A los que tenemos la tendencia a dudar (y no conceder con facilidad el beneficio de la duda), ya nos pareció sospechoso el tortuoso proceso de ‘consultas’ que el presidente y su gabinete de seguridad pusieron en escena durante una semana completa. Hablando con varios de los convidados, se confirmó que no fueron consultas, sino presentaciones publicitarias: un día a los empresarios, otro día a los alcaldes, luego a los jueces, después al ‘movimiento social’, finalmente a los diplomáticos...
Ahora resulta que el Fiscal General de la República, a quien la Constitución pone al frente de la investigación y persecución penal, no ha tenido ninguna vela en este entierro. El jefe de la fiscalía ha sido ‘consultado’ como cualquier periodista, cualquier alcalde o cualquier dirigente de una organización de homosexuales que representa frente al ‘gobierno de la unidad nacional’ al ‘movimiento social’...
Era obvio que todas estas reuniones, por muy largas que hayan sido, no eran para consultar, mucho menos para “construir colectivamente una política del Estado”, como nos trata de vender el ministro Melgar. Estas asambleas eran para que nos cuenten. Lo que no es muy cortés, pero talvez no es tan grave, en el caso del alcalde de la isla de Meanguera o del director de una ONG de Medio Ambiente. Pero sí en el caso del Fiscal General de la República es muestra de una gravísima falta de voluntad (o capacidad) de “construir colectivamente.”
Si ahora nos cuenta el Fiscal General que su institución no ha participado en la elaboración del Plan de Seguridad, y que incluso hasta la fecha no lo conoce en su totalidad, significa que no hay plan. Así de simple. Por lo menos no hay plan que sea ‘integral’, ni mucho menos ‘del Estado’. Sospecho que todo lo que hay es un plan mediático.
Un plan es una cosa puesta en papel que explica qué se va a hacer, con qué objetivos, con qué fondos, con qué métodos, con qué plazos, bajo la responsabilidad de quién y con qué mecanismos de control y evaluación.
Un plan de este tipo, para volverse ‘del Estado’, tiene que ser resultado de un esfuerzo conjunto de las diferentes instituciones del Estado competentes. Si son instituciones independientes del poder ejecutivo, como la fiscalía y el órgano jurídico, no es suficiente que les cuenten, tienen que consensuar con ellos.
En este caso, a todos les han contado, y ni siquiera todo el cuento. Cuesta imaginarse que el Fiscal General de la República, a esta altura, no tenga el plan completo en sus manos. Sólo hay dos explicaciones: O no confían de una institución y su titular que no está bajo control del ejecutivo, o no hay plan que resista una revisión por parte del Fiscal General. Ni siquiera un plan parcial del ejecutivo.
(El Diario de Hoy)
