Observador político: Cuidado con lo que pidan

Estoy cansado de escuchar que la solución a la crisis de la Corte Suprema es política. Dicen que no hay solución jurídica. Pero lo que realmente quieren decir es que no quieren aceptar la única solución posible: que todos aceptan acatar lo que la Constitución manda a cumplir: las sentencias de la Sala de lo Constitucional.


Todos los días leo llamados a buscar una “solución negociada”, normalmente dirigidos a los partidos políticos. Algunos incluso llegan a demandar negociaciones entre los órganos del estado enfrentados: Asamblea y Sala. Cuidado con lo que pidan.

Ahora el presidente de la República se unió a este coro: “La salida es política, porque el problema es político.” Así fundamenta su convocatoria a los partidos a llegar a Casa Presidencial para buscar una solución.

Los magistrados de la Sala están siendo criticados como intransigentes y arrogantes, incluso por sectores que rechazan el desacato y el intento de instalar una Corte paralela. Pero como jueces tienen toda la razón en decir que no tienen nada que negociar. ¿Qué van a negociar? ¿Las sentencias ya pronunciadas que declararon inconstitucionales las elecciones de magistrados del 2006 y del 2012? Obviamente es imposible. ¿O van a negociar las futuras sentencias, diciendo al FMLN, al presidente Funes, a Tony Saca y a Gana que no se preocupen, que no van a sacar ninguna sentencia que les toque sus intereses? Imposible. Si los magistrados de la Sala acceden a negociar, pierden su sentido de ser: su independencia.

Y los partidos, ¿qué quieren que negocien? ¿Qué tipo de “solución política” pueden pactar los partidos que no pase por la solución jurídica: el cumplimiento de las sentencias de la Sala? Ninguna. Sobre esto es precisamente el pleito, y es un buen pleito que vale la pena pelear: las sentencias y su cumplimiento no son negociables. Esto es el principio que unos están defendiendo y otros quieren erradicar. Así que no pidan a los que están defendiendo este principio que lo relativicen y erosionen. Ni a los magistrados, ni a los jueces y abogados que arriesgan sus carreras para defender este principio. Ni a los partidos políticos que en esta batalla han asumido la defensa del Estado de Derecho: Cambio Democrático y ARENA. Ni a la ciudadanía que se ha movilizado.

En el caso de ARENA: Al fin la presión interna y ciudadana ha logrado obligar a este partido a asumir una posición clara de defensa el principio de la independencia y separación de poderes, en vez de seguir negociando cuotas en las instituciones. Le ha costado a ARENA, dado sus propios pecados cometidos antes de limpiar la casa. Obviamente, es una posición que compromete a ARENA para el futuro y para sus futuros gobiernos. Se han fortalecido los sectores en ARENA que quieren aprovechar la salida de Saca, Gallegos, Gutiérrez Castro y Cia. del partido y la ruptura de sus viejas alianzas con el PCN y el PDC para comprometer su partido con el principio de la independencia de los poderes, erradicando de una vez por todo las viejas prácticas de manoseo y manipulación de las instituciones. Y en esta situación, cuando esto todavía es un compromiso frágil en ARENA, les piden que busquen una “solución política” a la crisis, cuando la única solución es la jurídica: imponer el cumplimiento de las sentencias. Sobre todo mientras la “solución política” huele a reparto de cuotas partidarias de poder en instituciones que deben ser no partidarias.

Hay sólo dos salidas a esta crisis que se generó por el desacato por parte de los 4 partidos que hacen mayoría en la Asamblea y por la actitud del ejecutivo. Y las dos son, en última instancia, jurídicas. Una es que la Corte de Managua desestime la demanda de Sigfrido Reyes, Rodolfo Parker, Guillermo Gallegos y Chico Merino. Si esto pasa (ya sea para no quedar totalmente aislada esta Corte de toda la comunidad jurídica de Centroamérica, o incluso a petición del FMLN que desesperadamente necesita una salida a la crisis que produjo), a la Asamblea no le queda otra que acatar las sentencias y proceder a la elección de los magistrados correspondientes a las generaciones del 2006 y del 2012. Una solución eminentemente jurídica.

La otra solución sería que el ejecutivo, empezando por el presidente de la República, abandone su posición equivocada e inconstitucional y comience a hacer lo que le toca: cumplir y hacer cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué significa esto? Dejar de tolerar y facilitar la usurpación de cargos en la Corte Suprema; poner a la fuerza pública en función de lo que las autoridades legítimas de la Corte Suprema soliciten para garantizar el orden dentro de las oficinas y el cumplimiento de las sentencias. Si para esto es necesario desalojar del edificio de la Corte Suprema a los 5 abogados cuya elección como magistrados fue declarada nula por la Sala, que se haga, con todo y cerrajero y sindicalistas que se arrogan tareas de seguridad.

Si el ejecutivo tomaría esta posición, así como ya la asumieron la mayoría de los colaboradores jurídicos y empleados administrativos de la Corte Suprema, la Fiscalía General, la Procuraduría de Derechos Humanos y una creciente cantidad de jueces y magistrados de cámara, la farsa de la instalación de una Corte paralela se cae. Esto tampoco sería una solución política ni negociada, sino una solución jurídica basada en el cumplimiento de la Constitución y de las sentencias de la Sala.

Son las únicas dos formas de solucionar la crisis. Ambas no comprometen los principios jurídicos mediante negociaciones entre órganos o entre partidos.

El problema político, y las negociaciones necesarias para resolverlo, vienen después, una vez superada la crisis y acatadas las sentencias, cuando a los partidos políticos les tocará ponerse de acuerdo para elegir a 10 magistrados, sus suplentes, y al nuevo fiscal general. Esta sí será la hora de las negociaciones, porque es por definición una tarea de la Asamblea, y como requiere de mayoría calificada, tarea de negociación entre los dos partidos grandes que son los únicos que juntos pueden alcanzar estos 56 votos.

Durante semanas existía una “solución política” factible, incluso una sin perdedores y vencedores, y sin violar ningún principio del Estado de Derecho: unos cediendo en su negativa de cumplir las sentencias y repetir las elecciones de magistrados; y los otros cediendo en su negativa de aceptar a los candidatos que resultaron nombrados en la negociación entre FMLN, GANA y CN en abril del 2012, en la cual no participó ARENA. Sin embargo,  luego de los acontecimientos ilegales del 16 de julio, con la instalación de una corte paralela, esta solución ya no existe. Don Ovidio Bonilla y Sigfrido Reyes desecharon esta salida. Ahora habrá que comenzar la elección de magistrados en una mesa limpia, regresando a la lista de 30 candidatos del 2012. Incluso no estoy seguro si los magistrados del 2006, por su complicidad en la conspiración de Sigfrido Reyes y Ovidio Bonilla, siguen siendo candidatos viables. La único forma de ponerse de acuerdo sobre la elección de magistrados es que el FMLN y ARENA acepten construir una lista de candidatos independientes, en vez de repartirse cuotas. Cualquier otra salida que plantee el presidente Funes a los partidos, habría que rechazar.
(El Diario de Hoy)

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