Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, jueves 17 junio 2021
Censura es censura, provenga de un gobernante, de la Fiscalía o de un juez. No soy abogado, así que no sé si es apegada a ley o no la orden que dio el juez de Santa Ana a la revista digital Factum de retirar de su página Web una nota sobre el caso de Chalchuapa. No me corresponde decidirlo.
Lo que sí me corresponde decir como periodista es que la justicia, para ser creíble y confiable, no puede ir contra la razón y la lógica. Lo que el juez y todos los que defienden su resolución no entienden es que una voz algo es publicado, es de dominio público y es irreal pensar que se pueda “despublicar”, por más que un juez lo ordene.
¿Qué hubiera hecho el juez si la nota hubiera salido en un periódico impreso? ¿Hubiera ordenado que se le entreguen todos los ejemplares remanentes? ¿Hubiera ordenado a los salvadoreños no leer esta nota y no pasar este periódico a nadie más? Obviamente no se podría.
En el mundo digital, técnicamente se puede borrar una nota, tanto en un periódico digital como en un blog, incluso en las redes sociales. Pero es iluso pensar que de esta manera el contenido desaparece. Por lo contrario. se multiplica y se hace viral en el momento que hay un acto de censura. Hace muchos años, a mí me querían despublicar una nota, no por decisión de un juez, sino por decisión del director del medio. Mandó a borrar la nota de su página WEB, con el resultado que se convirtió en la nota más leída y más discutida. ¿Cómo? Porque volvió a aparecer en otros sitios, igual como ahora pasa a la nota censurada de Factum. Lo publicado no se puede despublicar. Hoy, en la era de las redes sociales, mucho menos que hace 15 años que trataron de despublicar mi columna.
Los jueces deberían entender esto y sacar la conclusión que, aunque tal vez una ley les faculta ordenar que algo se despublique, no tiene sentido práctico hacerlo.
Hay otra razón que el juez no tomó en cuenta: En un caso como el de Chalchuapa, en el cual Policía, Fiscalía, Ministerio de Seguridad y Gobierno manipulan la información, sin permitir que nadie tenga acceso a los hechos y pueda contrarrestar las versiones oficiales, existe un claro interés y derecho público de saber qué pasó. Tenemos derecho de saber por qué la PNC no actuó a tiempo; cuántos cuerpos están enterrados en las fosas clandestinas; cuál ha sido la relación del culpable principal, un ex policía, con otros miembros de cuerpos de seguridad o militares; y cómo se desarrollan las exhumaciones e investigaciones.
¿De repente, las desapariciones ya no son tema de pandillas, sino de exsoldados y expolicías y quieren mantener secreto el caso? No, señores.
En este tipo de casos, con un claro y legítimo interés público de saber la verdad, el juez tal vez puede aplicar la ley contra quienes han filtrado la información, desde el interior de las instituciones de investigación. Tal vez. Pero de ninguna manera pueden censurar o sancionar al periodista y su medio. Como periodistas recibimos información de muchas fuentes, y nunca nos pueden obligar a revelarlas. Tampoco pueden obligarnos a no publicar la información recibida.
Si no fuera así la lógica jurídica, nunca el New York Times no hubiera podido publicar los Vietnam Papers y exponer los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. Tampoco el Washington Post hubiera podido publicar sobre el caso Watergate. En ambos casos (y muchos otros) fue el derecho del público de saber la verdad lo que permitió a los periódicos publicar documentos filtrados. Y a nadie se le ocurrió sancionarlos.
Así que por favor, que ningún periodista o medio se deje intimidar y se abstenga de publicar lo que necesitamos saber.
Saludos,
