Incluso de lo factible, poco han querido hacer en 100 días

Es mentira que en 100 días un gobierno no puede lograr nada. Es cierto, no puede en 100 días resolver el problema de la inseguridad ni generar el crecimiento económico y las inversiones que necesita el país. Pero hay medidas que el gobierno y su presidente pueden tomar e implementar desde el primer día: medidas que no cuestan dinero, y que solo requieren tres cosas: voluntad, visión y valor.

Poner en subasta a buena parte de la flota de vehículos de lujo de la presidencia y los ministerios no cuesta dinero. Por lo contrario, genera ingresos y ahorra gastos. El gobierno de Sánchez Cerén no lo ha hecho, pero Luis Guillermo Solis, el presidente de Cota Rica que asumió el mando en mayo de este año, lo hizo en los primeras 100 días. También tomó la decisión de prohibir que en oficinas del gobierno se cuelguen fotos de él. Medida simbólica, pero de impacto positivo.

Tampoco le hubiera costado un cinco al gobierno salvadoreño, o sea a nosotros, si el nuevo gobierno del FMLN hubiera tomado la decisión de reducir el inflado aparato político, burocrático y propagandístico en Casa Presidencial que Funes les heredó. En 100 días se hubiera podido reducir a un mínimo racional y necesario el aparato de comunicación y propaganda concentrado en las secretarías conducidas por Hato Hasbún y Marcos Rodríguez.

En 100 días se hubiera podido mandar al carajo todos los parásitos incrustados en la Secretaría de Cultura. Se hubiera podido cortar el control que el partido, mediante su propia secretaría de cultura presidida por Lorena Peña está ejerciendo sobre la entidad estatal de cultura. La Secretaría de Cultura no necesita convertirse en ministerio, como es el plan del gobierno del FMLN, creando más burocracia y presupuesto. Lo que necesita es independencia del partido y del gobierno de turno, con un estatus de autonomía. Esta conversión no requiere de fondos adicionales, solo de voluntad y visión políticas. El gobierno Sánchez Cerén, en sus primeros 100 días, caminó en la dirección contraria.

Otra medida necesaria que se hubiera podido tomar, sin recursos adicionales, sin batallas legislativas, solo con valor, hubiera sido revisar y suspender el proyecto SITRAMSS. Pararlo hubiera resultado mucho menos costoso para el estado y dañino para la ciudad que continuar con un proyecto mal concebido que no resuelvo el transporte y además obstruye el tráfico.

En 100 días el gobierno del FMLN hubiera podido negociar con los médicos y trabajadores del sistema nacional de salud la evaluación y, al ser necesario, sustitución de directores y jefes incompetentes y que no gozan de la confianza y colaboración de los profesionales del sector. La gran mayoría de las demandas del sector salud no son económicas ni salariales, sino enfocan en una administración más racional y menos partidaria y corrupta de los recursos humanos y financieros. Nada de esto ha hecho el segundo gobierno del FMLN, aparte de apartar algunos amigos de Funes como el director del Seguro Social.

Tampoco el gobierno ha tenido la voluntad de poner a profesionales competentes en los puestos clave para la captación de inversiones. Por lo contrario, ha puesto en CEPA, CORSAIN, PROESA, y el Ministerio de Economía a personeros elegidos con criterios partidarios o de afinidad al proyecto empresarial del FMLN llamado ALBA.

Algunas medidas de esta categoría de decisiones, que solo dependen de la visión y la voluntad política y que por lógica se tienen tomar en los primeros días de un nuevo gobierno, de hecho se tomaron: se hizo al fin la convocatoria pública para licitar la concesión para operar el Puerto La Unión. Se cortaron los tentáculos de los amigos de Funes, Saca, Salume y Mecafé en el sector energético. Se lanzó una amnistía para fomentar que empresas pueden pagar la mora de impuestos sin tener que liquidar las multas e intereses acumulados. Pero más no se hizo. O se hizo al revés.

Y hay una medida que nos quieren vender como gesto de buena voluntad y de austeridad: la decisión del presidente de no ocupar la residencia presidencial. Me parece simpática esta decisión del presidente de quedarse en la Laico. Pero no implica ningún ahorro. Ahora se tiene que mantener y proteger dos residencias en vez de una. Y el uso que están dando los domingos a la residencia tampoco resuelve ningún problema de la población. Supuestamente abren la residencia “al pueblo”, pero obviamente no es así. Sus invitaciones “al pueblo” son selectivas y se convierten en actos de propaganda, lejos de constituir un servicio o un derecho a la población.

Resumen: incluso de lo factible, muy poco han querido hacer en 100 días.
(El Diario de Hoy)