que se dispararon en 2008 para luego estabilizarse en 2009en niveles inferiores a sus picos históricos de los noventa. Por otra parte, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Revisión por Pares Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU han documentado, con mayor o menor precisión y evidencia, un incremento de violaciones a los derechos humanos, y una ausencia notable de responsables procesados por las mismas.

Desde comentaristas como el director editorial del diario Reforma, Rene Delgado, hasta el líder del izquierdista PRD en el Senado, Carlos Navarrete, y el gobernador priísta de Coahuila, en días recientes han aflorado más dudas que nunca sobre los orígenes de la guerra, sus perspectivas y sus costos. Sus justificaciones han resultado falsas (de acuerdo con las mismas cifras del Gobierno, el consumo de estupefacientes en México no ha crecido en el último decenio, y la violencia, medida por el número de homicidios por 100.000 habitantes, se había reducido desde 1992 hasta el 2007), o alarmistas (México se hallaba al borde de la colombianización).

Cobra cada día más fuerza la idea de que la única explicación satisfactoria, aunque no demostrada, de declaración de guerra consistió en el deseo de Calderón de legitimarse, en vista de las dudas en torno a su elección en 2006, dudas que sus seguidores nunca compartimos. Lo logró: sus índices de popularidad subieron y se han mantenido a niveles comparables a los de sus predecesores.

Frente a este escepticismo, el Gobierno de Felipe Calderón ha procurado mejorar su defensa. La más inteligente e ilustrada se halla en un artículo publicado en la revista Nexos por Joaquín Villalobos, el ex comandante guerrillero salvadoreño, quien fue contratado como asesor por el Gobierno mexicano desde 2005, primero por la Secretaría de Seguridad Pública y posteriormente por la Procuraduría, para la cual trabaja desde 2006. Al tratar de refutar Doce mitos sobre la guerra contra el narco, Villalobos, que siempre fue considerado como el más brillante de los militares revolucionarios de su país, aprovecha la distancia de una mirada externa y deja de lado algunas críticas al Gobierno, acepta otras, y se concentra en una tesis.

Comparte una postura de muchos críticos: la violencia en México es mucho menor que en buena parte del resto de América Latina, y México no es Colombia (Mito # 2); tampoco rebate la afirmación de que dicha violencia iba en descenso hasta 2006. Acepta que la legalización de la mariguana es una alternativa parcial, pero, como subrayan muchos, sólo de la mano de Estados Unidos (Mito # 10): "Sin la participación de Estados Unidos y Europa una estrategia de este tipo (la legalización), aplicada en México o Colombia, por ejemplo, sería un suicidio para la seguridad de estos países". Insiste como muchos, en las diferencias entre México y Colombia.

Pero concentra su esfuerzo en una cierta interpretación de las dudas dirigidas al Gobierno al que aconseja: "No se debió confrontar al crimen organizado". (Mito # 1) Y explica, de manera un poco contradictoria, cómo, en una guerra, si no se gana se pierde, cómo el Estado mexicano, sin correr el peligro de colombianizarse, sí podía haber sido capturado por el crimen organizado, que habría pasado de algunos Estados a la misma capital de la República: "No hacer nada podría haber llevado a México a una situación similar a la que enfrentó Colombia a finales de los ochenta... El nivel de violencia actual en México deja bien claro que el monstruo era real, fuerte y peligroso".

El problema para muchos mexicanos críticos de la embestida gubernamental yace en la relatividad de estos temores. A diferencia de muchos de sus colegas del FMLN, Villalobos no pasó largos ratos en México durante la guerra salvadoreña, ni vivió en México después de la firma de la paz en 1992. Lo cual tal vez le impida ubicar el dilema mexicano en su pleno contexto histórico, al afirmar que: "En el pasado los narcos eran un problema policial de segundo orden y para lidiar con ellos se requería una lógica operacional local y no una estrategia de Estado. Durante muchos años no fueron un tema central ni para México ni para nadie".

Cualquier mexicano que recuerde los episodios de la guerra del narco en Sinaloa, Chihuahua y Guadalajara en aquellos años; la grave crisis con Estados Unidos que implicó la ejecución del agente de la DEA Enrique Camarena; la captura de la Dirección Federal de Seguridad entera por el crimen organizado, al grado que fue disuelta por el presidente Miguel de la Madrid; la violencia de capos como Caro Quintero, Félix Gallardo, García Abrego, Carrillo Fuentes, los Arellano Félix y otros; o el bochorno que le causó al presidente Ernesto Zedillo en 1998 que su zar antidrogas, un general del ejército, resultara narco, podría discrepar de Villalobos. Por supuesto que se trataba entonces y ahora de un tema central para México. Lo era -con mayúsculas- en la política interna, en las relaciones internacionales del país, y en la economía regional de zonas que entonces, como ahora, vivían del narco.

Quizás la necesidad de contar con un consejero y defensor externo creíble, revela la complejidad del reto que enfrenta Felipe Calderón. Se ve obligado a recurrir a apoyos como el de Villalobos -al grado de solicitarle que presentara la estrategia gubernamental ante los embajadores y cónsules de México durante su reunión anual hace unos días- porque son los mejores y los únicos. Pero argumentos construidos a la distancia, por lúcidos que parezcan, difícilmente podrán convencer a una sociedad mexicana que cada día se cansa más de una guerra fallida y sin fin.

(El País/Madrid; el autor, ex secretario de Relaciones Exteriores de México, es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.)

The Court’s Blow to Democracy

With a single, disastrous 5-to-4 ruling, the Supreme Court has thrust politics back to the robber-baron era of the 19th century. Disingenuously waving the flag of the First Amendment, the court’s conservative majority has paved the way for corporations to use their vast treasuries to overwhelm elections and intimidate elected officials into doing their bidding.

Congress must act immediately to limit the damage of this radical decision, which strikes at the heart of democracy.

As a result of Thursday’s ruling, corporations have been unleashed from the longstanding ban against their spending directly on political campaigns and will be free to spend as much money as they want to elect and defeat candidates. If a member of Congress tries to stand up to a wealthy special interest, its lobbyists can credibly threaten: We’ll spend whatever it takes to defeat you.

The ruling in Citizens United v. Federal Election Commission radically reverses well-established law and erodes a wall that has stood for a century between corporations and electoral politics. (The ruling also frees up labor unions to spend, though they have far less money at their disposal.)

The founders of this nation warned about the dangers of corporate influence. The Constitution they wrote mentions many things and assigns them rights and protections — the people, militias, the press, religions. But it does not mention corporations.

In 1907, as corporations reached new heights of wealth and power, Congress made its views of the relationship between corporations and campaigning clear: It banned them from contributing to candidates. At midcentury, it enacted the broader ban on spending that was repeatedly reaffirmed over the decades until it was struck down on Thursday.

This issue should never have been before the court. The justices overreached and seized on a case involving a narrower, technical question involving the broadcast of a movie that attacked Hillary Rodham Clinton during the 2008 campaign. The court elevated that case to a forum for striking down the entire ban on corporate spending and then rushed the process of hearing the case at breakneck speed. It gave lawyers a month to prepare briefs on an issue of enormous complexity, and it scheduled arguments during its vacation.

Chief Justice John Roberts Jr., no doubt aware of how sharply these actions clash with his confirmation-time vow to be judicially modest and simply “call balls and strikes,” wrote a separate opinion trying to excuse the shameless judicial overreaching.

The majority is deeply wrong on the law. Most wrongheaded of all is its insistence that corporations are just like people and entitled to the same First Amendment rights. It is an odd claim since companies are creations of the state that exist to make money. They are given special privileges, including different tax rates, to do just that. It was a fundamental misreading of the Constitution to say that these artificial legal constructs have the same right to spend money on politics as ordinary Americans have to speak out in support of a candidate.

The majority also makes the nonsensical claim that, unlike campaign contributions, which are still prohibited, independent expenditures by corporations “do not give rise to corruption or the appearance of corruption.” If Wall Street bankers told members of Congress that they would spend millions of dollars to defeat anyone who opposed their bailout, and then did so, it would certainly look corrupt.

After the court heard the case, Senator John McCain told reporters that he was troubled by the “extreme naïveté” some of the justices showed about the role of special-interest money in Congressional lawmaking.

In dissent, Justice John Paul Stevens warned that the ruling not only threatens democracy but “will, I fear, do damage to this institution.” History is, indeed, likely to look harshly not only on the decision but the court that delivered it. The Citizens United ruling is likely to be viewed as a shameful bookend to Bush v. Gore. With one 5-to-4 decision, the court’s conservative majority stopped valid votes from being counted to ensure the election of a conservative president. Now a similar conservative majority has distorted the political system to ensure that Republican candidates will be at an enormous advantage in future elections.

Congress and members of the public who care about fair elections and clean government need to mobilize right away, a cause President Obama has said he would join. Congress should repair the presidential public finance system and create another one for Congressional elections to help ordinary Americans contribute to campaigns. It should also enact a law requiring publicly traded corporations to get the approval of their shareholders before spending on political campaigns.

These would be important steps, but they would not be enough. The real solution lies in getting the court’s ruling overturned. The four dissenters made an eloquent case for why the decision was wrong on the law and dangerous. With one more vote, they could rescue democracy.

Chávez saca a RCTV de programación por cable

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de CONATEL, se ha dirigido informal e ilegalmente a los servicios de difusión por suscripción para solicitarles que se excluya la señal de RCTV internacional de su oferta a los suscriptores venezolanos si, en el criterio del gobierno, nuestro canal incurre en infracción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Esa conducta de CONATEL es absolutamente ilegal puesto que, si el gobierno considera que RCTV internacional ha cometido alguna infracción, lo que procede es abrir un procedimiento administrativo al canal, dándole la oportunidad a RCTV internacional de ejercer su derecho a la defensa, como lo ordena y garantiza la Constitución. Sin seguir el procedimiento legal correspondiente, CONATEL no tiene potestad alguna para dar esa orden a los servicios de difusión por suscripción.

Así, el gobierno los presiona indebidamente para que tomen decisiones ajenas a sus responsabilidades, con el propósito de enturbiar las relaciones entre esas empresas y sus suscriptores. De esta manera, el gobierno no asume su responsabilidad, escudándose de manera reprochable en los servicios de televisión por suscripción, violando así nuevamente la Constitución y la ley.