Es una vergüenza: El alcalde Norman Quijano tuvo que ir a la Asamblea Legislativa para explicar y justificar su política de recuperar el espacio público usurpado ilegalmente por vendedores que han instalado en las plazas, aceras y calles sus negocios.
Otra vez, el mundo al revés: En vez de ofrecer al alcalde el apoyo parlamentario en su decisión de poner fin a años de inoperancia y tolerancia o complicidad con la ilegalidad por parte de los gobiernos metropolitanos, algunos legisladores lo quieren obligar a rendirse ante el chantaje de los vendedores y del crimen organizado que tiene su caldo cultivo en el caos urbano que generan.
La Asamblea, en vez de complicarle el trabajo a los alcaldes que sí quieren recuperar los espacios públicos y el tejido social gravemente dañado en los centros urbanos, deberían pedirles explicaciones a los alcaldes que no cumplen con su deber constitucional de aplicar la ley en las calles de las ciudades.
Por el simple hecho de hacer bien su trabajo y cumplir su deber, al alcalde Norman Quijano le montan emboscadas en la Asamblea y a los agentes del CAM les lanzan granadas. Difícil imaginar que el FMLN sólo está detrás de la emboscada en la Asamblea y que las emboscadas en la calle son ‘espontáneas’. El discurso del diputado Jorge Handal del FMLN no se distingue del discurso de los cabecillas de las manifestaciones violentas de los vendedores y de las amenazas emitidas por los pandilleros de la Tutunichapa contra el alcalde que se atreve a proceder contra lo que ellos reclaman como territorio controlado: las ventas callejeras alrededor de los hospitales. Los mismos argumentos (”el alcalde está robando el sustento diario a los pobres”), las mismas amenazas (”los desalojos provocarán violencia”).
¿Es tan difícil de entender que los pobres entre los vendedores son víctimas de inescrupulosos comerciantes, contrabandistas y mafiosos quienes se lucran (en grande) de su situación precaria? No son víctimas del alcalde que quiere romper el dominio de estas estructuras ilegales y ofrecerles a los vendedores alternativas más dignas y sin dependencia de la ‘protección’ de las mafias.
¿Es tan difícil de entender que los pobres que tratan de ganarse la vida en las ventas callejeras, están sometidos a un régimen de violencia diaria? La violencia en el centro no se inicia cuando la alcaldía comienza a enfrentarse a la ilegalidad, sino reina en las calles del centro por años.
Los opositores al alcalde Quijano, en la Asamblea y en la calle, tratan de confundir a la opinión pública con la consigna: “¡Ordenamiento sí, desalojo no!”.
Pero esto precisamente ha sido la política de los últimos alcaldes de San Salvador que no han resuelto el problema, sino más bien lo han profundizado y ampliado: Han “ordenado” las ventas en la aceras y calles, lo que era una eufemismo para la práctica de quitarlos de un lado y permitir que se instalen en otro.
Norman es el primer alcalde capitalino que ha entendido que no se trata de “ordenar” las ventas en las calles y aceras, sino de eliminarlos y sustituirlas por puestos de venta formales, legales, higiénicas, que no usurpan para uso privado el espacio de todos los capitalinos.
Es una falacia querer reducir y pervertir la gestión gubernamental en una labor de “ordenar” lo ilegal. Lo ilegal no se “ordena”. Los gobiernos tienen el deber constitucional de erradicar la ilegalidad. Para poder hacerlo, tienen que desarrollar alternativas formales y legales que ya no ponen en peligro la salud y la seguridad de los ciudadanos y su libre acceso y goce de los espacios públicos (plazas, aceras, calles).
En este sentido, es falsa la disyuntiva entre desalojo y ordenamiento. Sin desalojar al caos no hay orden. El alcalde tiene razón: Hay que seguir desalojando las ventas callejeras. Todas. Y crear puestos de venta y puestos de trabajo dignos. En mercados, en edificios, en terrenos con infraestructura adecuada. Hasta que no quede huella del cáncer que está comiendo nuestra ciudad y nuestra convivencia.
Es triste que funcionarios públicos se presten a interpretar que a los vendedores que se resisten a los traslados a los mercados les asiste un derecho a vender en la calle o en las aceras. Y que el alcalde está violando estos derechos. No existe un derecho de instalar su puesto de venta en la calle bloqueando el tráfico o en la acera bloqueando el acceso del público a los comercios formales. Existe un derecho de ganarse la vida, pero no a costa de todos los demás. No pasándose encima de las leyes y de los intereses de los demás ciudadanos.
A los funcionarios y diputados que no entienden esto, propongo que Norman Quijano, en un operativo de “ordenamiento”, les ponga una docena de puestos de venta y comida en frente de sus casas, en las zonas residenciales donde están acostumbrados a vivir tranquilamente.
Otra vez, el mundo al revés: En vez de ofrecer al alcalde el apoyo parlamentario en su decisión de poner fin a años de inoperancia y tolerancia o complicidad con la ilegalidad por parte de los gobiernos metropolitanos, algunos legisladores lo quieren obligar a rendirse ante el chantaje de los vendedores y del crimen organizado que tiene su caldo cultivo en el caos urbano que generan.
La Asamblea, en vez de complicarle el trabajo a los alcaldes que sí quieren recuperar los espacios públicos y el tejido social gravemente dañado en los centros urbanos, deberían pedirles explicaciones a los alcaldes que no cumplen con su deber constitucional de aplicar la ley en las calles de las ciudades.
Por el simple hecho de hacer bien su trabajo y cumplir su deber, al alcalde Norman Quijano le montan emboscadas en la Asamblea y a los agentes del CAM les lanzan granadas. Difícil imaginar que el FMLN sólo está detrás de la emboscada en la Asamblea y que las emboscadas en la calle son ‘espontáneas’. El discurso del diputado Jorge Handal del FMLN no se distingue del discurso de los cabecillas de las manifestaciones violentas de los vendedores y de las amenazas emitidas por los pandilleros de la Tutunichapa contra el alcalde que se atreve a proceder contra lo que ellos reclaman como territorio controlado: las ventas callejeras alrededor de los hospitales. Los mismos argumentos (”el alcalde está robando el sustento diario a los pobres”), las mismas amenazas (”los desalojos provocarán violencia”).
¿Es tan difícil de entender que los pobres entre los vendedores son víctimas de inescrupulosos comerciantes, contrabandistas y mafiosos quienes se lucran (en grande) de su situación precaria? No son víctimas del alcalde que quiere romper el dominio de estas estructuras ilegales y ofrecerles a los vendedores alternativas más dignas y sin dependencia de la ‘protección’ de las mafias.
¿Es tan difícil de entender que los pobres que tratan de ganarse la vida en las ventas callejeras, están sometidos a un régimen de violencia diaria? La violencia en el centro no se inicia cuando la alcaldía comienza a enfrentarse a la ilegalidad, sino reina en las calles del centro por años.
Los opositores al alcalde Quijano, en la Asamblea y en la calle, tratan de confundir a la opinión pública con la consigna: “¡Ordenamiento sí, desalojo no!”.
Pero esto precisamente ha sido la política de los últimos alcaldes de San Salvador que no han resuelto el problema, sino más bien lo han profundizado y ampliado: Han “ordenado” las ventas en la aceras y calles, lo que era una eufemismo para la práctica de quitarlos de un lado y permitir que se instalen en otro.
Norman es el primer alcalde capitalino que ha entendido que no se trata de “ordenar” las ventas en las calles y aceras, sino de eliminarlos y sustituirlas por puestos de venta formales, legales, higiénicas, que no usurpan para uso privado el espacio de todos los capitalinos.
Es una falacia querer reducir y pervertir la gestión gubernamental en una labor de “ordenar” lo ilegal. Lo ilegal no se “ordena”. Los gobiernos tienen el deber constitucional de erradicar la ilegalidad. Para poder hacerlo, tienen que desarrollar alternativas formales y legales que ya no ponen en peligro la salud y la seguridad de los ciudadanos y su libre acceso y goce de los espacios públicos (plazas, aceras, calles).
En este sentido, es falsa la disyuntiva entre desalojo y ordenamiento. Sin desalojar al caos no hay orden. El alcalde tiene razón: Hay que seguir desalojando las ventas callejeras. Todas. Y crear puestos de venta y puestos de trabajo dignos. En mercados, en edificios, en terrenos con infraestructura adecuada. Hasta que no quede huella del cáncer que está comiendo nuestra ciudad y nuestra convivencia.
Es triste que funcionarios públicos se presten a interpretar que a los vendedores que se resisten a los traslados a los mercados les asiste un derecho a vender en la calle o en las aceras. Y que el alcalde está violando estos derechos. No existe un derecho de instalar su puesto de venta en la calle bloqueando el tráfico o en la acera bloqueando el acceso del público a los comercios formales. Existe un derecho de ganarse la vida, pero no a costa de todos los demás. No pasándose encima de las leyes y de los intereses de los demás ciudadanos.
A los funcionarios y diputados que no entienden esto, propongo que Norman Quijano, en un operativo de “ordenamiento”, les ponga una docena de puestos de venta y comida en frente de sus casas, en las zonas residenciales donde están acostumbrados a vivir tranquilamente.
(El Diario de Hoy)
