¿De qué terremoto estaba hablando el entrevistador del Canal 33, Sergio Méndez, el martes pasado? De una sentencia de la Sala de lo Constitucional, publicada este mismo día, que no hace otra cosa que constatar que mientras el Tribunal Suprema Electoral no termine el escrutinio para los diputados en el departamento de San Salvador, no existen diputados electos para este departamento. La única conclusión lógica posible: Mientras no sabemos quiénes serán los 24 diputados que representarán San Salvador, porque aún no hay escrutinio válido, nadie podrá asumir el cargo de diputado de este departamento. Y como el Tribunal Supremo Electoral ha hecho todo lo posible para que el nuevo escrutinio de San Salvador, que la Sala le había ordenado efectuar, no terminara a tiempo para la inauguración de la nueva Asamblea 2015-2018, este viernes 1 de mayo no podrán asumir sus cargos los 24 diputados que corresponden a San Salvador. Así de simple. Así de lógico.
¿Y esto es un "terremoto político", como lo califica el imitador de Ismael Cala? ¿Y esto es un "golpe de estado", como lo califica el presidente de la Asamblea saliente y dirigente del FMLN, Sigfrido Reyes, quien por suerte el 1 de mayo va a su casa (o al exilio dorado en la embajada en Moscú)?
Terremoto o intento de golpe de Estado sería si el 1 de mayo tomasen posesión, con toda la pompa, 24 candidatos cuyos votos todavía están siendo contados. O si la Sala no hubiera intervenido en el intento del Consejo Nacional de la Judicatura de amañar la selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema (vea abajo).
Hay 24 ciudadanos que disponen de pedazos de papel otorgados por el TSE, que los acreditan como diputados electos, y algunos de ellos reclaman que estas credenciales les dan el derecho de sentarse el 1 de mayo en la Asamblea, o incluso de postularse como directivos del nuevo Legislativo, esté terminado o no el recuento de votos. Pero son credenciales que el TSE otorgó en base de un "escrutinio final" que, en el caso del departamento de San Salvador, fue declarado sin lugar por la Sala, porque a todas luces no representaba fielmente la voluntad popular. Obviamente, con la sentencia de la Sala que ordenaba volver a contar todos los votos del departamento de San Salvador, estas 24 credenciales (más las de 24 suplentes), 24 de estas credenciales perdieron validez. Es cierto, la mayoría de estos 24 portadores de credenciales caducadas al fin saldrán confirmados como diputados, si es que el TSE en algún momento presenta los verdaderos resultados. Pero con el 18% de los votos recontados al momento de escribir estas líneas, ya es evidente que teníamos toda la razón de exigir que se abran las urnas. Ya se detectaron miles de votos que no habían sido tomados en cuenta en el escrutinio que el TSE declaró "final". Por tanto, es bien posible que más que uno de los 24 candidatos en cuestión al final de esta historia podrán enmarcar sus credenciales de diputado electo y colgarlas en sus baños, como grato recuerdo de un episodio tragicómico, pero sin asumir como diputados.
La Sala no hizo otra cosa que aplicar la consecuencia lógica de su sentencia anterior, para evitar una crisis institucional, con una nueva Asamblea que elija como miembros de su directiva a personas cuya elección todavía está en disputa.
En cambio: La orden de la Sala que 24 escaños quedarán vacíos hasta que el último voto sea contado y el escrutinio se declare válido, no causa ninguna crisis institucional. La Asamblea se puede conformar con 60 diputados. Pueden posponer la elección de la junta directiva. Incluso si los 60 diputados, que el 1 de mayo asumen sus cargos, decidieran no legislar mientras la Asamblea no sea completa, el país no entra en crisis. Durante la reciente campaña electoral, el trabajo del órgano legislativo se paralizó durante semanas, y el país seguía funcionando como siempre…
La otra sentencia emitida por la Sala el pasado martes tampoco es más que la aplicación lógica de principios ya establecidos en otros casos. Así como la Sala sentenció en el caso de la Corte de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral, ahora declaró inconstitucional la elección del abogado Tito Edmundo Zelada como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, por su falta de independencia y su militancia partidaria. Y declaró improcedente la nominación, por parte de este Consejo, de 15 candidatos a magistrados, porque salieron de un procedimiento anteriormente declarado inconstitucional. Ninguna sorpresa, ningún terremoto, ningún golpe de Estado. Sólo la consecuente aplicación de la ley, la generación de seguridad jurídica, y la consolidación de la división de poderes.
(El Diario de Hoy)
