Carta a la nueva procuradora de defensa de los Derechos Humanos: Arrancó mal

Estimada licenciada Raquel Caballero:
Dicen que a los nuevos funcionarios públicos hay que observarlos en los primeros días en su cargo, y que sus primeros pasos determinan cómo va a ser su gestión. Bueno, la he observado durante su primera semana, y tengo que decirle: Arrancó mal.

Llaman la atención dos decisiones que tomó al sólo llegar: Primero, despidió a varios de los procuradores adjuntos, sin el debido proceso, y sin ni siquiera pedirles informes y rendición de cuentas y planes de trabajo. Esto es lo que en El Salvador es mala tradición de los alcaldes y ministros que asumen sus cargos; y cada vez que pasó, fue la PDDH que tuvo que intervenir para mediar y para proteger los derechos de los empleados públicos despedidos. Con mucha razón, porque la misión central de la PDDH es proteger a los ciudadanos contra abusos del Estado. ¿Y adónde van a acudir los despedidos en la procudaruría? ¿A usted?

Raquel Caballero de Guevara, nueva titular de la PDDH

Segunda acción suya: Su propuesta de una reforma constitucional para cambiarle el nombre de su institución: Quiere que se convierta en la ‘Defensoría del Pueblo’. Bueno, los nombres de las instituciones quizás no parecen tan importantes, pero cuando una titular, al asumir su cargo, pone en el centro de su primera semana el cambio del nombre de su institución, lo que quiere es cambiar su rumbo. Esto se hizo evidente cuando usted dio un par de entrevistas para explicar esta ocurrencia. Dijo que la PDDH nació en contexto de la transición de guerra a paz, resultado de los Acuerdos de Paz y de la triste historia de sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado y sus aparatos de seguridad nacional y seguridad pública. La PDDH nació como garante que esto ya no iba a pasar en la postguerra. Hasta ahí, muy bien, procuradora. Pero después usted argumenta: Esta misión ya está cumplida, ya no es el Estado que atenta contra los derechos humanos de sus ciudadanos, por tanto la defensa de los derechos humanos, que siempre es frente al Estado, ya no puede ser el enfoque de la institución.

Es una afirmación atrevida y peligrosa. Y falsa, además. Que esto digan los funcionarios del Ejecutivo, en especial de la rama de seguridad pública, no extraña. ¿Pero la Procuradora de Defensa de los Derechos Humanos? ¿Acaso usted no se ha dado cuenta que la PNC, la dirección de Centro Penales y, en menor escala, la Fuerza Armada todos los días están cometiendo abusos, algunos tan serios como ejecuciones extrajudiciales? ¿Acaso usted no se ha dado cuenta que la Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucional las condiciones de detención en las bartolinas de la PNC y en los penales, ordenando a todas las instituciones del Estado a vigilar y resolver esta situación violatoria a los Derechos Humanos? ¿Acaso usted no se enteró que a partir de las medidas extraordinarias esta situación se ha empeorado aún más? ¿Acaso no sabe que las autoridades de Seguridad, en contra de la orden explícita de la Sala, no han permito al ministerio de Salud ni a la Cruz Roja Internacional que entren a los penales para verificar la situación y proponer soluciones?

Y en esta situación, que muchos no quieren tematizar por la presión de una opinión pública distorsionada, sale usted para decir que está a favor de las medidas extraordinarias; que usted va a trabajar por las víctimas y no por los victimarios; y que aquí superamos la situación histórica donde se necesitan instituciones que velen por los derechos de los ciudadanos frente al Estado.

Usted no ha sido electa funcionaria de seguridad pública, sino de derechos humanos. Para la PDDH, víctimas son todos los que están sujetos a abusos del Estado. Usted quiere presidir una ‘Defensoría del Pueblo’, con un mandato difuso, cuando la Constitución le demanda específicamente intervenir siempre cuando el derecho de un individuo o un grupo está siendo violado por el Estado.

Usted dirige la institución que tiene que velar por todos, y esto incluye a los victimarios, una vez que están en manos de la Policía, de la Fiscalía, de los juzgados o del sistema penitenciario. ¿Acaso no sabe usted que de los 35 mil privados de libertad en bartolinas y penales una tercera parte no ha sido condenada sino que está esperando sus juicios? Sin embargo, igual son sujetos a las condiciones que dictan las medidas extraordinarias…

Mejor no pierda tiempo queriendo cambiar el nombre, y de contrabando la misión constitucional de la PDDH, y comience a trabajar, con independencia, no solo del gobierno y de la FGR, sino también de la opinión pública. La PDDH no es para hacerse popular, sino para hacer su trabajo de correctivo, aunque sea impopular.

Hoy es cuando más necesitamos una defensora de Derechos Humanos. Saludos,


                                                                                       

(MAS/El Diario de Hoy)