"El sistema democrático no solo colapsó por sus deficiencias innegables, sino también porque tenía tan pocos ciudadanos dispuestos a defenderlo. Esto no es el caso de Óscar Martínez, pero sí de muchos que tuvieron problemas para defender, con la fuerza que era necesaria, una democracia que no era ideal, igual que unos acuerdos de paz que no resolvieron el problema social del país."
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SIGUIENTE PÁGINA, miércoles 28 enero 2026
Lo que dice el autor de manera generalizada (que por cierto no corresponde a su trayectoria como periodista investigativo) es una repetición y validación de la tesis esencial de la propaganda de Nayib Bukele, que dice que la democracia nacida de las Acuerdos de Paz no trajo beneficios a la ciudadanía; que luego de los Acuerdos de Paz nunca hubo paz; y que tampoco hubo beneficios sociales y económicos para las mayorías, ya que todos los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, eran tan corruptos que no quedó dinero para la inversión social.
Decir que “desde la firma de los Acuerdos de Paz nunca hubo paz” es una ligereza, en especial en boca de un periodista y columnista de opinión tan respetado que le dan espacio en las páginas de opinión de medios internacionales. Es irresponsable. En su nota, que es un extracto de su nuevo libro llamado Bukele, el rey desnudo, Óscar Martínez hace una descripción exacta del carácter dictatorial del régimen Bukele. Impecable. Pero cuando habla de cómo y por qué el país cayó en esta situación, dice cosas que, en vez de desmontar, validan la narrativa falsa de Bukele.
Los que han vivido la represión de los años 70 y 80 saben valorar el hecho de que a partir de 1993 hubo no solo un acuerdo para eliminar de la vida política la represión, la violencia y la persecución, sino que este consenso social no dejaba espacio para el uso de la violencia para conquistar o preservar el poder. El veto absoluto de la violencia política no solo fue parte de los acuerdos firmados por los dos bandos de la guerra, sino que fue tan fuertemente anclado en la conciencia nacional que obligó a todos los actores políticos, policiales y militares a cumplir este mandato. Y de hecho, la violencia como instrumento de la política desapareció de la vida salvadoreña de manera casi total.
Lo mismo ocurrió con el uso de la justicia para la persecución política. Se convirtió en un tabú que nadie podía romper, al igual que la violencia política. No hubo presos políticos en El Salvador hasta que Bukele destruyó la independencia de la justicia.
Los gobiernos de turno, tanto de Arena como del Frente, no usaron su poder para perseguir a disidentes, periodistas, opositores o defensores de derechos humanos. La polarización política e ideológica quedó en ataques verbales sin trascender a la violencia física ni a la persecución penal. El que escribe estas líneas tuvo fuertes conflictos con presidentes, pero, aparte de la amenaza del entonces candidato Mauricio Funes de expulsarme del país, no hubo consecuencias. Incluso, el presidente Tony Saca y su ministro de Seguridad, René Figueroa, a quienes también había criticado fuertemente, me ayudaron a adqurir la ciudadanía salvadoreña. Incluso el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, expuesto a férrea crítica en los medios y en la sociedad civil, se abstuvo de cualquier forma de venganza o represión.
No estoy diciendo que entre 1993 y 2019 reinaba la paz en El Salvador. Pero es falso decir que no hubo nada de paz. La ausencia de violencia y persecución política es una importante expresión de paz, muy a pesar de la violencia que a finales de los años 90 comenzó a expandirse con el surgimiento de las pandillas, la guerra entre ellas, el establecimiento de su control criminal sobre muchas comunidades y las subsiguientes políticas de mano dura. La gravedad de esta nueva forma de violencia, que afectaba principalmente a los sectores marginados de la sociedad, ciertamente fue una disrupción de la paz – y no ha sido atendida por los gobiernos de manera adecuada. No establecieron las capacidades necesarias de investigación criminal y no adoptaron estrategias sistemáticas de inversión en un plan nacional de inclusión social, con intervenciones sostenidas en los barrios marginados y programas flexibles de reinserción de jóvenes en riesgo de ser absorbidos por las pandillas e incluso de los mismos mareros y sus familias.
La ausencia del Estado en los barrios afectados por la violencia es innegablemente un factor de erosión de la credibilidad de las instituciones democráticas, que el nuevo autoritarismo supo aprovechar.
Pero tampoco es verdad que en la democracia establecida a partir de 1993, debido a la corrupción, no hubo fondos para combatir la pobreza ni para mejorar la educación y la salud. Los índices sociales y económicos dicen otra cosa. La pobreza se redujo sustancialmente y se aumentaron los presupuestos en escuelas y hospitales, aunque no de manera suficiente y sin planes estratégicos consensuados entre los partidos y la sociedad civil.
Es innegable que hubo corrupción. Dos presidentes, Toni Saca de ARENA y Mauricio Funes del FMLN, establecieron esquemas institucionalizados de corrupción que, al ser revelados públicamente, erosionaron profundamente la credibilidad de ambos partidos – y, en consecuencia, de la democracia. Sin embargo, en el esclarecimiento de ambos casos de corrupción gubernamental, la justicia funcionó - y también el ejercicio controlador de los medios de comunicación, que operaron sin restricciones. Hay que decirlo, aunque parece que no es popular: no todos los gobiernos han sido en su esencia corruptos como los de Saca y Funes. Siempre existía corrupción, pero no siempre fue sistémica hasta que llegaran Tony Saca y Mauricio Funes.
Vivimos durante las décadas de la posguerra en una democracia naciente e imperfecta, con deficiencias, pero no en un país con total ausencia de democracia, paz, justicia y progreso social. Sentir lo contrario posiblemente hizo que muchos claudicaran en defender consecuentemente la democracia cuando Bukele comenzó a desarticularla. El sistema democrático no solo colapsó por sus deficiencias innegables, sino también porque tenía tan pocos ciudadanos dispuestos a defenderlo. Esto no es el caso de Óscar Martínez, pero sí de muchos que tuvieron problemas para defender, con la fuerza que era necesaria, una democracia que no era ideal, igual que unos acuerdos de paz que no resolvieron el problema social del país.
Tenemos que aprender a enfocarnos implacablemente en los errores cometidos, pero sin deslegitimar el sistema republicano establecido a raíz de los Acuerdos de Paz.
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