Carta a la conciencia nacional: Apostemos a la reconciliación

Howard Cotto apareció en televisión confirmando que la PNC ha recibido ordenes de captura contra los exguerilleros que en 1991 dieron muerte a 3 asesores militares norteamericanos, luego de haber derribado su helicóptero militar en el municipio de Lolotique. El director de la PNC y también exguerrillero dijo que no se sabía los nombres de los imputados, porque “no eran figuras conocidas en la opinión pública”.

Bueno, comisionado: Como se trata de excompañeros y amigos míos, te voy a decir quiénes son: Se llaman Fernán Hernández “Aparicio” y Severiano Fuentes “Porfirio” y han sido destacados combatientes en la lucha que te ha catapultado a tu cargo en la PNC – que yo sepa, más destacados que vos.

Y encima del sacrificio de pelear en la guerra, ellos han hecho otro que ningún otro comandante o combatiente ha sido capaz de hacer: Luego de la firma de la paz, se presentaron voluntariamente a la justicia. No querían que el controversial caso del helicóptero norteamericano que derribaron, y de la muerte que dieron a dos sobrevivientes, se convirtiera en obstáculo para el complicado y frágil proceso de implementación de los Acuerdos de Paz.

“Porfirio” y “Aparicio” tuvieron la hombría de asumir su responsabilidad. Ante el juez se hicieron cargo de haber derribado la nave, y de haber dado “tiros de gracia” a los dos militares norteamericanos sobrevivientes, pero mal heridos. El tercero había muerto en la caída del helicóptero. Asumieron su condena e ingresaron al penal de Mariona.

Luego fueron sobreseídos, en cumplimiento de la Ley de Amnistía, y salieron libres. Ahora, al haber declarado la Sala de lo Constitucional inconstitucional esta amnistía, los andan buscando para que 25 años después cumplan su condena. Por esto las órdenes de captura que emitió la fiscalía, cuyo titular tampoco se molestó en darles el beneficio de mencionarlos con sus nombres y explicar las circunstancias.

Estos dos hombres, tratados por el director de la PNC y el fiscal general como unos fulanos anónimos que no vale la pena identificar por su nombre y su trágica historia, al ser capturados pagarán el costo de la suspensión de la amnistía – y de la negligencia de la Presidencia de la República y de la Asamblea Legislativa. Ambos no han cumplido con la sentencia de Sala que les mandaba generar una Ley de Reconciliación Nacional que buscara soluciones a este tipo de casos, sobre todo los que no son de “crímenes de lesa humanidad.”

Precisamente este semana, en una audiencia de seguimiento convocada por la Sala, se hizo evidente que ni en Casa Presidencial ni en la Asamblea se está trabajando en esta legislación indispensable para no dejar un vacío legal y ético luego de la suspensión de la amnistía. Simplemente nadie ha hecho caso a esta parte de la sentencia.

En este vacío legal, del cual nadie se hace responsable, están cayendo las vidas de “Porfirio” y “Aparicio” y sus familias.

Están en la misma situación que el coronel Benavides, quien fue condenado en el caso del asesinato de los jesuitas, luego amnistiado, y luego de la sentencia de la Sala recapturado para cumplir su condena. Pero en este caso, la UCA y los jesuitas han solicitado al Estado que le conmuten la condena y lo pongan en libertad. Una iniciativa valiente y profundamente humana.

Lo mismo hay que exigir en el caso de “Porfirio” y “Aparicio”. Igual que el coronel Benavides no constituyen ningún peligro para la sociedad. Presentándose en 1992 voluntariamente, han mostrado que para ellos la paz tenía prioridad sobre sus intereses personales. Espero que los jesuitas, el Cardenal Rosa Chávez y la ciudadanía respalden la solicitud de reducir su condena y concederles libertad.

Saludos,
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(MAS! / El Diario de Hoy)

 

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