Carta a todos: Capres, Sala, Asamblea, comunidad jurídica, medios, sobre el reciclaje de funcionarios cuestionados

Hay puntos donde duele que los toquen. Pocos lo hacen. A veces El Faro, pero nadie le hace caso. A veces el Procurador de Defensa de Derechos Humanos, pero tampoco nadie le hace caso. Es más, lo quieren sustituir, aunque es su rol poner el dedo donde duele…

Pero esta misiva no es sobre David Morales (queda pendiente para otra ocasión), sino sobre otro funcionario que, según la ley, tiene el deber de “controlar y fiscalizar” al gobierno, en este caso “las actuaciones de los servicios operativos y de gestión de la Policía, con especial observancia al respeto de los derechos humanos”. Y no lo hace. Estamos hablando del Inspector General de Seguridad Pública. Es un señor llamado Tito Edmundo Zelada.

Como ya reiteró hasta la saciedad la Sala de lo Constitucional, para este tipo de cargos de controlaría hay que escoger a profesionales independientes. Uno no tiene que ser constitucionalista para entender esto, basta la razón común.

Tito Zelada, Inspector General de Seguridad
Al Inspector General de Seguridad Pública lo nombra el presidente de la República. Y nombró a un hombre con antecedentes: la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional su nombramiento como Presidente del Consejo Nacional de Judicatura, precisamente por falta de independencia. La Asamblea Legislativa había elegido como presidente de este organismo, que tiene que controlar el desempeño de los jueces, a un soldado del partido gobernante. Como el presidente y su partido no comparten este criterio de la Sala (por lo contrario, lo denuncian como “golpistas”), no dudaron en reciclarlo inmediatamente. Y necios como son, no lo ponen adonde caben militantes: en el partido. No, lo ponen donde no caben: como Inspector General de Seguridad Pública.

Ahora publica El Faro que este Inspector, en vez de investigar y erradicar acciones ilegales de la policía, las encubre. Tanto la prensa como la Procuraduría de DDHH han establecido en sus investigaciones que personal de la PNC ha cometido por lo menos dos masacres, con ejecuciones extralegales (casos finca San Blas y cantón Pajales de Panchimalco). Yo diría: muchos casos más. La instancia que por oficio (y por decencia) tiene que investigar este tipo de casos, la Inspectoría General bajo el mando Tito Zelada, no hizo ninguna investigación, pero sí llegó a una conclusión: “Fíjese que nuestra información no arroja eso (ejecuciones extralegales)”, dijo al Faro Tito Zelada.

Cito al Faro: “Cuando este periódico preguntó si los agentes que participaron en el operativo (de San Blas), en marzo de 2015, estaban sancionados, Zelada respondió: ‘Por supuesto que no’. Una respuesta similar a la que brindó, cuando todavía era director de la PNC, el actual ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.” Claro, ambos son compañeros del partido que conduce la seguridad pública. Su respuesta es lógica: Por supuesto que no hay investigación, mucho menos sanción. Uno ordena los abusos de autoridad, y el otro se encarga de encubrirlos. Disciplina partidaria, lo llaman…
David Morales, Procurador de DDHH

El único funcionario público que, aunque lo acusen de lo contrario, ha mostrado criterios de independencia, es David Morales, el Procurador de DDHH al punto de no reelegirse: “Las instituciones de seguridad no han garantizado una investigación seria y efectiva, y han ignorado información relevante o cometido negligencias graves, tanto en San Blas como en Panchimalco.”
Pero ya nos acostumbramos a no hacer caso a los que ponen el dedo donde duele.

Ojala que alguien presente ante la Sala una demanda contra el nombramiento de un compañero de viaje del partido FMLN en la Inspectoría General de Seguridad Pública.

Ojala que de esta manera salgamos de la maña descarada de reciclar a funcionarios cuestionados.

Ojala que los medios asuman aun más el vacío que dejan las instancias constitucionales de controlaría.

Saludos,
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 (MAS!/El Diario de Hoy)