 |
| Hospital General del Seguro Social |
Publicado en MAS! y EL DIARIO DE HOY, sábado 29 agosto 2020
Los que tenemos el privilegio de tener un trabajo formal, somos los dueños del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en partes iguales con las empresas que nos emplean, porque esta institución la financiamos entre los dos. Nosotros financiamos al ISSS mes a mes con la cuota que nos retienen del salario (3%) y la cuota que adicionalmente pone la patronal (7.5% del monto de nuestro salario). Si alguien gana $1,000, unos $30 de nuestro salario van al Seguro Social, y el patrón tiene que pagar otros $75. Con la suma de todas nuestras cotizaciones vive el Seguro Social, con sus hospitales, su personal, sus servicios de consulta atención médica. No vive de los impuestos de toda la población que maneja el gobierno.
Entonces, hay que preguntarse:
• ¿Por qué el ISSS es administrado por el gobierno, y no por autoridades nombradas por sus verdaderos dueños?
• ¿Por qué el director general del ISSS y su vice son nombrados por el presidente de la República, sin consultar a nadie, como si se tratara de un nombramiento político-partidario?
• ¿Por qué el gobierno puede incluso disponer de fondos del Seguro Social para fines ajenos a la institución y sus cotizantes? El actual gobierno se sirvió $25 millones, de la caja del ISSS y además lo obligó a financiar el equipamiento de su Hospital CIFCO.
• ¿Por qué llaman “beneficiarios” a los que financiamos el Seguro Social, como si el Estado o el gobierno nos estuviera dando algún beneficio?
Siempre he argumentado que ciertas entidades públicas (y el ISSS es y siempre será una entidad pública), que tradicionalmente han estado bajo el control de los gobiernos de turno, deberían tener un régimen real de autonomía. El ejemplo clásico es la Universidad de El Salvador, que es pública y estatal, pero goza de un régimen legal que garantiza su absoluta independencia del gobierno. Sería impensable que el rector de la universidad fuera nombrado por el presidente de la República.
Aparte de la Universidad de El Salvador, de este mismo régimen de autogobierno en independencia del gobierno de turno debería gozar el Seguro Social y otras instituciones como la televisión y la radio pública. Les hago una pregunta: ¿El alto grado de autonomía y autogobierno que tiene la UES la convierte en universidad privada? Obviamente que no. Sigue siendo pública. Sirve mejor a la sociedad que una universidad bajo el gobierno de turno.
Público no es lo mismo que gubernamental. Dar al Seguro Social el carácter público-autónomo, bajo el control de quienes lo financiamos y que somos sus usuarios, no tiene absolutamente nada de privatización.
La reforma a la Ley del Seguro Social ahora en discusión en la Asamblea, no tiene nada de privatización. Privatización sería vender los hospitales del Seguro Social a un consorcio privado para que los explote para maximizar ganancias privadas. Nadie está pensando en una locura de este tipo.
Se proponen dos cosas en la reforma: que los cupos que la patronal tiene reservados en el Consejo Directivo, la máxima autoridad de s ISSS, sean “elegidos por la entidad más representativa de los empleadores”, que sin duda es la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP; y que sea el Consejo Directivo y no el presidente de la República que nombre al director general del Seguro Social y su vice.
Es una reforma muy moderada y nada radical. No cambia la correlación de fuerzas en el Consejo Directivo entre representantes de los trabajadores, de los empleadores, de la sociedad civil y del gobierno. Quienes denuncian que con esta reforma se pretende privatizar al Seguro Social solo quieren mantener el control del gobierno sobre la autónoma, para seguirla utilizando para sus fines políticos y financieros.
El fantasma de la privatización, en el caso del Seguro Social es irreal. No así el fantasma del abuso del poder ejecutivo. Este sí es real.
Saludos,
