Columna transversal: #FueraOlivo

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, tiene que renunciar. Es inevitable, ya la ciudadanía lo exige en voz alta. No cumple el requisito de independencia establecido por la Sala de lo Constitucional, por su clara adhesión al FMLN. No cumple el requisito de competencia profesional, como evidenciado por el fiasco del escrutinio y de la transmisión de los resultados electorales. No cumple ni siquiera la ley: piensa que puede simplemente “suspender” la realización y divulgación del escrutinio preliminar que demanda el Código Electoral.


Pero no es suficiente que renuncie Olivo. Luego la Asamblea tiene la obligación de formar una Comisión Especial para investigar la inaceptable actuación del Tribunal. No solo para determinar responsabilidades y, si hay caso, destituir al resto de magistrados, sino sobre todo para tener elementos para una reforma al Código Electoral que garantice que las siguientes elecciones se realicen de mejor forma.

Respecto al colapso del escrutinio, ya está claro que la falla de origen es la negativa del TSE, sobre todo de Olivo, de volver a contratar a la empresa INDRA, que con transparencia y eficiencia ha manejado las últimas elecciones. El argumento que esta empresa española era demasiado cara y que el presupuesto asignado al TSE no permitía contratar sus servicios, es absurdo, por dos razones: Primero, como muchas veces, lo barato sale más caro. EL TSE decidió contratar, sin licitaciones y sin aplicar los mínimos filtros, a un sinfín de empresas – y cuando se dieron cuenta que esto no funcionaba, tuvieron que contratar, de emergencia, a otro montón de técnicos. Al fin esto saldrá más caro que haber enregado todo el paquete a INDRA.

La segunda razón: El TSE no tiene ninguna obligación de aceptar las limitaciones presupuestarias que quiere imponer el ministro de Hacienda. El Ejecutivo está constitucionalmente obligado a proveer los fondos necesarios para garantizar el debido desarrollo de las elecciones. Punto. Un presidente independiente del TSE no hubiera aceptado la imposición del Ejecutivo.

Por ahora, toda la crítica al TSE se concentra en el colapso del sistema informático que hizo imposible el escrutinio preliminar y que a esta altura todavía nos tiene sin datos oficiales sobre los resultados. Pero la negligencia del Tribunal comenzó mucho antes y es mucho más integral. Los magistrados y su institución TSE fallaron también en la organización y preparación de las elecciones. No realizaron a tiempo la campaña para orientar a los votantes de las nuevas modalidades de esta votación. No emitieron a tiempo los instructivos para los miembros de la Juntas Receptoras del Voto, que son los que realmente tienen que ejecutar la votación y el escrutinio en sus respectivas mesas. No capacitaron a los miembros y delegados de las Juntas Electorales Municipales. Había delegados que en vez de aclarar las dudas en las mesas, crearon más confusión. El TSE no creó las mínimas condiciones para que las JRV pudiesen con eficiencia cumplir sus funciones: En muchos locales, no hubo mesas para adecuar ordenadamente el montón de papeletas y actas a llenar. Las actas no servían: tuvieron 16 copias, y era imposible llenarlas de manera que todas las copias fueran legibles. El conjunto de estas fallas llevó a una situación caótica en el escrutinio de las mesas, o incluso en la misma votación. Muchas actas, por esta negligencia del TSE, fueron mal elaboradas, lo que complicará aun más el escrutinio final.

No es suficiente que renuncien o sean sustituidos el presidente y los magistrados del TSE. Desde ya hay que hacer cambios en el procedimiento. Hay que normar la acreditación de los vigilantes. No podemos seguir permitiendo que los partidos traigan miles de vigilantes de otros municipios. No puede ser que residentes de Soyapango voten por el alcalde de San Salvador. Los credenciales de los vigilantes deben ser emitidos, a solicitud de los partidos, por el TSE, así como se procede con los integrantes de las JRV. Es la única forma para evitar los fraudes masivos detectados, por ejemplo en la Concha Viuda de Escalón, donde se presentaron (y votaron fraudulentamente) “vigilantes” con credenciales falsos. Las JRV no tienen capacidad de comprobar la autenticidad de los credenciales emitidos por los partidos.

Las JRV hay que componerlos de otra manera, para garantizar que todos sus integrantes estén debidamente capacitados. Es indispensable tener en cada JRV un delegado neutral, capacitado por el TSE, que puede orientar la labor de la mesa y garantizar que las actas se llenen correctamente. Estos delgados deberían sacarse de listados presentados por los gremios profesionales.

Una vez se haya limpiado el caos creado por la incapacidad y negligencia del actual Tribunal, la Asamblea debe ponerse de acuerdo sobre cómo completar la reforma electoral impulsada hasta ahora por la Sala de lo Constitucional. Urge una depuración del padrón. Urge la constitución de un Instituto Electoral que organiza las elecciones, y de un Tribunal que funciona como una corte electoral. Y urge la creación de distritos electorales, donde tres o cuatro diputados representen una población determinada, comparable a los departamentos pequeños como Morazán o Cabañas. Es imposible ejercer con eficiencia el voto por cara y cruzado en planillas de 24 o 10 candidatos por partido, que para la mayoría de los votantes son desconocidos y a los cuales nunca pueden pedir rendición de cuentas.
(El Diario de Hoy)




1 comentario:

Ricky Pilonchi dijo...

No dejemos que renuncien, hay que DESTITUIRLOS y los procesamos penalmente por poner en riesgo la frágil democracia de este país, ya que este tipo de eventos se prestan a la especulación y a la manipulación, que ojala no se vaya a convertir en fraude