Carta a los diputados: Cuidado, trampa cazabobos

Dirijo esta carta a todos los diputados, ya que ustedes, en los próximos días, tendrán que autorizar o rechazar el plan del gobierno de decretar un régimen de excepción, supuestamente para mejorar su capacidad de combatir a las pandillas. Pero muy en particular esta carta va a aquellos diputados de la oposición, quienes inmediatamente, sin discusión, sin ni siquiera conocer una solicitud del gobierno, ofrecieron sus votos para establecer en El Salvador nuevamente el estado de excepción que tuvimos durante toda la guerra de los 80.

Entre los 84 diputados hay muchos que por su participación en la guerra, de uno y del otro bando, saben perfectamente que incluso durante la guerra, el estado de excepción muy poco sirvió a la Fuerza Armada para vencer a la guerrilla y que, más bien, sirvió para la sistemática represión de los derechos civiles de toda la nación, facilitando prácticas de tortura, censura y represión de organizaciones sindicales, de estudiantes y de campesinos. Sería interesante que en los pasillos de la Asamblea hubieran pláticas bilaterales entre el ex general Mauricio Vargas y el ex comandante “Milton” Medardo González. Siendo honestos, coincidirían con que el permanente Estado de
Excepción, prolongado cada rato por la Asamblea, no sirvió para nada bueno.

Aun así, ahora me encuentro con la absurda vuelta de la historia que ambos, Vargas y Medardo, quieren implementar nuevamente un Estado de Excepción, esta vez en una guerra contra las pandillas. Con Rodrigo Ávila, Norman Quijano y otros apoyando a un feliz Guillermo Gallegos, quien tiene años de estar proponiendo cosas como la pena de muerte y un régimen de excepción. Por suerte, y para salvar el honor de su partido, también hubo dirigentes y diputados que inmediatamente dijeron no a la intención del FMLN de implementar un estado de emergencia.

Manuel Hinds comprueba en su columna en esta misma edición que ninguna de las garantías constitucionales que un decreto de régimen de excepción suspendería ha sido obstáculo para reducir la violencia, ni para combatir a las pandillas. Por tanto: Ninguna de las facultades extraordinarias, que el régimen de excepción puede dar al gobierno,  sirve para evitar masacres como la de Opico, donde se supone (pero tampoco comprueba) que los responsables fueron pandilleros. Mucho menos para prevenir masacres como la de San Blas y otras, donde los responsables fueron agentes del Estado.
Sería realmente interesante ver si en la Asamblea hay 43 diputados dispuestos de dar al gobierno el poder de suspender garantías constitucionales, aunque nadie puede explicar en qué va a favorecer a los salvadoreños que quieren que termine la epidemia de violencia. Más aun, sería interesante ver cuántos diputados opositores estarían dispuestos a dar sus votos para que con 63 votos (mayoría de tres cuartos) se apruebe la suspensión por 14 días de todos los derechos que protegen a los detenidos. Como dice Manuel Hinds: Esto abre la puerta al fantasma de la tortura.

El presidente, hasta ahora, no ha hecho una solicitud formal. Solo ha dicho a los presidentes de la Asamblea y la Corte Suprema y al fiscal general que está considerando un decreto de emergencia haciendo uso de los artículos 29-31 de la Constitución.

El FMLN, desde su historia guerrillera, siempre ha sido experto en trampas cazabobos. Y esta le funcionó perfectamente: El FMLN sólo menciona el régimen de excepción como una posibilidad, y sólo se pone a esperar hasta que desde la oposición salgan las voces de quienes piensan que tienen que ganarle al FMLN en los terrenos de populismo y mano dura. Y cabal: Los tres areneros de la Comisión de Seguridad se suman al grito de guerra de Gallegos y exigen al gobierno que decrete el régimen de excepción. Bueno, dirá el presidente, si hasta la oposición me lo pide…

Todavía hay tiempo para analizar y recapacitar. La Asamblea, sobre todo la oposición en ella, tienen la función de defender la institucionalidad y el Estado de Derecho contra cualquier intención autoritaria de limitar nuestras libertades y garantías constitucionales.

La Asamblea no tiene porque avalar un estado de excepción. Si el gobierno realmente lo quiere, tiene derecho de decretarlo en el Consejo de ministros, menos las garantías que los artículos 12 y 13 dan a los detenidos.

Su ineptitud lleva al gobierno a proponer dos medidas de excepcionalidad: expropiar los fondos de pensiones, para salir de su crisis fiscal; y un régimen de excepción para crear la ilusión que están haciendo lo necesario para combatir el crimen. La batalla política es sobre quien va a asumir la responsabilidad y el costo político para estas locuras. El gobierno quiere que entre todos lo asumamos. Aceptarlo sería suicidio político.

Saludos,

e2b99-firma-paoloVea también sobre el tema:
Estado de excepción. De Manuel Hinds
Medidas Extraordinarias… De Luis Mario Rodríguez

 (Mas!/El Diario de Hoy)