El lunes 2 de julio, supuestamente primer día hábil de la nueva Corte Suprema de Justicia, 10 señoras y señores se presentarán en la entrada al Palacio Judicial para asumir sus cargos como magistrados y suplentes. El presidente de la Corte, cuyo mandato como tal (¡por suerte!) espira hasta el 16 de julio 2012, habrá instruido al personal de seguridad de no dejarlos entrar: “Sorry, su elección ha sido declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional.” Ellos abrirán sus atachés de cuero, adquiridos para la ocasión, para sacar un documento firmado por unos magistrados que despachan en Managua: “Disculpen, aquí tenemos un amparo de la Corte Centroamericana que suspende la ejecución de la sentencia de la Sala. Esto nos faculta a asumir nuestros cargos.”
El personal de seguridad estará preparado y produce otro documento: “Sorry, damas y caballeros, esta medida cautelar otorgada por la Corte Centroamericana ha sido declarada inaplicable por la Sala de lo Constitucional. Aquí les facilitamos copia.”
Adentro de la Corte, 5 de las 15 lujosas oficinas de magistrados están desocupados. Son los despachos de los 5 magistrados cuyo mandato terminó el 30 de junio y que no pueden ser sustituidos mientras la Asamblea Legislativa no se disponga a elegir los nuevos inquilinos, cumpliendo la sentencia que declaró inconstitucional la elección de los personajes parados en el portón, quienes a esta altura están realizando tres llamadas telefónicas: la primera al honorable presidente de la Asamblea Legislativa, quien los instruye que no se desesperen, que “el primer órgano del Estado” ya resolverá la situación. La segunda llamada es al presidente de la Corte Centroamericana en Managua, quien dice que ya no halla qué hacer, que va a consultar con el presidente Ortega. Y la tercera llamada a Casa Presidencial, pidiendo hablar con el presidente de la República. Pero éste está atendiendo ya dos llamadas, una de Managua, del presidente Ortega, otra de otro presidente llamado Sigfrido, ambos insistiendo que el señor presidente instruya al ministro de Justicia y Seguridad que ordene a la PNC de hacerse presente en la Corte Suprema para asegurar a los señores en el portón su derecho de entrar y tomar cargo de sus oficinas de magistrados.
Este es el momento en que el presidente de la República tiene que romper su silencio de semanas y tomar una decisión. Pero primero consulta con sus asesores.
Mientras tanto, el grupo en el portón de la Corte Suprema aprovecha el tiempo para dar declaraciones a los medios, enchibolando a los reporteros con citas de la Constitución y de diferentes sentencias. Otros periodistas están en el edificio legislativo en frente, recogiendo declaraciones de diferentes diputados y directivos. Unos respaldan a los magistrados de la Sala, otros a los magistrados residentes en Managua, pero todos hablan de la defensa de la institucionalidad. Unos acusan a la directiva de la Asamblea de desacato, otros al presidente de la Corte Suprema, pero todos dicen defender el estado de derecho. Cuesta entender que están hablando de dos estados diferentes. Otro contingente está al acecho en Casa Presidencial, pero ahí nadie dice nada.
Dentro de la sede de la Corte, hay 10 magistrados. Cinco de ellos, los electos en el 2006, están discutiendo si mantienen su paro de labores en protesta contra la sentencia de la Sala que declaró inconstitucional su elección, pero a la vez les señaló que deben seguir ejerciendo y fallando hasta que la Asamblea Legislativa proceda a ratificarlos o sustituirlos. Ya llevan semanas sin trabajar. Sin embargo, a raíz de la medida cautelar pronunciada en Managua habían decidido reanudar sus labores. Pero hoy deciden, en solidaridad con sus colegas reunidos abajo en el portón, a reanudar su paro de labores. Hay un magistrado, electo en el 2009, que realmente no sabe qué hacer. Su elección no está en cuestión, pero tampoco tiene con quien trabajar, así que decide unirse a sus colegas huelgistas.
Solo los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y una suplente están trabajando. Discuten una de las demandas de inconstitucionalidad pendientes. Han dado instrucción que nadie los interrumpa con llamadas. A menos que sea el presidente de la República. Pero esta llamada no entra. Tampoco se apersona la policía en la Corte. Ni el ministro ni el director de la PNC ha recibido instrucciones del presidente de la República, así que explican a un furioso presidente de la Asamblea que no hay nada que pueden hacer....
¿Me dicen que esta es una historia increíble? Sí. ¿Que es una situación absurda? Sí. ¿Se preguntan cómo termina la historia? No sé, pregunten a los políticos.
(El Diario de Hoy)
